Las principales asociaciones de personas mayores, con la PMP a la cabeza, han celebrado las medidas adoptadas por el Congreso para evitar la exclusión financiera de los mayores.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que aglutina a más de 15.000 asociaciones que reúnen a casi seis millones de afiliados, ha mostrado su “satisfacción” por la aprobación en el Congreso de enmiendas al Proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica. Dichas enmiendas, aprobadas en el Senado por unanimidad, contemplan medidas para garantizar la atención personalizada en entidades bancarias a “los usuarios más vulnerables”, explica la PMP.
“La PMP ha logrado dar un importante paso adelante para su principal reivindicación: la urgente necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital”, destacan desde la plataforma.
Las enmiendas contemplan promover, en el plazo de tres meses, modificaciones legislativas que permitan garantizar la atención personalizada en servicios de pagos y bancarios en general, con el foco puesto en aquellos usuarios que no puedan hacerlo por sí mismos por desconocer el manejo de las herramientas tecnológicas necesarias.
Este movimiento del Congreso llega después de la campaña iniciada en Change.org por un médico jubilado exigiendo a las entidades bancarias que no obliguen a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad a relacionarse con el banco de forma estrictamente digital, dado que muchas personas desconocen el manejo de estas herramientas y dispositivos.
Gracias a esta campaña y a que el legislativo ha recogido el guante -debido al impacto y apoyo social que ha tenido-, el Gobierno promoverá, en coordinación con el Banco de España, como supervisor, y representantes de entidades de crédito, un plan de medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, especialmente aquellas de mayor edad, que incluya entre otras las siguientes: que el cierre de las oficinas bancarias no conlleve la desaparición de cajeros automáticos externos; el incremento del personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias o la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables; tecnologías de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras para embarazadas y personas dependientes, reservando en la medida de lo posible cajeros para su uso.
Desde la PMP se ha instado a poner en marcha acciones regulatorias concretas que obliguen a las entidades a mejorar la atención a los mayores y evitar la exclusión financiera, “al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma”, explican.