Lourdes Rivera ha sido nombrada nueva presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), sucediendo a Natalia Roldán. Con más de 25 años de experiencia en el sector, Rivera es Directora General de AMAVIR y cuenta con una sólida formación académica. En su nuevo cargo, se enfocará en abordar tres desafíos clave: el déficit de profesionales, la coordinación entre agentes del sector y las administraciones públicas, y la necesidad de recursos para enfrentar el envejecimiento poblacional. Rivera se compromete a continuar promoviendo la sostenibilidad del sistema de cuidados a nivel nacional y europeo.

El CREA ha publicado un monográfico centrado en la carga que enfrentan los cuidadores de personas con demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Este documento forma parte de los servicios de la Biblioteca – Centro de Documentación del CREA, que ofrece búsqueda especializada de artículos científicos sobre demencias. La publicación busca informar sobre la sobrecarga emocional y física que experimentan quienes cuidan a familiares con estas condiciones, contribuyendo al objetivo del Imserso de facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales del sector. Para más información, visita el enlace.

AESTE ha expresado su confianza en que la reciente acreditación de centros de mayores en la Comunitat Valenciana, tras la aprobación de la Ley 6/2024, estimulará la inversión en el sector de los cuidados. Las modificaciones introducidas en esta ley abordan aspectos clave como las ratios de profesionales y la capacidad máxima de los centros residenciales, permitiendo ahora la construcción de instalaciones con hasta 150 plazas. Estas reformas buscan adaptarse a la creciente demanda de atención para personas mayores y mejorar la calidad del servicio, al tiempo que fomentan una colaboración más efectiva entre el sector público y privado. A pesar de que aún quedan detalles por ajustar, AESTE considera estos cambios un avance significativo hacia un modelo de cuidados más sostenible y acorde a las necesidades demográficas actuales.

La Junta de Extremadura ha logrado reducir los tiempos de espera para la Ley de Dependencia durante 15 meses consecutivos, disminuyendo el tiempo de espera en 51 días desde la llegada del Gobierno regional de María Guardiola. Actualmente, los ciudadanos extremeños esperan un promedio de 281 días, por debajo de la media nacional de 332 días. Este avance se traduce en un aumento significativo en el número de beneficiarios y prestaciones reconocidas, reflejando una mejora notable en la atención a la dependencia en la región. La reducción de listas de espera y el compromiso del Gobierno regional destacan como indicadores positivos en la calidad y eficiencia de los servicios sociales en Extremadura.

La Comunidad de Madrid ha comenzado el trámite para actualizar el régimen jurídico de atención a personas mayores en plazas públicas. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales publicará una consulta pública en el Portal de Transparencia. Este nuevo decreto busca adaptar la normativa vigente a la Ley de Servicios Sociales, incorporando criterios de calidad y un enfoque centrado en la persona. También se definirán las prestaciones del servicio, tipos de plazas y derechos de los residentes, promoviendo su participación en órganos de representación. Para más detalles, visita el enlace.

La Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para 2025-2027, que incluye acciones presenciales y no presenciales en diversos sectores, especialmente en centros residenciales para mayores y personas con discapacidad. Este plan busca supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar la atención asistencial mediante un enfoque centrado en la persona. Se estructura en cuatro objetivos estratégicos y establece un marco común para las inspecciones provinciales, promoviendo la homogeneización de criterios y la formación del personal inspector. Además, se recupera el sistema de autodeclaraciones para centros de servicios sociales, lo que permitirá un mejor control y cumplimiento normativo. La duración del plan es de tres años, con evaluaciones anuales sobre su efectividad.