Existen unidades de policía y guardia civil dedicadas a delitos concretos: contrabando, tráfico de drogas, falsificaciones, explotación de personas… Ahora, la Fiscalía de Valencia ha sugerido crear una nueva que se encargue de las residencias de mayores. Es decir, una unidad policial específica para visitar los centros residenciales, realizar inspecciones y verificar que cumplen la normativa vigente.
La propuesta en realidad no es más que eso, pero demuestra hasta qué punto las residencias de mayores siguen siendo cuestionadas. En principio, la justificación para crear esta unidad estaría en la protección de los derechos de las personas vulnerables que residen en estos centros. Y también buscaría convertirse en un vínculo más directo entre los usuarios y las Administraciones, que, de aceptar la propuesta, dejarían en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una labor inspectora que tienen encomendada. Es un ejemplo más de cómo resulta más fácil ‘externalizar’ los problemas.
En realidad, la propuesta de crear una unidad policial para ‘vigilar’ a las residencias sitúa a estos centros a la altura de delincuentes, que también tienen el privilegio de contar con agentes enfocados exclusivamente en sus quehaceres diarios. Una forma sutil de estigmatizar a las residencias de mayores tomando como punto de partida la terrorífica situación que vivieron en la pandemia, precisamente, en parte, causada porque esas mismas Administraciones llegaron a cerrar el acceso de los usuarios a asistencia hospitalaria.
Según la agencia Atlas, en 2021 solo se inspeccionaron 4 de cada 10 residencias de mayores. Algo que no han elegido ellas, sino que depende de quienes tienen encomendada esa tarea. Por tanto, la creación de una nueva unidad policial podría aumentar esa cifra de inspecciones, pero eso mismo también se puede conseguir organizando mejor los cuerpos inspectores actuales. Sin tener que involucrar a la policía, que probablemente tendrá cosas mejores que hacer.
En cualquier caso, la propuesta está sobre la mesa, con el objetivo de mejorar el control de estos centros, proteger a los usuarios y garantizar el cumplimiento de las cada vez más estrictas normativas.
El sector, salvo contadas excepciones, en realidad no debe temer a esta nueva unidad policial. Pero sí debería exigir respeto a su honor y pedir por todos los medios que los hechos del pasado, uno muy doloroso y de culpas posiblemente compartidas entre muchos actores, no se utilicen para menospreciar el trabajo de los miles de profesionales que dieron su salud durante la pandemia para proteger a los más vulnerables y que siguen haciéndolo, en ocasiones en condiciones más que precarias, para seguir asegurando una calidad de vida razonable a quienes más lo necesitan.