Mas de 300.000 personas con dependencia esperaron en 2022 recibir sus prestaciones o ser valoradas, un año en el que fallecieron alrededor de 45.000 personas con una valoración positiva sin haber recibido un solo euro.
El sector de atención a la dependencia lleva desde que se aprobara la Ley de Dependencia criticando los embudos que se crean tanto para valorar el grado de dependencia de las personas potencialmente beneficiarias como para empezar a cobrar las ayudas una vez obtenida la valoración positiva.
Según recoge ‘El País’ en un amplio reportaje, en 2022 más de 300.000 personas estaban en el llamado ‘limbo de la dependencia’, que es vergonzoso punto en el que unas personas están esperando a ser valoradas y otras, aun ya valoradas, aún esperan a cobrar su prestación. Se calcula que más de 45.000 personas murieron en esta situación de espera en 2022 en España.
Cuántas personas hay en lista de espera de la Dependencia en España
Las cifras pormenorizadas indican que hay más de 130.000 personas a la espera de valoración en España. Otras 177.000 personas tienen el grado de dependencia reconocido, pero aún no han accedido a las ayudas. Todo ello, a pesar de la inyección de fondos que ha llevado a cabo el Gobierno entre 2021 y 2023, cifrada en alrededor de 600 millones de euros al año adicionales al presupuesto de la Ley de Dependencia. Esta cuantía, no obstante, ha permitido desbloquear la situación de 91.000 personas adicionales en 2022.
Sin embargo, y como destacan en la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, alrededor de 55 millones de euros del presupuesto para la dependencia no se gastaron en 2022.
Cuánto hay que esperar para ser atendido por la Ley de Dependencia
En 2022, las personas esperaron una media de 344 días para ser valoradas o empezar a cobrar la prestación reconocida. Son 77 días menos que en 2021, pero aún sigue siendo prácticamente un año para culminar un proceso repleto de burocracia. Un sinsentido si se tiene en cuenta que algo más de la mitad de quienes se encuentran en esta situación de espera superan los 80 años de edad. Aunque más sinsentido es saber que la ley determina que el proceso debe durar un máximo de 180 días. Sólo se cumple en Castilla y León y el País Vasco.
Por el contrario, los expertos critican que en algunas autonomías el desfase es inaceptable. Y apuntan a Cataluña, responsable del 39 % del bloqueo total, aunque ‘El País’ destaca en su reportaje las tretas de algunas comunidades autónomas para maquillar sus datos: dejaban de valorar a personas para reducir de manera artificial la lista de espera de personas ya valoradas que esperan a cobrar su prestación.
Cuantías de ayudas a la dependencia
En cuanto a la cuantía de las ayudas, los expertos critican que no cubren ni de lejos los precios reales que pagan las familias por atender a sus mayores o dependientes.
Por ejemplo, cifran en unos 500 euros mensuales la ayuda para pagar una plaza en residencias de mayores, cuyo precio de mercado puede triplicar esa cantidad, hasta situarse en una horquilla que va de los 1.500 a los 2.000 euros al mes.
En el caso de la atención domiciliaria, las familias reciben entre 15 y 57 horas mensuales, dependiendo del grado de dependencia. Esto supone entre 30 minutos diarios y alrededor de dos horas al día de asistencia, esto último en el mayor grado de dependencia: personas que necesitan asistencia para realizar prácticamente cualquier labor cotidiana.
Teleasistencia sí, pero como complemento
Además, y según explican los expertos, en España hay casi 54.000 personas con algún grado de dependencia que reciben como única ayuda un servicio de teleasistencia, que generalmente es reactivo y ligeramente proactivo, pero no asistencial directo. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se pide que la teleasistencia sea un complemento a otras prestaciones, y no la prestación en sí.
Presupuesto para la Dependencia
Una de las excusas que han esgrimido las Administraciones durante casi dos décadas de vigencia de la Ley de Dependencia es la falta de presupuesto, si bien la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca que en 2022 el gasto rondó los 10.500 millones de euros. Una cuantía para nada excesiva si se tiene el cuenta que más de 316.000 personas trabajan en el sector de atención a la dependencia, que, como explican los expertos, no es deslocalizable y se apoya en empresas locales o nacionales para funcionar.
Así que proteger el Sistema de Atención a la Dependencia no es solo una cuestión de justicia y humanidad con quienes lo necesitan, sino un impulso de la economía del país.
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