El ministro Pablo Bustinduy ha sido claro: "Hay que dignificar la alimentación de quienes están ingresados en hospitales o viven en residencias". La iniciativa responde a una realidad denunciada por profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes: menús con exceso de fritos, alimentos ultraprocesados y escasa presencia de frutas, verduras o pescado fresco.
El decreto establecerá estándares comunes en todo el país que deberán aplicarse en los pliegos de contratación de servicios de alimentación en centros públicos. La base legal se apoya en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que habilita la intervención normativa en menús de servicios públicos cuando están dirigidos a colectivos especialmente sensibles.
El Gobierno quiere que esta normativa sea fruto del consenso técnico y territorial. Para ello, contará con el asesoramiento de nutricionistas y expertos en salud pública, y trabajará coordinadamente con las comunidades autónomas para adaptar la aplicación a la realidad de cada territorio.
Entre los requisitos que se prevén incorporar destacan:
Consumo obligatorio diario de frutas y verduras frescas.
Presencia de pescado varias veces por semana.
Reducción del uso de fritos, productos precocinados y alimentos azucarados.
Fomento del uso de productos ecológicos y de temporada.
La mejora de la alimentación tendrá repercusión directa en la recuperación de los pacientes y en la calidad de vida de las personas mayores institucionalizadas. Además, contribuirá a reducir desigualdades sociales, al garantizar el acceso a dietas saludables independientemente del nivel de renta.
| Aspecto | Situación Actual | Objetivo del Real Decreto |
|---|---|---|
| Frutas y verduras frescas | Escasa presencia en menús | Obligatorias a diario, priorizando productos de temporada |
| Pescado | Poco frecuente | Entre 1 y 3 raciones por semana |
| Ultraprocesados y fritos | Alta presencia | Limitación estricta en su uso |
| Productos ecológicos | Marginales o inexistentes | 5% mínimo del gasto en alimentación |
La nueva normativa también pretende fomentar un sistema agroalimentario más sostenible. Se incentivará la contratación de proveedores locales, la reducción del desperdicio alimentario y la adopción de dietas con menor impacto ambiental. Se trata, según el ministerio, de "una política con triple retorno: en salud, en justicia social y en sostenibilidad".