En los últimos años, el panorama de las Comunidades Autónomas (CCAA) en España ha mostrado una tendencia preocupante: la reducción
Actualmente, se invierten 3.124 € por habitante al año en políticas sociales, sumando un total de 150.000 millones de euros. Sin embargo, no todas las CCAA distribuyen estos fondos de manera equitativa. Madrid, Cataluña y Murcia se encuentran en el extremo inferior.
En 2023, los presupuestos autonómicos crecieron en 15.469,3 millones de euros, pero solo 1.946,6 millones se destinaron a políticas sociales. Esto significa que apenas uno de cada diez euros adicionales se invirtió en sanidad, educación y servicios sociales. Si se hubiera mantenido el mismo porcentaje que en 2010, se habrían destinado casi 23.000 millones de euros más en 2023.
El mayor obstáculo para el gasto social ha sido el aumento descontrolado de la deuda pública. En 2023, el coste de la deuda por habitante alcanzó los 854,3 €, comparado con los 149,4 € de 2009. Este incremento ha limitado la capacidad de las CCAA para destinar más recursos a servicios.
Comunidades como Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias y Extremadura han mostrado un crecimiento significativo en la inversión por habitante, aumentando más de 1.000 €. En cambio, Cataluña y Madrid han visto reducidas sus inversiones.
La reducción del presupuesto social en las CCAA es un asunto que nos concierne a todos, especialmente a las personas mayores que dependen de estos servicios. Es crucial que las autoridades reconsideren sus prioridades y restablezcan un equilibrio que garantice el bienestar y la dignidad de los mayores.