La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado a los grupos parlamentarios apoyo para el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, actualmente en tramitación. Esta legislación busca actualizar la ley vigente desde 2011, creando un marco integral que favorezca el desarrollo del sector y promueva la cohesión social. La PMP destaca la importancia de reconocer la economía social como un modelo empresarial comprometido con la calidad en servicios sociales y la integración laboral de grupos vulnerables. La iniciativa se alinea con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social y propone cambios significativos en cooperativas y empresas de inserción, así como la inclusión de nuevos modelos empresariales. La PMP insta a todas las fuerzas políticas a respaldar esta regulación en el Congreso.

El Gobierno anuncia la creación de una comisión de refuerzo de la dependencia, enmarcada en la Agenda 2030, para impulsar mejoras estructurales en el sistema sociosanitario y garantizar derechos fundamentales a las personas en situación de dependencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizar más derechos y ampliar el catálogo de servicios. Se suprimirá el régimen de incompatibilidades en prestaciones de dependencia y se eliminará el plazo suspensivo para las ayudas económicas. Además, se reconocerán nuevos derechos como la teleasistencia universal y la accesibilidad. La ley también abordará la situación de las personas cuidadoras no profesionales y prohibirá la discriminación en seguros por discapacidad. Con este cambio normativo, el Gobierno pretende asegurar una atención integral y promover la autonomía personal.

El derecho al olvido oncológico es una nueva medida en España que permite a los pacientes de cáncer no tener que declarar su historial médico al contratar seguros o productos bancarios, cinco años después de finalizar su tratamiento sin recaídas. Esta iniciativa, aprobada en el Real Decreto-ley del 27 de junio de 2023, busca evitar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades para quienes han padecido esta enfermedad. La normativa prohíbe cláusulas que excluyan a personas por haber tenido cáncer y facilita la eliminación de datos médicos anteriores.

Los derechos digitales son la extensión de los derechos ciudadanos al entorno digital, garantizando la protección de principios fundamentales como la privacidad, libertad de expresión y acceso a internet. Cada país desarrolla su propia Carta de Derechos Digitales, adaptando estos principios a sus necesidades. En España, el Gobierno ha creado el Observatorio de Derechos Digitales para promover y asegurar la implementación de estos derechos en la era digital. Este programa, financiado por los Fondos Next Generation EU, busca combatir la desigualdad y proteger a grupos vulnerables en línea. Para más información sobre cómo proteger tus derechos digitales, visita el enlace.

El legado solidario se presenta como una opción valiosa para perpetuar el compromiso con causas importantes al momento de redactar un testamento. Este tipo de legado permite incluir organizaciones sin ánimo de lucro en la distribución de bienes, asegurando que los valores y deseos del testador continúen después de su fallecimiento. En 2023, las donaciones a través de legados solidarios alcanzaron los 54 millones de euros en España, evidenciando un creciente interés por esta práctica. Para realizar un legado solidario, es fundamental consultar con un notario y especificar claramente las intenciones en el testamento. Esta acción no solo beneficia a las organizaciones elegidas, sino que también envía un mensaje positivo a futuras generaciones.

AESTE ha expresado su confianza en que la reciente acreditación de centros de mayores en la Comunitat Valenciana, tras la aprobación de la Ley 6/2024, estimulará la inversión en el sector de los cuidados. Las modificaciones introducidas en esta ley abordan aspectos clave como las ratios de profesionales y la capacidad máxima de los centros residenciales, permitiendo ahora la construcción de instalaciones con hasta 150 plazas. Estas reformas buscan adaptarse a la creciente demanda de atención para personas mayores y mejorar la calidad del servicio, al tiempo que fomentan una colaboración más efectiva entre el sector público y privado. A pesar de que aún quedan detalles por ajustar, AESTE considera estos cambios un avance significativo hacia un modelo de cuidados más sostenible y acorde a las necesidades demográficas actuales.