Las comunidades autónomas han incrementado un 18,5% su inversión en políticas sociales en los últimos cinco años, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El gasto conjunto en sanidad, educación y servicios sociales ha pasado de 137.182 millones de euros en 2020 a 162.582 millones en 2025. Sin embargo, el resto de políticas autonómicas ha crecido un 67%, casi cuatro veces más deprisa, lo que revela que los presupuestos regionales son cada vez menos sociales.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a las comunidades autónomas a utilizar el histórico incremento de 6.200 millones de euros en financiación para la dependencia, aprobado por el Gobierno, con el fin de reducir las listas de espera y mejorar la calidad de las prestaciones. Durante un Consejo Territorial, Bustinduy destacó que esta inversión es la mayor en décadas y debe centrarse en dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras. La nueva financiación entrará en vigor el 1 de julio y representa un aumento del 98,7% en los fondos para el nivel mínimo de dependencia. Además, se destinarán más de 900 millones para el nivel acordado de protección.

El Informe 2025 sobre los Servicios Sociales en España, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes, ofrece una visión crítica de la situación actual del sector. El documento subraya que, pese a algunos avances, persisten graves déficits de financiación, desigualdad territorial y precariedad en la atención de proximidad.

El Gobierno de España ha aprobado una histórica transferencia de 904 millones de euros a las Comunidades Autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia, cifra que podría ascender a 970 millones al incluir recursos adicionales de Euskadi y Navarra. Esta medida busca mejorar los servicios de atención a personas en situación de dependencia y reducir listas de espera. Desde su recuperación en 2021, la financiación ha crecido significativamente, alcanzando un total proyectado de 7.239,4 millones de euros para 2027, lo que representa un compromiso del Estado para cubrir el 50% de los costos del sistema. Además, se están tramitando reformas legislativas que fortalecerán los derechos de las personas con discapacidad y mejorarán la calidad del servicio.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma integral de la ley de discapacidad y la refundación del sistema de dependencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Esta reforma garantiza más servicios y menos burocracia para los usuarios, además de asegurar que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema. Se prevé un incremento histórico en la financiación estatal, con 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. El ministro Bustinduy ha destacado que esta es la mayor reforma social del siglo en España, enfocándose en derechos, autonomía y atención personalizada para personas con discapacidad y en situación de dependencia. La reforma incluye medidas como la eliminación de incompatibilidades en prestaciones, el reconocimiento automático de discapacidad y la garantía de accesibilidad universal.

Andalucía se posiciona como la tercera comunidad autónoma mejor valorada en la gestión del sistema de atención a la dependencia en España, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Este informe destaca que Andalucía ha incrementado en un 14,25% el número de personas atendidas, superando la media nacional. La consejera Loles López resalta que los esfuerzos del Gobierno andaluz están dando resultados, con una notable reducción de los tiempos de espera y un aumento significativo en las prestaciones activas. A finales de 2025, la comunidad registró 496 días de espera media, el dato más bajo en 15 años.

En 2025 España ha alcanzado un nuevo máximo histórico de envejecimiento de la población, con un índice de envejecimiento del 148%. Este dato, que mide el número de personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, refleja un profundo desequilibrio demográfico que se concentra de forma muy desigual entre comunidades autónomas. En este artículo se analizan las cifras oficiales por CCAA, se identifican las regiones más envejecidas y se comentan las implicaciones para la gestión de la dependencia, los servicios sociales y las políticas de cuidados.

El Ministerio de Derechos Sociales ha convocado un Consejo Territorial extraordinario para informar a las Comunidades Autónomas sobre el nuevo decreto ley que establece prestaciones para personas con ELA. Este decreto, que entra en vigor hoy, incluye el Grado III Plus de dependencia extrema, destinado a pacientes con ELA y otras enfermedades neurológicas que requieren cuidados complejos. Las CCAA deben adaptar sus sistemas para ofrecer una prestación de hasta 9.868 euros al mes, con un aporte fijo del Gobierno de 4.930 euros. Además, se destinarán 500 millones de euros al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para garantizar estas nuevas ayudas.

El Ministerio de Sanidad de España ha iniciado una consulta pública para el Proyecto de Ley de Salud Digital, que permitirá que la historia clínica de cada paciente sea accesible en cualquier comunidad autónoma y país de la UE. Esta normativa busca garantizar la interoperabilidad y el uso seguro de los datos de salud, adaptándose al Reglamento Europeo sobre el Espacio Europeo de Datos de Salud. La ley también abordará el tratamiento digital de datos personales y establecerá un nuevo modelo de gobernanza para su uso en investigación y políticas públicas. Se espera que esta legislación incluya regulaciones sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito sanitario.

12.000 millones de euros en inversión del Sistema de la Dependencia, la cifra más alta hasta la fecha, a pesar de la paralización del incremento de financiación estatal. Esta cifra supone el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE

El 5 de noviembre, Día Internacional de las Personas Cuidadoras, pone el foco sobre un sector de actividad muy a menudo invisibilizado que, en cambio, representa un 2,3% de la ocupación catalana. Un total de 68.324 cuidadoras con el convenio SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) y hasta 56.534 con el convenio de trabajadoras del hogar son un colectivo numeroso del mundo del trabajo que merece toda la atención en un ámbito clave del estado del bienestar.

A pesar de estas cifras, Cataluña sigue sufriendo una carencia de cuidadoras profesionales para cubrir las necesidades de una población envejecida, donde más de 1,1 millones de personas tienen más de 70 años, con una tasa de dependencia del 29,2%. Esto supone que el colectivo de personas mayores dependientes está integrado por más de 321.784.

RADIOGRAFÍA DE LOS CUIDADOS A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES Total personas dependientes mayores de 70 años: 321.784
MUNDO DEL TRABAJO			INFORMALES	POBLACIÓN SIN COBERTURA NI APOYO 15.705 personas dependien tes
Convenio SAD	Convenio Llar	Economía sumergida	Familiares
68.324[1] profesionales	56.534[2] profesionales	30.441 personas	150.780[3] cuidadores informales
POBLACIÓN CUBIERTA 306.079 personas dependientes

^[1] https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2024/06/Todas-CCAA-comprimido.pdf

^[1] https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/treball_llar_cures/arxius/Treball-de-la-llar-i-les-cures_2023.pdf

^[1] https://aliura.coop/es/blog/el-impacto-economico-de-los-cuidados-informales-en-cataluna-asciende-al-41-del-pib-y-son

Sólo un 40% de las cuidadoras son profesionales con contrato

De las 306.079 personas cuidadoras, menos de la mitad (124.858) son profesionales. Es decir, más de la mitad son personas cuidadoras informales (familiares de la persona dependiente) o personas en economía sumergida. De hecho, se calcula que hasta 30.441 personas son cuidadoras en el ámbito de esta economía sumergida, lo que quiere decir que la tasa de informalidad del sector se sitúa en torno al 35%.

A pesar de esta cifra notable de personas cuidadoras, se calcula que hasta 15.705 personas mayores no cuentan con ningún tipo de cobertura ni de apoyo, ya sea de cuidados formales o informales. Esta cifra, que supone un 5% del total de personas dependientes, esconde una realidad social difícil y complicada para muchas personas mayores, marcadas por la soledad y la falta de recursos.

Para Victoria Galván, directora del SAD de Barcelona de Suara "el sistema no puede dejar a ninguna persona dependiente sin cobertura y eso pasa no sólo por destinar más recursos, sino por hacerlo con una estrategia diferente, poniendo el foco en la profesionalización y la innovación. Así mejoraremos el servicio, lo haremos más eficiente y no dejaremos a nadie por el camino, ni entre las cuidadoras ni entre las personas con dependencia".

El perfil de la cuidadora profesional es en un 91% el de una mujer y, en un 63% de los casos, de origen extranjero. La mayoría de ellas están inscritas en el régimen general laboral o en el régimen de la largo y el porcentaje de autónomas es mínimo.

Un nuevo modelo de SAD para hacer frente a los retos de futuro: mejorar el servicio y acabar con la precariedad

La profesionalización del sector de los cuidados a las personas dependientes es uno de los retos de nuestra sociedad. Para Victoria Galván, "a fin de poder afrontar las necesidades de una población que seguirá envejeciéndose en las próximas dos décadas, hay que buscar soluciones que permitan estructurar mejor el trabajo. Primero, protegiendo y cubriendo las necesidades de las profesionales y, en paralelo, aplicando mejoras al propio trabajo a través de tecnología para modernizar el modelo y hacerlo también más accesible económicamente".

Sabiendo las características del trabajo, Suara Cooperativa aboga por trabajar sobre conceptos que hay que tener muy presentes:

• La soledad: tanto de la persona mayor, como de la familia y de la propia profesional de los cuidados.
• El entorno: tener recursos de proximidad a través de la red vecinal, barrio, etc.
• Colaboración: entre todos los agentes implicados, desde la familia, a los profesionales, pasando por las administraciones locales y el sistema de salud.

De esta manera, la cooperativa está plenamente comprometida con la innovación, que ha permitido desarrollar soluciones centradas en la modernización del modelo de trabajo de los cuidados y la digitalización de la atención 24/7. Esta apuesta por la innovación se visualiza en la creación del Social Digital Lab, un Living Lab de innovación social desde donde se dinamiza el ecosistema para la transformación de la atención a las personas.

Para Victoria Galván, "los servicios de atención domiciliaria deben dejar de pensar en término de horas como unidad de medida. Hay que hablar de soluciones a las necesidades concretas de cada persona mayor dependiente. Este nuevo modelo de SAD, tanto público como privado, debe poder integrar los sectores social y sanitario, ofreciendo una visión completa de la persona atendida y con unas condiciones de trabajo dignas para todas las profesionales implicadas".

La formación como motor del cambio de modelo

Una herramienta imprescindible para poder hacer frente a los retos es la formación. En el año 2023, Suara realizó 71.334 horas de formación, de las cuales más de 54.000 fueron dirigidas a trabajadoras del SAD. La inversión realizada en formación supera los 310.000 euros por parte de la cooperativa y permite profundizar en temáticas claves para las profesionales como la salud mental, cuidado personal y emocional, técnicas de movilización, etc.

SOBRE SUARA COOPERATIVA

Suara es la empresa cooperativa de iniciativa social y sin ánimo de lucro referente en Cataluña en la prestación de servicios de atención a las personas con más 40 años de experiencia acumulada e integrada por más de 5.300 profesionales (89% mujeres) y más de 1.600 personas socias de trabajo. Atienden a más de 49.200 personas al año a través de casi 300 servicios y proyectos que dan respuesta a la totalidad del ciclo vital de la persona: desde la atención a la infancia (con guarderías, centros de acogida a menores...), familias, personas vulnerables en riesgo de exclusión social, hasta servicios dirigidos a las personas mayores (centros residenciales, atención domiciliaria...).

Su misión es transformar el entorno social, mejorando la realidad de las personas mediante servicios de calidad arraigados en el territorio, que promuevan el bienestar y crecimiento de las personas, tanto atendidas como profesionales, desde un proyecto empresarial cooperativo

Fuente: NdP Suara Cooperativa Suara Cooperativa