El 14 de diciembre de 2006, España dio un paso importante hacia la protección de los derechos sociales al aprobar la Ley de Dependencia, una de las políticas de Estado más consensuadas en nuestra historia. Han pasado 18 años, y aunque se han logrado avances, el sistema sigue presentando carencias graves. A día de hoy, podemos afirmar que la atención a la dependencia en España está lejos de ser un derecho garantizado.
En este post, repasamos los datos más destacados de estos 18 años y reflexionamos sobre el camino que queda por recorrer.
Desde su entrada en vigor, 3.699.078 personas han recibido apoyo gracias al Sistema de Atención a la Dependencia. Sin embargo, hay un dato que no podemos ignorar: 900.000 personas han fallecido en las listas de espera , muchas sin siquiera llegar a tener reconocida su situación de dependencia. Esto equivale a 98 muertes al día , una cada 15 minutos. Unas cifras que invitan a reflexionar sobre la verdadera eficacia de este sistema.
Actualmente, el 3,4% de la población española necesita ayuda para las actividades básicas de la vida diaria . En números concretos, a finales de 2024, 136.954 personas estarán pendientes de valoración , mientras que 131.083 estarán en el llamado Limbo de la Dependencia , es decir, con derecho reconocido pero sin recibir prestación. En total, casi 300.000 personas seguirán desatendidas .
Uno de los principales problemas es la lentitud en los trámites. En promedio, un expediente tarda 330 días en resolverse, y en comunidades como Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia, el proceso puede superar el año. Para quienes necesitan atención inmediata, este retraso puede marcar la diferencia entre recibir ayuda o morir esperando.
A esto se suma la complejidad burocrática y la rigidez del sistema, que muchas veces impide la compatibilidad entre prestaciones. En definitiva, estamos ante un sistema low-cost , diseñado para abaratar costos, no para garantizar derechos.
El impacto de los recortes aprobados en 2012 todavía se siente. Se estima que la reducción acumulada en financiación desde entonces asciende a 11.521,8 millones de euros , afectando tanto a la calidad de las prestaciones como a su alcance.
Además, persisten grandes desigualdades entre comunidades autónomas. Mientras que La Rioja lidera la inversión por persona dependiente con 1.825,37 euros , en Galicia y Asturias no alcanza los 850 euros . Estas disparidades no solo reflejan un problema de financiación estatal, sino también de gestión autonómica.
Otro dato preocupante es el bajo número de cuidadores no profesionales dados de alta: solo el 14,3% de ellos ha accedido al convenio especial que permite cotizar por su mano de obra. Aunque este derecho se recuperó en 2019, aún queda mucho por hacer para apoyar a quienes asumieron el cuidado de sus seres queridos.
Sin embargo, no todo son malas noticias. La Ley de Dependencia ha generado 355.833 empleos directos y una tasa de retorno del 41,7% vía impuestos y cotizaciones, demostrando que invertir en dependencia no solo es justo, sino también rentable.
Para que este sistema funcione de manera efectiva, es urgente realizar reformas profundas:
La Ley de Dependencia cumple su mayoría de edad, pero está lejos de alcanzar su madurez. A pesar de ser una política de Estado con amplio consenso, los números demuestran que su potencial está subexplotado. Mientras casi 36.000 personas fallecen al año sin haber recibido la ayuda que necesitaban , el sistema sigue operando con parches.
Es hora de dejar de mirar hacia otro lado. Los derechos de las personas en situación de dependencia no son un lujo, son una obligación moral y social. Cumplir con lo que se prometió hace 18 años no solo es una cuestión de justicia, sino de dignidad.
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
Informe completo XVIII Aniversario de la Ley de Dependencia 2006-2024