“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Así recoge el Artículo 49 de la Constitución Española la necesaria protección de las personas con discapacidad. Pero con una redacción que data de finales de los años 70, cuando determinados términos, aun ya siendo despectivos, todavía no se interpretaban como tales.
La sociedad ha avanzado y el lenguaje, en algunos casos, sí es importante, más allá de la política. Hoy, afortunadamente, no se habla de ‘subnormales’ para referirse a nadie, ni tampoco de ‘disminuidos’. Ni siquiera ‘discapacitados’ es un término correcto, como tampoco lo es hablar de ‘viejos’. Las palabras importan, sobre todo si se pueden utilizar para humillar, menospreciar y excluir a las personas.
Esa es la lucha que llevan abanderando desde hace más de dos décadas organizaciones como el CERMI o la ONCE. Quieren un cambio en la redacción del Artículo 49 de la Constitución para sustituir ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’. Nada más. Pero la política se ha interpuesto en los derechos de las personas, y las refriegas entre los partidos con mayor representación parlamentaria -PP y PSOE- se han combinado con el oportunismo de otras formaciones y llevan años bloqueando un cambio tan sencillo como, aparentemente, imposible.
PP y PSOE ya pactaron hace tiempo impulsar este cambio, que reúne unanimidad en el Congreso. Pero el miedo, real o no, a que otros partidos intentaran aprovechar la apertura de un proceso de revisión constitucional para ir más lejos que devolver la dignidad -sobre el papel y simbólica, pero dignidad a fin de cuentas- a millones de españoles, mantiene bloqueado el cambio. Hasta ahora, parece: hace unos días se terminó el plazo para presentar enmiendas que determinen el alcance del cambio constitucional. Solo el PNV ha aprovechado la ocasión para introducir sus propias reivindicaciones. El resto de partidos, aparentemente, se conforman con cambiar la redacción de ese artículo, verdadero objeto del cambio constitucional propuesto.
Ahora habrá que votarlo y ver si, después de cuatro décadas, la palabra ‘disminuidos’ se retira para siempre de la Constitución Española y, después de más de dos décadas de lucha, las personas con discapacidad pueden ver su dignidad realmente protegida.