El sector de Atención a la Dependencia ha dicho ‘basta’ y se está movilizando para exigir dignidad con los profesionales y usuarios de estos servicios. A través de las patronales y asociaciones del sector, tanto profesionales como de usuarios y personas mayores o en situación de dependencia, se han emprendido varias campañas que buscan consideración y justicia.
Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), explica en una entrevista con ‘NGD’ por qué el sector está luchando contra el posible veto del Gobierno a las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado que piden reducir el IVA de la dependencia al 4% en todos los casos, frente a la actual disparidad.
En paralelo, los mayores han tomado las calles el pasado fin de semana para exigir pensiones dignas, apenas unas horas antes de que el Gobierno aprobase la subida de las cotizaciones sociales (de 0,5 puntos para empresas y 0,1 para trabajadores) con el fin de recaudar 50.000 millones de euros adicionales con los que sufragar las pensiones. Una medida que nace con polémica por el impacto que podría tener en el empleo.
Durante el XX Congreso de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) también se han hecho peticiones a las Autoridades competentes acerca de la situación de los mayores y dependientes, y del sector que los atiende en general. Así, se ha pedido que se apuntalen los pilares sobre los que se asienta el Estado de Bienestar, citando seguridad económica, servicios públicos, eliminación de desigualdades entre comunidades autónomas, lucha contra la pobreza y refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
Además, desde la UDP se ha perdido revisar la fiscalidad de las pensiones, hacer más justo el régimen de Autónomos, no penalizar la jubilación anticipada si es contra la voluntad del trabajador o que no haya un mínimo de años cotizados para acceder a las prestaciones, entre otras peticiones. En materia de sanidad han pedido aumentar el número de profesionales y mejorar sus condiciones laborales, así como reducir las listas de espera o mantener abiertos los consultorios en zonas rurales. “Planteamos estas reivindicaciones ante quien es el verdadero responsable de la Sanidad Pública: la Administración, representada en el Ministerio de Sanidad y en las Consejerías Autonómicas, recordándoles que la auténtica voluntad política debe traducirse en una mayor inversión que ponga en valor la Sanidad Pública”, apuntan desde la UDP, que acaba de renovar su presidencia.
Por último, también han exigido cambios en la atención a la dependencia, como reducir las listas de espera en servicios de ayuda a domicilio, dotar presupuestariamente a la Ley de igual forma en todas las regiones del país o “garantizar el derecho y el acceso a la sanidad pública de todas las personas mayores, en igualdad con el resto de la ciudadanía, así como reforzar los servicios profesionales de atención domiciliaria y teleasistencia, entre otros, incluyendo al medio rural”.