El sector de Atención a la Dependencia propone un ‘plan de choque’ para mejorar el sistema tras la pandemia, que está poniendo de manifiesto las carencias que tiene en España y otros lugares de Europa.
El sector de Atención a la Dependencia propone un ‘plan de choque’ para profesionalizar y mejorar un sistema dañado tanto por los recortes de la última década como por la crisis sanitaria del COVID-19.
Para diseñar las medidas a implementar en el sistema, varias entidades del sector, como AESTE y Asade, han elaborado, junto a Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), una hoja de ruta en la que desgranan sus propuestas. “El objetivo que se presenta es doble. De un lado, de modo inmediato, dar herramientas a los poderes públicos para garantizar una respuesta eficaz frente a un posible rebrote de la pandemia de COVID, en colaboración con los agentes sociales. Del mismo modo, en el medio plazo se ha hecho ya inaplazable abordar de manera efectiva el modelo de coordinación sociosanitaria previsto en la Ley de Dependencia, y que llega ya con más de una década de retraso”, explican los firmantes.
El plan se basa en 12 puntos para mejorar el sistema de atención a la dependencia, entre los que se incluyen ‘recuperar la calidad de la atención como eje articulador y objetivo prioritario’, hasta ‘revertir los recortes’ de los últimos años, incluso incrementando la financiación para mejorar las retribuciones en el sector de la dependencia.
Además, las entidades firmantes piden ‘agilizar la modificación de los grados de dependencia’, ‘potenciar los servicios de promoción de la autonomía personal’ y ‘reorganizar los centros de atención a personas dependientes’, creando un sistema de acreditación de centros residenciales por niveles.
El sector de atención a la dependencia propone un Plan de Choque para mejorar el sistema
Entre las medidas, buena parte de ellas se enfocan en la coordinación y el liderazgo del sistema. Así, las entidades piden que sea el Gobierno el que lidere y haga seguimiento al proceso de mejora sugerido. Y solicitan una evaluación del proceso de implantación del SAAD en el que participen todas las Administraciones competentes, con un sistema público centralizado de información y el establecimiento de un modelo de coordinación sociosanitaria que penda de los servicios de salud.
Conscientes de la necesidad de colaborar con el sector, los firmantes abogan por restablecer el diálogo social “para abordar y consensuar las soluciones y decisiones, que deben ser tomadas en el menor tiempo posible”, y piden atribuir a la jurisdicción social los litigios que puedan derivarse.
Por último, las entidades sugieren la necesidad de ‘revisar los instrumentos que garantizan el control público de la calidad de los servicios’, con mecanismos para intervenir si es necesario. Medidas, por tanto, con un doble eje de mejora del sistema de atención a la dependencia en sí y de la coordinación entre responsables como vehículo para lograrlo, pero que llegan en un momento de grave crisis económica y en plena segunda oleada de contagios en España.
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