Lourdes Rivera ha sido nombrada nueva presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), sucediendo a Natalia Roldán. Con más de 25 años de experiencia en el sector, Rivera es Directora General de AMAVIR y cuenta con una sólida formación académica. En su nuevo cargo, se enfocará en abordar tres desafíos clave: el déficit de profesionales, la coordinación entre agentes del sector y las administraciones públicas, y la necesidad de recursos para enfrentar el envejecimiento poblacional. Rivera se compromete a continuar promoviendo la sostenibilidad del sistema de cuidados a nivel nacional y europeo.

AESTE ha expresado su confianza en que la reciente acreditación de centros de mayores en la Comunitat Valenciana, tras la aprobación de la Ley 6/2024, estimulará la inversión en el sector de los cuidados. Las modificaciones introducidas en esta ley abordan aspectos clave como las ratios de profesionales y la capacidad máxima de los centros residenciales, permitiendo ahora la construcción de instalaciones con hasta 150 plazas. Estas reformas buscan adaptarse a la creciente demanda de atención para personas mayores y mejorar la calidad del servicio, al tiempo que fomentan una colaboración más efectiva entre el sector público y privado. A pesar de que aún quedan detalles por ajustar, AESTE considera estos cambios un avance significativo hacia un modelo de cuidados más sostenible y acorde a las necesidades demográficas actuales.

Los servicios esenciales en España han solicitado un diálogo abierto para asegurar una implementación sostenible de la reciente reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, aprobada por el Consejo de Ministros. La iniciativa, liderada por AlianzAS, destaca la importancia de analizar los impactos sectoriales y garantizar un consenso amplio entre los agentes sociales. Con más de 1.250.000 trabajadores y una facturación superior a 30.000 millones de euros, estos sectores son vitales para el bienestar social y requieren medidas transitorias que no afecten la calidad del servicio ni la estabilidad laboral. Se enfatiza la necesidad de revisar normativas en áreas críticas para mitigar posibles efectos negativos en la prestación de servicios.