Dos décadas de reivindicaciones hechas realidad
Después de veinte años comprometido con el Sistema de Atención a la Dependencia, el Observatorio Estatal se congratula de que el Estado convierta a este colectivo en una prioridad institucional.
La nueva ley legisla nuevos derechos, simplifica procedimientos y aporta financiación adicional al sistema.
La Asociación considera que está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y de sus familiares.
El compromiso financiero, la gran novedad
La nueva ley asume el compromiso, largamente demandado por el sector, de que el Estado cubra el 50% de los gastos del sistema.
La norma simplifica procedimientos y elimina tiempos de espera burocráticos gracias a la pasarela directa de discapacidad a dependencia.
También amplía los perfiles de cuidadoras reconocidos y posibilita la compatibilidad entre distintos servicios.
La teleasistencia adquiere carácter legal universal para todas las personas en situación de dependencia que vivan en su domicilio.
La prioridad: reducir la lista de espera
La Asociación señala que la prioridad deben ser las 255.450 personas que actualmente se encuentran en listas de espera.
Reclama incrementar las prestaciones, aumentar la intensidad de los servicios y facilitar su compatibilidad.
También pide mejorar los salarios y las condiciones laborales del personal del sistema, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias.
El reto pendiente: que las comunidades autónomas respondan
El principal reto es que las comunidades autónomas sean capaces de establecer procedimientos más ágiles para ejecutar la nueva financiación.
La Asociación recuerda que, con el plan de choque de 2022, nueve comunidades autónomas llegaron a reducir su propio presupuesto para la dependencia pese al refuerzo estatal.
Por ello insiste en que la nueva ley necesita una dotación presupuestaria efectiva y una gestión ágil por parte de las comunidades para alcanzar su pleno cumplimiento.
Un logro histórico en las ayudas de emergencia social
La Asociación destaca también la modificación de la Ley 30/2003 General de Subvenciones, una reivindicación que mantenía desde hace más de una década.
La reforma añade la letra j a las excepciones del artículo 2.4 de dicha ley, de forma que las ayudas de emergencia o urgencia social dejarán de tramitarse como subvenciones.
Se evitará así el procedimiento burocrático que venía aplicándose a ayudas de una media anual de 272 euros, un trámite que afectaba a más de un millón de personas usuarias de servicios sociales.
La norma incorpora además la consideración de los servicios sociales como servicios esenciales.
Un sistema que sostiene cientos de miles de empleos
La Asociación subraya que en el sistema de dependencia están en juego 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación.
Confía en que la ley, con una dotación presupuestaria efectiva y una gestión ágil de las comunidades autónomas, alcance su pleno cumplimiento.
Reivindica este avance como una cuestión de cohesión territorial y de lealtad institucional.
| Elemento |
Detalle |
| Personas beneficiadas |
2 millones de personas en situación de dependencia y discapacidad |
| Financiación estatal |
El Estado cubrirá el 50% del gasto del sistema |
| Lista de espera |
255.450 personas |
| Ayudas de emergencia social |
Dejan de tramitarse como subvenciones (reforma de la Ley 30/2003) |
| Empleo vinculado al sistema |
400.000 empleos directos y 200.000 potenciales |
Resumen
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales celebra la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia.
- El Estado se compromete a cubrir el 50% del gasto del sistema.
- La reforma simplifica trámites, amplía perfiles de cuidadoras y da carácter universal a la teleasistencia.
- La prioridad es reducir la lista de espera de 255.450 personas.
- Las ayudas de emergencia social dejarán de tramitarse como subvenciones.
- El sistema sostiene 400.000 empleos directos y podría generar 200.000 más.
- El reto pendiente es que las comunidades autónomas ejecuten la financiación con agilidad.
Referencias