El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a las comunidades autónomas a utilizar el histórico incremento de 6.200 millones de euros en financiación para la dependencia, aprobado por el Gobierno, con el fin de reducir las listas de espera y mejorar la calidad de las prestaciones. Durante un Consejo Territorial, Bustinduy destacó que esta inversión es la mayor en décadas y debe centrarse en dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras. La nueva financiación entrará en vigor el 1 de julio y representa un aumento del 98,7% en los fondos para el nivel mínimo de dependencia. Además, se destinarán más de 900 millones para el nivel acordado de protección.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la distribución de 12 millones de euros para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en materia de dependencia para el año 2026. Esta medida, que incrementa la financiación respecto a 2025, beneficiará a los ayuntamientos con más de 20,000 habitantes y a las ocho diputaciones provinciales andaluzas. Se busca simplificar el reconocimiento de la dependencia mediante la Ventanilla Electrónica de la Dependencia (VED), promoviendo la tramitación telemática y la contratación de personal especializado para mejorar la atención y orientación sobre los trámites necesarios.

El número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha alcanzado un récord histórico, con 1.655.446 personas recibiendo prestaciones efectivas, lo que representa un aumento del 9,8% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se ha visto impulsado por la incorporación de más de 23.000 nuevos beneficiarios en marzo de 2026. Además, el 57% de las prestaciones se otorgan en entornos comunitarios, destacando una tendencia hacia cuidados más cercanos y personalizados. Las listas de espera han disminuido un 16,6%, y el tiempo medio de tramitación se ha reducido a 329 días. La financiación estatal del sistema ha crecido un 150% en cinco años, reflejando un compromiso continuo para mejorar la atención a las personas dependientes.

Andalucía ha registrado en 2025 el menor tiempo de espera en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los últimos 15 años, con una media de 496 días, lo que representa una reducción significativa respecto al año anterior. El informe de la Consejería de Inclusión Social destaca un récord histórico de beneficiarios, alcanzando 338.932 personas y más de 523.000 prestaciones. La implementación del Decreto de Simplificación Administrativa ha agilizado trámites y mejorado la atención, garantizando una respuesta más rápida para colectivos vulnerables. Con un presupuesto récord para 2026, la Junta continúa trabajando para mejorar el sistema y exigir un trato equitativo en la financiación con el Gobierno central.

Andalucía ha logrado reducir en 106 días la media de espera para acceder al sistema de dependencia en el último año, mientras que a nivel nacional ha aumentado en 16 días. La consejera de Inclusión Social, Loles López, destacó este avance durante una conferencia sobre la gestión de la dependencia en Andalucía. La comunidad ha simplificado su sistema, pasando de múltiples aplicativos a uno único, y ha registrado un récord histórico con más de 332.000 beneficiarios y más de medio millón de prestaciones. A pesar de los logros, se reconoce que aún queda trabajo por hacer para seguir disminuyendo los tiempos de espera y mejorar la atención a personas dependientes.

AESTE ha expresado su satisfacción por la decisión del Congreso de no aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La organización considera que esta resolución es responsable y evita perjudicar el sistema de atención a la dependencia. En un contexto donde el sector de los cuidados enfrenta dificultades para cubrir puestos, una reducción de jornada sin recursos adicionales habría amenazado la continuidad de los servicios esenciales.

Andalucía destina el doble de fondos que el Gobierno de España para financiar la dependencia en 2025, invirtiendo 1.587 millones de euros frente a los 743 millones del gobierno central. Esto representa el 68,09% del sistema de dependencia en la comunidad, con un total de financiación que asciende a 2.331 millones. La inversión por persona atendida es de 7.696,35 euros, superando la media nacional y reflejando un incremento del 29,56% desde 2018. Andalucía cuenta con cifras récord de beneficiarios y prestaciones, destacándose como el mayor sistema de dependencia en España. Desde 2019, la Junta ha invertido 8.742 millones, mientras que el Gobierno español solo ha aportado 3.705 millones, generando una deuda de 5.037 millones con Andalucía por no cumplir su obligación de financiamiento.

Loles López, consejera de Inclusión Social en Andalucía, critica el trato del presidente Pedro Sánchez hacia los dependientes andaluces, exigiendo una financiación equitativa similar a la que recibe el País Vasco. Durante una comisión, López instó al PSOE andaluz a priorizar los intereses de Andalucía y destacó las mejoras en el sistema de dependencia impulsadas por el Gobierno andaluz, que ha superado las 450.000 prestaciones. Además, señaló que la Junta destina el doble a dependencia en comparación con el Gobierno central, reclamando justicia financiera para los dependientes andaluces.

Loles López, consejera de Inclusión Social de Andalucía, ha instado al PSOE-A a exigir al Gobierno central la misma financiación para los dependientes andaluces que se otorga a los vascos. Durante una Comisión de Inclusión Social, López criticó al Grupo Socialista por no defender los intereses de Andalucía y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no cumplir con sus obligaciones en materia de dependencia. La Junta de Andalucía ha incrementado el financiamiento para residencias y servicios de ayuda a domicilio, mientras que el Gobierno central ha recortado fondos destinados a políticas sociales. López también abordó problemas en la atención a menores migrantes, subrayando la falta de apoyo del Gobierno central en esta área.

El 43% de las asociaciones encuestadas por CONFEMAC requieren una renovación urgente para garantizar su continuidad, según un diagnóstico interno. La encuesta revela que el 70,4% de estas entidades dependen de cuotas de sus miembros y enfrentan desafíos como la falta de relevo en las Juntas Directivas y limitaciones tecnológicas. Además, el 62,8% carece de recursos informáticos adecuados. A pesar de estos obstáculos, el 86,4% muestra interés en recibir formación en gestión asociativa. Este estudio servirá como base para diseñar nuevas acciones que fortalezcan el tejido asociativo de personas mayores en España. Para más información, se puede contactar a CONFEMAC.

El sistema de pensiones sigue siendo un tema candente en la agenda política y social. Las reformas recientes, lejos de ofrecer una solución definitiva, mantienen en el aire la incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo del modelo actual. En este artículo, se examinan las limitaciones de estos cambios y se analizan las perspectivas futuras de un sistema que aún no logra un equilibrio sostenible.

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha destacado en un foro celebrado en el Parlamento Europeo la importancia del sector de los cuidados ante el reto demográfico que enfrenta Europa. Con el apoyo de la eurodiputada Rosa Estarás, se discutió sobre la necesidad de un marco normativo y políticas prioritarias para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ya que se prevé que en 2050 el 25% de la población europea será mayor de 65 años. El evento abordó temas como la profesionalización del sector, la escasez de cuidadores y la financiación necesaria para garantizar un sistema sostenible y accesible. Se enfatizó también en la importancia de atraer talento y mejorar las condiciones laborales para asegurar un cuidado adecuado a millones de ciudadanos europeos. Para más información, visita el enlace a la noticia completa.

Canarias continúa exigiendo al Estado una financiación adecuada para el Sistema de Atención a la Dependencia, según la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. A pesar de los avances en la gestión del sistema, que han permitido un incremento en el número de beneficiarios y una reducción en los tiempos de tramitación, la comunidad autónoma sostiene que los fondos estatales no cubren los costos reales derivados de su condición insular y ultraperiférica. En 2026, se espera un aumento significativo en la financiación estatal, pero Delgado advierte sobre la necesidad de garantizar que esta mejora sea estructural y no temporal. La consejera reafirma el compromiso de Canarias por colaborar con el Estado mientras sigue reclamando una financiación justa que refleje las particularidades del archipiélago.

Las principales organizaciones representativas del sector de la atención a la dependencia, AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES, celebran el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros por el que el Gobierno se compromete a elevar la financiación estatal del SAAD hasta los 7.200 millones de euros en 2027, frente a los 3.691 millones consignados en 2025.

El sector de la dependencia hace un llamamiento al Congreso para que respalde la reforma de la Ley de Dependencia y la convalidación del Real Decreto-ley 17/2026, del pasado 23 de junio. Las patronales AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES consideran que ambas iniciativas suponen un avance necesario tras la reunión mantenida con el ministro Pablo Bustinduy. Sin embargo, el sector recuerda que estas medidas no resuelven por sí solas los principales retos del sistema.

El Ministerio de Derechos Sociales ha publicado la sexta entrega del Panel del SAAD, con datos del segundo trimestre de 2026. La lista de espera de la dependencia ha acelerado su descenso y baja un 21% en el último año, situándose en las 142.887 personas. Estas cifras son previas a la histórica ampliación de la financiación estatal recién aprobada por el Gobierno.

El 6 de julio de 2026, se anunciaron dos importantes noticias que impactan positivamente al sector de las personas mayores. En primer lugar, el Consejo de Ministros aprobó un incremento significativo de 6.200 millones de euros en recursos destinados a la dependencia para los años 2026 y 2027. Esta decisión busca abordar la falta de recursos que enfrenta este sector. En segundo lugar, se presentó una Iniciativa Legislativa Popular para establecer una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores, un fenómeno poco conocido pero extendido que abarca diversas formas de abuso. Esta ley tiene como objetivo prevenir y erradicar el maltrato hacia los ancianos, garantizando su protección y asistencia. Ambas iniciativas son pasos cruciales hacia la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en España.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado nuevos datos sobre la financiación del sistema de dependencia correspondientes al ejercicio 2025, a partir de cifras oficiales aún no publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales. Los datos revelan una inversión pública total de 13.734 millones de euros y una reducción de la financiación acordada para ocho comunidades autónomas en 2026 por no cumplir los objetivos de mejora establecidos por el sistema.

La Junta de Andalucía ha destinado 46,6 millones de euros a la financiación de servicios sociales comunitarios en entidades locales. Esta inversión, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, busca fortalecer la red de servicios sociales que atiende a más de un millón de personas y garantizar la continuidad del personal encargado de estos servicios. Además, se contempla un refuerzo específico para los equipos de atención a la infancia y la familia, promoviendo la prevención y detección de violencia hacia menores. Con esta medida, se reafirma el compromiso del gobierno andaluz con la inclusión social y el apoyo a los colectivos más vulnerables.

La Fundación Gaspar Casal ha propuesto un Pacto de Estado para transformar el Sistema Nacional de Salud (SNS) en su informe 'Hacia un Pacto de Estado por la Salud'. Este análisis, que revisa la evolución del SNS entre 2015 y 2025, destaca la necesidad de una transformación estructural para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El informe aborda temas como la gestión sanitaria, la ejecución presupuestaria y las dinámicas legislativas, señalando desafíos como el envejecimiento de la población y la presión sobre los recursos públicos. Propone un decálogo con medidas concretas para mejorar la gobernanza, fortalecer la atención primaria y fomentar la investigación e innovación. La Fundación enfatiza que la viabilidad del SNS no solo depende de aumentar recursos, sino también de mejorar su gestión y transparencia.

Personas con Alzheimer han exigido en el Parlamento de Cantabria más investigación, recursos y derechos durante la jornada "Alzheimer. Investigación y persona". Expertos y pacientes subrayaron la importancia del diagnóstico precoz y una atención coordinada para mejorar la calidad de vida. La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, destacó el impacto de la enfermedad en las familias y los servicios sociales. Se abordaron nuevas necesidades emergentes, como el apoyo a personas diagnosticadas en edad laboral. Los participantes coincidieron en la necesidad de un plan organizado que responda a las actuales demandas de atención y recursos para quienes viven con Alzheimer.

El Gobierno de Asturias ha anunciado una inversión de 12,8 millones de euros para fortalecer la protección social y apoyar a las personas más vulnerables. Esta medida, aprobada en la Comisión Institucional del Sistema de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, busca cubrir necesidades básicas como vivienda y energía, además de promover proyectos de inclusión social. La inversión total en servicios sociales municipales alcanzará los 272 millones hasta 2027, garantizando así la sostenibilidad y mejora de los recursos públicos esenciales. Las ayudas incluirán apoyo a familias con menores en situación de vulnerabilidad y se espera que la movilización total de recursos supere los 23 millones de euros en 2026.

Un estudio publicado en Annals of Internal Medicine analiza la asociación entre la vacuna recombinante contra el herpes zóster y el riesgo de desarrollar demencia en personas mayores ingresadas en residencias de cuidados en Estados Unidos. Los resultados muestran una reducción relativa del 24% en el riesgo de demencia y una disminución absoluta de seis puntos porcentuales en el seguimiento a cuatro años.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 145 millones de euros en centros y servicios para personas dependientes en la capital, lo que representa un aumento del 11% respecto al año anterior. Este convenio con el Ayuntamiento de Madrid permitirá ofrecer más de 10 millones de horas de asistencia domiciliaria a más de 28,000 ciudadanos y garantizará atención a través de teleasistencia para más de 48,000 madrileños. Además, cerca de 4,000 personas mayores recibirán cuidados en centros de día y residencias municipales. Actualmente, más de 218,500 madrileños están siendo atendidos dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha inaugurado un nuevo Centro de Día en Pozo Cañada, que cuenta con 15 plazas, de las cuales 10 son públicas gracias a una financiación de cerca de 21.000 euros. Este centro, que ha estado en funcionamiento desde febrero, busca mejorar la calidad de vida de los mayores mediante servicios como terapia ocupacional y fisioterapia. La inauguración fue presidida por la directora general de Mayores, Alba Rodríguez, y el alcalde Francisco García, destacando la importancia del mantenimiento de estos recursos sociales en la región.

El Tercer Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables, celebrado del 16 al 18 de junio en San Sebastián, reunió a cerca de 800 profesionales de 76 países para abordar el envejecimiento y la participación social. Bajo el lema "¡Transformemos juntos!", el evento promovido por la OMS destacó la importancia de repensar las ciudades desde una perspectiva inclusiva y colaborativa. Se discutieron temas como vivienda, transporte, accesibilidad y cuidados comunitarios, enfatizando que la amigabilidad debe ser un enfoque integral que incluya a todas las generaciones. El congreso también identificó el edadismo como un desafío clave y subrayó la necesidad de compromisos operativos para avanzar en políticas amigables. La próxima edición se llevará a cabo en Singapur en 2028.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado a los grupos parlamentarios del Congreso a aprobar con amplio consenso la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Esta iniciativa busca mejorar los derechos de las personas con discapacidad y la atención a la dependencia, en línea con el nuevo artículo 49 de la Constitución Española. La PMP propone una serie de mejoras que incluyen la reducción de tiempos de espera, simplificación de procedimientos y una financiación adecuada para garantizar un sistema más justo e inclusivo. La organización también aboga por un modelo centrado en la persona y por una coordinación efectiva entre los sistemas de dependencia y discapacidad. La PMP considera esencial que esta reforma reciba un respaldo mayoritario para impactar positivamente en la vida cotidiana de las personas mayores y con discapacidad.

La Generalitat Valenciana ha aprobado ayudas por un total de 2,47 millones de euros para la apertura de nuevos centros de servicios sociales. Estas subvenciones, destinadas a entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro, se utilizarán para obras de rehabilitación y adecuación de infraestructuras sociales. Entre los beneficiarios destacan el ayuntamiento de Bigastro, que recibirá casi 705.000 euros, y la Fundación Dany Cerebral Ateneu Castelló, con una ayuda de 750.000 euros. Las actuaciones deben ejecutarse entre enero y noviembre de 2026, con un plazo adicional para la justificación económica hasta diciembre del mismo año. Para más información, visita el enlace oficial.

El Servicio de Ayuda a Domicilio en Almansa ha logrado reducir a cero su lista de espera, un hito histórico destacado por el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos. Este avance es resultado de un Plan Concertado ambicioso con una inversión superior a un millón de euros, que ha mejorado la gestión del servicio. Actualmente, el programa atiende a 5.850 beneficiarios en toda la provincia y se prevé que las 238 personas en espera se integren pronto al servicio. La colaboración entre administraciones ha sido clave para este éxito, resaltando la importancia de la atención a personas mayores y dependientes.

La Comunidad de Madrid ha aprobado un incremento de 10,2 millones de euros en la inversión destinada a atender a personas en situación de dependencia, elevando el presupuesto total a 428 millones de euros. Esta medida beneficiará a más de 98.000 ciudadanos y permitirá mantener las ayudas ya reconocidas, así como cubrir nuevas demandas. Las ayudas se dividen en tres modalidades: apoyo para cuidados familiares, financiación de servicios sociales acreditados y asistencia personal, facilitando así una mayor autonomía a los beneficiarios. Para más información, visita el enlace.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado los resultados de una encuesta a familiares cercanos de personas residentes en centros de mayores para valorar el estado del servicio en España. Los resultados dibujan un panorama de mejora pendiente: la valoración más alta, la de las residencias privadas, apenas alcanza un 69 sobre 100, y los problemas detectados van desde la falta de personal en noches y festivos hasta la ausencia de atención psicológica y unos tiempos de espera que superan los siete meses para acceder a una plaza pública.

Castilla-La Mancha ha presentado su modelo residencial innovador y humanizado en el I Expo Congreso Europeo de los Cuidados (SocioCARE) en Madrid. El viceconsejero Javier Pérez Fernández destacó la colaboración público-privada y la atención centrada en la persona, con más de 27.000 plazas residenciales, más del 75% financiadas públicamente. La región se compromete a mejorar la calidad de los cuidados mediante innovación, coordinación sociosanitaria y nuevas tecnologías, especialmente en áreas rurales. Para más información, visita el enlace.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha anunciado la convocatoria de subvenciones por un total de 5.863.040 euros destinadas a entidades no gubernamentales que apoyen a personas mayores y con discapacidad en España. Estas ayudas se enfocan en dos áreas: atención a personas mayores de 60 años, promoviendo el envejecimiento saludable y actividades intergeneracionales, y turismo accesible para personas con discapacidad (grado igual o superior al 33%). Las solicitudes están abiertas hasta el 26 de junio de 2026.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha aprobado subvenciones para 270 programas sociales, beneficiando a más de un millón de personas. Estas ayudas, financiadas con el 0,7% del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, alcanzan un total de 13,5 millones de euros. Las líneas de apoyo incluyen inclusión social y laboral, atención a migrantes y personas en situación de vulnerabilidad. Las entidades tienen hasta el 10 de junio para aceptar las subvenciones, que buscan cubrir necesidades específicas en la comunidad canaria.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado un Real Decreto que establece por primera vez un marco estatal para la evaluación de tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud. Esta normativa busca regular la evaluación de medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas y terapias digitales, garantizando un proceso transparente y coordinado. Además, se prohíbe la duplicidad en evaluaciones clínicas ya realizadas a nivel europeo, enfocándose en el valor añadido y aspectos no clínicos específicos del contexto español. La nueva regulación también promueve la participación de la sociedad civil y refuerza las garantías de transparencia y ética en el proceso de evaluación. Con esta iniciativa, España se posiciona entre los países europeos con un modelo avanzado en la evaluación de tecnologías sanitarias.

El Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado la asignación de 18 millones de euros para financiar proyectos que impulsen la Agenda 2030 en España. Esta inversión, que representa un aumento del 6,5% respecto al año anterior, se destinará a subvenciones y premios para entidades sociales, universidades y gobiernos locales. Las ayudas buscan fomentar acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo iniciativas de innovación social y participación ciudadana. Además, se otorgarán premios por un total de 200.000 euros para reconocer buenas prácticas en áreas como pobreza, ecología y equidad de género. La convocatoria de estas subvenciones se publicará en las próximas semanas.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado un compromiso político urgente para la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. Durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, se destacó la importancia de que España adopte un papel activo en este proceso internacional, que busca crear un marco jurídico vinculante en Naciones Unidas. El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, enfatizó la necesidad de no demorar la aprobación del tratado y abogó por el desarrollo interno de una Ley Integral que aborde las brechas y discriminaciones que enfrentan las personas mayores.

Se abre el plazo para solicitar subvenciones en Aragón destinadas a fines de interés social, financiadas por la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Las solicitudes se podrán presentar del 20 de mayo al 16 de junio de 2026. Estas ayudas están dirigidas a entidades del Tercer Sector, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones sin fines de lucro. Los interesados deben cumplir con varios requisitos legales y administrativos. Para más información y para iniciar el trámite, visita el enlace oficial.

El Imserso ha lanzado un estudio nacional para analizar los cuidados de larga duración dirigidos a personas mayores con demencia y sus familias. Se busca la colaboración de profesionales del ámbito social, sanitario y comunitario, así como de familias que cuidan a personas con demencia. Este estudio es crucial para evaluar la calidad de los servicios actuales y formular propuestas de mejora, dado que el 8% de la población mayor de 65 años en España sufre patologías asociadas al envejecimiento. Los participantes recibirán formación especializada y se les garantiza un proceso respetuoso y voluntario. Para más información e inscripciones, visita el enlace proporcionado en la noticia.

Fundación Mapfre ha puesto en marcha la XIV Convocatoria de Ayudas al Empleo ACCEDEMOS 2026, una iniciativa que impulsa desde 2013 para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales. En esta edición se ofrecen 350 ayudas económicas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, con especial atención al entorno rural y a colectivos como los mayores de 50 años, los menores de 30 y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

El Imserso ha prorrogado el contrato del programa de Turismo Social para la temporada 2026-2027, con un valor cercano a 60 millones de euros. Este programa mantendrá casi 880.000 plazas disponibles y ofrecerá tarifas planas de 50 euros para pensionistas con recursos limitados, además de permitir viajes con animales de compañía. La prórroga asegura la continuidad de un servicio que promueve el envejecimiento activo y la inclusión social, garantizando que las personas mayores puedan disfrutar de viajes accesibles y de calidad. Con más de 4,6 millones de participantes desde su creación en 1985, el programa sigue siendo una herramienta clave para combatir la soledad y fomentar la actividad económica en el sector turístico.

España establecerá el Centro Nacional de Competencias en Innovación Social (CECIS), la primera infraestructura pública dedicada a transformar la innovación social en políticas públicas y conocimiento transferible. Este centro, que se alinea con iniciativas similares en Europa, fue anunciado tras la firma del Protocolo General de Actuación durante el evento "Social Innovation Portfolios in Practice". Cuatro ministerios y organismos científicos han respaldado esta iniciativa, que busca fomentar cambios sistémicos mediante proyectos innovadores. El Ministerio de Derechos Sociales ha invertido 212 millones de euros en diversas iniciativas de innovación social en todo el país, beneficiando a más de 41,000 personas.

La enfermedad de Alzheimer, conocida como "la enfermedad del olvido", ha sido olvidada por el Sistema Nacional de Salud en España, a pesar de la reciente aprobación de nuevos fármacos que podrían mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos tratamientos, aunque no curan la enfermedad, tienen el potencial de retrasar su avance. Sin embargo, la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento ha decidido no financiar estos medicamentos, alegando razones económicas. Esta decisión ha generado preocupación entre profesionales y familiares, quienes cuestionan la falta de apoyo a las innovaciones terapéuticas y su impacto en un colectivo vulnerable. La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) pide una reconsideración urgente para garantizar el acceso a estos tratamientos y aboga por un enfoque más humano en la atención sanitaria.

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) advierte de que los precios concertados de las plazas de oferta pública en residencias se sitúan, en la mayoría de los casos, por debajo del coste real del servicio.

La organización señala que las tarifas de concierto llevan años sin actualizarse en muchas comunidades autónomas y no reflejan el incremento de costes experimentado por el sector en personal, suministros y exigencias normativas.

Para CEAPs, la situación no es coyuntural sino estructural, y compromete tanto la viabilidad de los centros como la calidad de la atención a las personas mayores.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha celebrado su 40 aniversario en un acto institucional en Madrid, destacando su papel fundamental en la investigación y la salud pública en España desde su creación en 1986. Las ministras de Ciencia y Sanidad, Diana Morant y Mónica García, enfatizaron el compromiso del gobierno con la ciencia pública y la importancia del ISCIII en la modernización del sistema sanitario. Durante estas cuatro décadas, el ISCIII ha sido clave en la investigación biomédica, financiación de proyectos científicos y respuesta ante emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19. Se presentó un libro conmemorativo que detalla su trayectoria y desafíos futuros.

Connectoma, una innovadora empresa de neurotecnología, ha inaugurado su primer centro en Madrid en colaboración con la clínica Veram, ofreciendo un tratamiento revolucionario para la depresión resistente. Este protocolo combina estimulación magnética transcraneal (TMS) y neuroimagen personalizada, logrando hasta un 79 % de remisión en solo cinco días, superando significativamente los tratamientos convencionales. Con el respaldo de la psiquiatra Marian Rojas Estapé y una inversión inicial de 1,25 millones de euros, Connectoma busca expandir su red de centros en España para proporcionar esta terapia avanzada a más pacientes que no han encontrado alivio en opciones tradicionales.

Sanitas ha lanzado la undécima edición de su programa Healthy Cities, que promueve hábitos de vida saludables y la creación de espacios verdes en entornos urbanos. Desde 2015, más de 100.000 personas han participado, contribuyendo a la plantación de casi 100.000 árboles. El reto, que se desarrolla del 1 de mayo al 30 de junio, consiste en caminar 6.000 pasos diarios y reducir el uso del coche al menos un día a la semana. Los participantes pueden registrarse a través de una app y unirse a actividades colectivas en diversas ciudades españolas. Esta iniciativa busca mejorar la salud pública y la sostenibilidad urbana, alineándose con el enfoque One Health que vincula la salud humana, animal y ambiental. La aplicación está disponible en healthycities.es para quienes deseen unirse al movimiento hacia ciudades más saludables.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado el Plan 40-40, un ambicioso proyecto que transformará residencias y centros de día en la región. Con una inversión superior a 500 millones de euros, se crearán 8.000 plazas en 40 residencias y 40 centros de día, reservando un 40% para uso público. El plan incluye unidades de convivencia con tecnología avanzada para mejorar la atención a personas mayores y contempla la apertura de nuevas instalaciones en varios distritos de Madrid y municipios cercanos. Este proyecto busca ampliar la oferta asistencial sin sobrecargar a los contribuyentes, garantizando un futuro mejor para los servicios públicos en la comunidad.