Andalucía destina el doble de fondos que el Gobierno de España para financiar la dependencia en 2025, invirtiendo 1.587 millones de euros frente a los 743 millones del gobierno central. Esto representa el 68,09% del sistema de dependencia en la comunidad, con un total de financiación que asciende a 2.331 millones. La inversión por persona atendida es de 7.696,35 euros, superando la media nacional y reflejando un incremento del 29,56% desde 2018. Andalucía cuenta con cifras récord de beneficiarios y prestaciones, destacándose como el mayor sistema de dependencia en España. Desde 2019, la Junta ha invertido 8.742 millones, mientras que el Gobierno español solo ha aportado 3.705 millones, generando una deuda de 5.037 millones con Andalucía por no cumplir su obligación de financiamiento.

AESTE ha expresado su preocupación por el riesgo de desprofesionalización de los cuidados en la reciente reforma de la Ley de Dependencia, aprobada el 15 de julio. Aunque reconoce avances como el reconocimiento de servicios sociales como esenciales y la inclusión de nuevos derechos, advierte sobre la falta de claridad en la implementación y financiamiento. La asociación destaca que una mayor dependencia de cuidados no profesionales podría agravar desigualdades de género, ya que más del 80% de los permisos por cuidado recaen en mujeres. AESTE insiste en la necesidad de asegurar una atención profesionalizada y sostenible para garantizar la calidad en los servicios a personas en situación de dependencia.

Las personas con Alzheimer y otras demencias siguen sin recibir el apoyo adecuado en el marco de la Ley de Dependencia. CEAFa ha alzado la voz exigiendo una reforma profunda y urgente del sistema, alertando de la desconexión entre las prestaciones existentes y las necesidades reales de las familias afectadas.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Imserso, transferirá 783,1 millones de euros a las comunidades autónomas para cofinanciar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 2025. Estos fondos permitirán mejorar la cobertura de servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencias, en un contexto de creciente demanda asistencial.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizar más derechos y ampliar el catálogo de servicios. Se suprimirá el régimen de incompatibilidades en prestaciones de dependencia y se eliminará el plazo suspensivo para las ayudas económicas. Además, se reconocerán nuevos derechos como la teleasistencia universal y la accesibilidad. La ley también abordará la situación de las personas cuidadoras no profesionales y prohibirá la discriminación en seguros por discapacidad. Con este cambio normativo, el Gobierno pretende asegurar una atención integral y promover la autonomía personal.

La Junta de Extremadura ha logrado reducir los tiempos de espera para la Ley de Dependencia durante 15 meses consecutivos, disminuyendo el tiempo de espera en 51 días desde la llegada del Gobierno regional de María Guardiola. Actualmente, los ciudadanos extremeños esperan un promedio de 281 días, por debajo de la media nacional de 332 días. Este avance se traduce en un aumento significativo en el número de beneficiarios y prestaciones reconocidas, reflejando una mejora notable en la atención a la dependencia en la región. La reducción de listas de espera y el compromiso del Gobierno regional destacan como indicadores positivos en la calidad y eficiencia de los servicios sociales en Extremadura.