La patronal considera acertada y necesaria la suspensión de la huelga, ya que permitirá recuperar la estabilidad del servicio en beneficio de usuarios, trabajadores y entidades prestadoras. Además, espera la pronta publicación de los nuevos contratos para desconvocar definitivamente la huelga y aplicar los acuerdos laborales. Por último, agradece el esfuerzo de los equipos de trabajo en la gestión del servicio durante el conflicto.

Las Patronales de la Dependencia, ante la intención del gobierno de modificar la ley 39/2006 de la dependencia para, entre otras cuestiones, suprimir la excepcionalidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, declara que:

Con esta modificación, el Gobierno asume el riesgo uberizar los servicios a la dependencia con unas prestaciones económicas ridículas buscando atajos para reducir las listas de espera, lo que dejará en muchos casos los cuidados de las personas dependientes en manos de cuidadores sin cualificación y apostando en contra de la profesionalización del sector al mismo tiempo que ésta se vende como gran avance el derecho a decidir de los dependientes y de sus familias.

Consideramos un error la inclusión como personas cuidadoras a las personas del entorno relacional, siendo contrario a los objetivos de profesionalización de los cuidados, eliminando la excepcionalidad que la misma ley impone a estas prestaciones en el entorno familiar sobre la prestación de los servicios profesionales.

La Ley de la dependencia se configura para atender la necesidad de las personas dependientes. Estas personas necesitan un cuidado y atención multiprofesional en función de su grado de dependencia. Con un cuidador informal no se puede garantizar, condenando así al dependiente en casi todos los casos a estar recluidos en sus domicilios sin atención profesionalizada, sin la formación adecuada de los cuidadores, sin ningún tipo de control sobre estos cuidados y sin verificación de su estado físico, mental y psicológico. Además, con el efecto más que probable de incrementar las urgencias hospitalarias, que nuestros servicios, centros y profesionales evitan.

Esta modificación es profundamente injusta con los cuidadores, sean los que sean, que con una dotación económica mínima han de atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a una persona altamente necesitada de cuidados y atención, y además careciendo de todo conocimiento, en la mayoría de los casos, de cuales deben ser estos cuidados.

Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED: “La sociedad tiene que entender, que esta modificación de la ley solo responde a la voluntad del Gobierno de maquillar la enorme e insoportable lista de espera (trescientas mil personas aproximadamente) que está provocando la muy escasa dotación económica que ha otorgado a la Ley de la dependencia desde que comenzó a caminar mediante una dotación económica insuficiente que pone en peligro a los dependientes ya que, en algunos casos, puede dejar sus cuidados a cargo de personas sin ninguna cualificación, sin conocimiento sobre la intensidad de los cuidados y bajo ningún tipo de control.”
Por su parte, Ignacio Gamboa, presidente de ASADE, comenta: “En una decisión y política que pone en riesgo los derechos de nuestros dependientes, que además va en contra tanto del espíritu como de la letra de la Ley. Ley que queremos configure el 4º pilar del Estado de Bienestar y que corremos el riesgo de reducir a una prestación económica más, poniendo en peligro los cuidados, la salud y el bienestar de las personas más frágiles de nuestra sociedad.”
Desde las Patronales de la Dependencia creemos firmemente que la solución pasa por una financiación adecuada y suficiente de los servicios y criticamos y criticaremos planteamientos inadecuados e improvisaciones que ponen en peligro el sistema, a las personas usuarias del mismo y a los trabajadores del sector y que terminarán por desandar el camino trazado durante años: unos servicios profesionales y de calidad a las personas en situación de dependencia.

Federación Empresarial de la Dependencia

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia nace en 2006 con el propósito de unificar en una gran organización nacional a todo el sector empresarial de atención a la dependencia. Está compuesta por 17 organizaciones que abarcan todo el elenco de operadores de atención a la dependencia: centros residenciales, centros de día/noche, servicios de ayuda a domicilio y servicios de teleasistencia. Con la suma de todos sus miembros representa 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.

ASADE

La "Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio", ASADE es una Asociación Patronal que nació con la voluntad asociativa de las empresas privadas líderes en el servicio de la Atención a Domicilio. Nace con afán de colaborar con otras entidades y organismos públicos y privados, que tienen a su cargo el fomento y la mejora de la atención a la dependencia mediante el Servicio de Atención a Domicilio. Pretende, como especialistas en el sector, aportar sus opiniones para, entre todos, mejorar y ampliar el servicio de Asistencia a la Dependencia.

Fuente: NdP Federación Empresarial de la Dependencia / ASADE 13 de junio de 2024

En un acto celebrado en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la consejera Loles López anunció la adhesión del Gobierno andaluz al Observatorio Sectorial del Servicio de Ayuda a Domicilio, resaltando el compromiso del Ejecutivo con la ampliación y fortalecimiento del servicio, que en 2024 incorporó a más de 7.700 beneficiarios, elevando el total a más de 163.700 usuarios.

Los servicios esenciales en España han solicitado un diálogo abierto para asegurar una implementación sostenible de la reciente reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, aprobada por el Consejo de Ministros. La iniciativa, liderada por AlianzAS, destaca la importancia de analizar los impactos sectoriales y garantizar un consenso amplio entre los agentes sociales. Con más de 1.250.000 trabajadores y una facturación superior a 30.000 millones de euros, estos sectores son vitales para el bienestar social y requieren medidas transitorias que no afecten la calidad del servicio ni la estabilidad laboral. Se enfatiza la necesidad de revisar normativas en áreas críticas para mitigar posibles efectos negativos en la prestación de servicios.