Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Y, sin embargo, en el sistema de atención a la dependencia, a pesar de los incrementos presupuestarios, sigue existiendo maltrato institucional debido a la burocracia y a la desidia e impericia de algunos gobiernos de Comunidades Autónomas.
Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia. Ello exige que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley. Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de un gran pacto. Pero ocurre que el incumplimiento de las Administraciones Públicas ha convertido sólidos derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel. A fecha de hoy, 310.429 personas siguen abandonadas sin atenciones en las listas de espera de la dependencia, y cada 12 minutos una de ellas fallece sin recibir las prestaciones o servicios a los que tendría derecho.
Fase de despegue inicial que se desarrolló desde el inicio hasta mediados de 2011 y que supuso un despegue inicial plagado de dificultades (lo que era lógico para un sistema tan complejo) en el que, a pesar del avance, ya se percibían algunos de los grandes problemas de implantación: la desigualdad territorial y la insuficiencia financiera. No obstante, hasta finales de 2011 –en menos de cinco años- nos encontrábamos con 1.280.000 personas valoradas como dependientes, de las que 1.045.000 tenían derecho a atención según el calendario de implantación de la Ley, y con 740.000 personas atendidas.
Fase de recorte de derechos y de estrangulamiento financiero que supuso un auténtico desastre para la evolución del SAAD. Esta fase se inicia en 2012 (como consecuencia de la política de recortes aplicada por el Gobierno de Rajoy) y se prolongará casi cuatro años hasta bien entrado 2015. Junto a las restricciones presupuestarias (bajada de los importes de las prestaciones económicas y minoración de la financiación autonómica con disminución del nivel mínimo y supresión del nivel acordado) se combinaron medidas de restricción de derechos para las personas dependientes como fueron la inexplicable “legalización” de un plazo de carencia de dos años hasta poder percibir prestaciones económicas por cuidados en el entorno una vez resuelto el expediente, la supresión de compatibilidades entre servicios, la disminución de las intensidades en servicios como la ayuda a domicilio, la ampliación del calendario de implantación o, paralelamente, la supresión de la cotización pública de las cuidadoras familiares.
Tercera fase: inicio de la recuperación. Hubo que esperar a superar el ecuador de 2015, con la entrada al sistema de la totalidad de las personas con Grado I, para que la aplicación y desarrollo de la LAPAD volviese a retomar cierto ritmo en cuanto al incremento de las personas atendidas.
Cuarta fase: nueva ralentización del Sistema. Las prórrogas de los presupuestos recortados de 2018 provocaron una nueva ralentización del sistema durante el año 2019, que derivó en un muy preocupante empeoramiento de las cifras de manera que, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención volvió a aumentar.
Quinta fase: Retroceso del sistema. La pandemia COVID-19 en 2020 ha condicionado este retroceso en 2 aspectos, tanto en nuevas valoraciones como la puesta en marcha de nuevos servicios o prestaciones. Por primera vez desde el año 2014 se ha reducido el número de personas consideradas en situación de dependencia, hay 28.564 menos reconocidas que al inicio del año. Además, únicamente se han incrementado en 9.047 las personas que reciben servicios o prestaciones del sistema, lo que supone un retroceso del 86% del aumento de atenciones del año 2019 y un retroceso del 91% respecto a 2018.
Sexta fase: Despliegue del Plan de Choque para la dependencia. En el tercer año de despliegue del Plan de Choque para la dependencia se ha observado un importante aumento de personas atendidas. Y la recuperación de algunos derechos, con la aprobación del Real Decreto 675/2023, de 18 de julio. Si bien el plan de Choque ha supuesto un gran aumento de financiación por parte de la Administración General del Estado, las CCAA no han respondido de la misma manera y han hecho que este Plan no cumpla todos sus objetivos.
En cualquier caso, ha sido palmario el fracaso de la Administración Central en asegurar el equilibrio interterritorial en el ejercicio de derechos como mandato específico del artículo 9 de la Ley. Esos desequilibrios, se manifiestan gravemente en algunas de las claves de desarrollo de la LAPAD: Acceso muy desigual al SAAD por Comunidad Autónoma, listas de espera de personas dependientes reconocidas y esperando atenciones, y esfuerzo financiero público también desigual.
Por lo tanto, no solo no se atiende a todas las personas con derecho cuando ya ha finalizado el calendario de aplicación progresiva de la Ley, sino que el acceso y el contenido real de las atenciones y los plazos están fuertemente determinados por la Comunidad de residencia de la persona dependiente, generándose así graves desigualdades.
A este fuerte desequilibrio interterritorial han contribuido múltiples factores entre los que sin duda encontramos un punto de partida desigual en el desarrollo de los servicios sociales autonómicos y locales en los diferentes territorios, la inestabilidad en los órganos de gestión del sistema en los niveles central y autonómico y la infrafinanciación general del sistema desde el nivel central en un contexto de crisis.
Un desafío de primer orden jurídico, político, organizativo, financiero… Un nuevo contrato social sobre los apoyos que todos necesitamos o necesitaos para tener vidas autónomas y dignas desde el inicio hasta el final de nuestra vida.
Sería imperdonable que, dado lo dramático de las cifras, una gestión errática o intereses cortoplacistas y tacticismos de todo tipo y color que, por desgracia, caracterizan a la política española en los últimos años, se antepusieran a la solución de la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo, en muchos casos, las personas en situación de dependencia y sus familiares.