Castilla y León, Navarra y el País Vasco encabezan el Índice DEC 2024, mientras Murcia, Cantabria y Madrid reciben la peor calificación. El estudio refleja una brecha persistente en la cobertura, inversión y calidad de los servicios sociales públicos entre comunidades, con una preocupante falta de desarrollo en los servicios domiciliarios.
Desde 2012, el Sistema Público de Servicios Sociales se ha consolidado formalmente. Todas las comunidades cuentan con leyes que reconocen derechos subjetivos. Catorce disponen de un catálogo de servicios y quince integran la atención a la dependencia en su estructura. Sin embargo, solo diez tienen actualmente una planificación estratégica vigente.
El 42% de la población reside en comunidades que han sido calificadas como "débiles o irrelevantes". Las diferencias en gasto por habitante, cobertura de servicios y esfuerzo económico generan una desigualdad significativa en el acceso a derechos fundamentales.
Desde 2010, la cobertura de la ayuda a domicilio para mayores de 65 años solo ha subido un punto: del 4,7% al 5,7%. La intensidad del servicio es también baja: una media de 21,1 horas mensuales por persona, frente a las 35,65 horas que deberían recibir quienes la tienen reconocida como prestación de dependencia.
La cobertura se ha incrementado tres puntos desde 2010, alcanzando el 11,1% de la población mayor de 65 años. Aun así, unas 709.234 personas siguen sin recibir este servicio, que debería ser universal para quienes tienen un grado de dependencia reconocido.
La cobertura ha aumentado por primera vez desde 2010, de 0,7 a 1,1 plazas por cada 100 mayores de 65 años. Sin embargo, sigue siendo un servicio de acceso limitado que no cumple con los objetivos de cuidados comunitarios.
En 2023, el gasto en servicios sociales alcanzó los 548,1 euros por habitante, un 7,05% más que en 2022. Sin embargo, su peso sobre el PIB cayó al 1,76%, bajando por tercer año consecutivo. El porcentaje del presupuesto público dedicado a servicios sociales se mantuvo en el 10,25%.
La financiación autonómica ha crecido 4,84 puntos en los dos últimos años, aunque sigue por debajo de 2012. Esta subida podría estar influenciada por las transferencias estatales vinculadas a la dependencia.
| Comunidad Autónoma | Gasto por habitante (€) | % del PIB regional | Calificación DEC 2024 |
|---|---|---|---|
| Castilla y León | 713,7 | 3,03% | Alta |
| Navarra | >1.000 | ND | Alta |
| Madrid | 405,3 | 0,95% | Irrelevante |
| Canarias | ND | ND | Débil |
Navarra cuenta con 1 profesional por cada 494 habitantes; Canarias, con 1 por cada 2.973.
El 58,1% de personas bajo el umbral de pobreza en el País Vasco recibe rentas mínimas, frente al 0,35% en Castilla-La Mancha.
Castilla y León tiene una cobertura del 11,8% en plazas residenciales para mayores de 75 años; Murcia, solo del 3,8%.
Andalucía ofrece 21,2 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 mayores de 75 años; Extremadura, 0,9.
La cobertura de teleasistencia en Andalucía es del 34,5%; en Canarias, del 5,2%.
Transforma edificios públicos en viviendas colaborativas para mayores y jóvenes. Fomenta la convivencia intergeneracional y el aprovechamiento del parque inmobiliario público.
Iniciativa de la Junta de Castilla-La Mancha y ayuntamientos para ofrecer alojamiento y participación comunitaria a personas mayores en su entorno habitual.
Promovido por la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, impulsa redes de apoyo vecinal para combatir la soledad mediante vínculos de proximidad.
El Índice DEC 2024 pone en evidencia la consolidación normativa del Sistema de Servicios Sociales en España, pero también su limitada efectividad práctica. Las diferencias territoriales son marcadas y afectan directamente al acceso a derechos sociales esenciales. Aunque el gasto medio por habitante aumenta, su peso en el PIB disminuye, y los servicios domiciliarios siguen siendo insuficientes para garantizar una desinstitucionalización efectiva.
La desigualdad en la cobertura, inversión y esfuerzo entre comunidades exige una respuesta política decidida que armonice el sistema y garantice una atención equitativa en todo el territorio.
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