El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizar más derechos y ampliar el catálogo de servicios. Se suprimirá el régimen de incompatibilidades en prestaciones de dependencia y se eliminará el plazo suspensivo para las ayudas económicas. Además, se reconocerán nuevos derechos como la teleasistencia universal y la accesibilidad. La ley también abordará la situación de las personas cuidadoras no profesionales y prohibirá la discriminación en seguros por discapacidad. Con este cambio normativo, el Gobierno pretende asegurar una atención integral y promover la autonomía personal.

El XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia se presentará el 28 de febrero de 2025 a las 12:00 en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados en Madrid. Esta jornada, organizada por José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, abordará la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia en España y su aplicación en diversas comunidades autónomas. Se analizarán datos oficiales hasta enero de 2025, desigualdades territoriales y el impacto de la mortalidad en la gestión del sistema. Además, se entregarán reconocimientos a las comunidades con mejor puntuación en la Escala de Valoración. Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de febrero y son limitadas.

Los expertos han instado a reforzar el sistema de dependencia en España para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, destacando que más de 290.000 personas están en lista de espera para recibir atención. Durante el segundo ciclo de los 'Encuentros Fedea-CGE', se abordaron los retos estructurales del sistema, que enfrenta una creciente demanda debido al envejecimiento poblacional. Se propusieron medidas como aumentar la financiación pública y mejorar la calidad de los servicios, así como agilizar los trámites para acceder a las prestaciones. La necesidad de un enfoque integral que combine recursos públicos y privados es crucial para garantizar un modelo equitativo y eficiente en la atención a la dependencia.