El acuerdo bilateral entre el Gobierno central y el País Vasco para otorgar el 50% de financiación al sistema de dependencia en esa comunidad ha encendido todas las alarmas en el sector residencial. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) denuncia que esta medida rompe el principio de igualdad territorial, vulnera la Ley 39/2006 y pone en riesgo la viabilidad económica de miles de centros en el resto del país, que continúan prestando servicios infrafinanciados y sin cobertura suficiente del coste real.
Una financiación desigual que rompe la cohesión del sistema
La ley establece el 50%... pero no se aplica
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, en vigor desde 2006, fija que la financiación del sistema debe realizarse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, ese reparto nunca se ha cumplido. La aportación estatal apenas alcanza el 27% en la mayoría de comunidades, lo que genera una brecha que penaliza a los centros residenciales y de día fuera del País Vasco.
Acuerdo bilateral que ahonda en la “España a distintas velocidades”
El acuerdo con el País Vasco —que sí recibirá la financiación completa del 50%— ha sido considerado por la FED como un acto de “trato de favor” que consagra una política de privilegios territoriales. La desigualdad financiera conlleva diferencias en los servicios ofrecidos, los sueldos del personal y la calidad de la atención a los mayores, generando una “España a distintas velocidades” en materia de cuidados.
Centros ahogados por la Ley de Desindexación
Imposibilidad de actualizar precios a coste real
La vigencia de la Ley de Desindexación impide que los precios concertados puedan adaptarse al incremento real de los costes, como el alza del IPC, los salarios o la energía. Esta normativa, criticada por todo el sector, ha congelado los ingresos de los centros, mientras que los costes se han disparado. La situación es insostenible para miles de servicios, que operan con márgenes negativos y sin recursos para invertir en mejora de instalaciones o contrataciones.
Contradicciones del Gobierno central
La FED denuncia que, mientras se mantiene la ley que bloquea la actualización de tarifas, el mismo Gobierno firma un acuerdo que rompe ese techo financiero con una sola comunidad. “Una incoherencia política que castiga a quienes cumplen las reglas del sistema”, señala su presidente, Ignacio Fernández-Cid.
Tabla: Comparativa de financiación del sistema de dependencia
| Comunidad Autónoma |
Financiación estatal aproximada |
Ajuste de precios concertados |
| País Vasco |
50% |
Permitido |
| Resto de comunidades (media) |
27% |
No permitido (Ley Desindexación) |
| Aportación legal según Ley 39/2006 |
50% |
Debería estar garantizada |
El sector reclama diálogo estructural y medidas urgentes
Exigencias de la FED al Gobierno
Desde la FED se reclaman cuatro medidas inmediatas:
-
Claridad sobre el acuerdo con el País Vasco.
-
Aplicación del 50% de financiación al conjunto del país.
-
Refuerzo del nivel mínimo de protección estatal.
-
Apertura de un diálogo estructural para abordar los retos de sostenibilidad.
Riesgo de colapso en el modelo de cuidados
La falta de equidad, el bloqueo normativo y la presión económica están provocando un deterioro estructural del sistema. Las entidades advierten de cierres, despidos y pérdida de calidad si no se revierte la actual política de “cuidados low cost”. La urgencia de una financiación justa, transparente y estable es ahora más crítica que nunca.
Si (
No(