Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, presentados este abril, el número de personas en lista de espera para ser atendidas en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) se sitúa en 278.575 personas. Sin embargo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aclara que esta cifra procede de sumar:
| Situación | Número de personas |
|---|---|
| Esperando valoración | 123.019 |
| Esperando elaboración del PIA | 129.545 |
| Esperando la prestación o servicio | 26.011 |
| Total en lista de espera | 278.575 |
Estos datos proceden del portal oficial del Ministerio de Derechos Sociales y no de estimaciones propias. Según la Asociación, cada cifra representa a una persona real que espera una respuesta que no llega.
El Ministerio ha presentado una cifra más baja de 182.532 personas en situación de "desatención", limitándose a contar solo aquellas que superan los 180 días de espera estipulados por ley. Una maniobra que, según denuncia José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación, busca maquillar la dramática situación.
Además, los tiempos de espera no solo no han mejorado, sino que han empeorado: de una media de 328 días en marzo de 2024 a 338 días en marzo de 2025. Al ritmo actual, se tardarían once años en atender plenamente a todas las personas dependientes.
Otro dato estremecedor es el número de personas fallecidas en listas de espera en lo que va de 2025: un total de 8.004 personas, de las cuales 3.960 estaban esperando la valoración y 4.044, la prestación o servicio. Según cálculos de la Asociación, cada 15 minutos muere una persona sin haber recibido la atención a la que tenía derecho.
Mientras el Gobierno presume de haber incrementado en un 150% el presupuesto para dependencia, la realidad es otra. Desde 2024, la financiación estatal está congelada. El ligero aumento de gasto, unos 185 millones de euros, se debe únicamente a la obligación legal de financiar el nivel mínimo correspondiente al aumento de beneficiarios, y no a una decisión política de aumentar los recursos.
De hecho, el incremento real del gasto en dependencia es apenas del 5%, según los datos disponibles, lo que demuestra que la prioridad política de este Gobierno no pasa por reforzar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Ante el oscurantismo denunciado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha anunciado que publicará su propia valoración de los datos cada trimestre, asegurando que reflejarán la situación real sin ocultar a ninguna de las personas en espera.
Desde la Asociación insisten en que detrás de cada número hay un drama personal, y que las cifras maquilladas no pueden ocultar el sufrimiento de más de 278.000 personas y sus familias.