servicios sociales

La Comunidad de Madrid exige a los centros y servicios privados de atención a personas mayores un proceso de acreditación para poder integrarse en la red pública de servicios sociales. El trámite afecta a residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, y verifica que la entidad cumple los estándares de calidad exigidos en materia de recursos humanos, instalaciones, documentación, seguridad y accesibilidad. La acreditación tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse con al menos cuatro meses de antelación a su vencimiento. La solicitud puede presentarse en cualquier momento, ya que no existe un plazo de convocatoria cerrado.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 16 de septiembre la reforma más ambiciosa del sistema de dependencia en dos décadas, tras su paso por el Senado. La norma blinda por ley que el Estado asuma la mitad de la financiación del sistema y moviliza 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha exigido a las comunidades que reduzcan a la mitad las listas de espera en 2027 y las eliminen por completo en 2028. Patronales, sindicatos y entidades sociales coinciden en que el paso es importante, aunque advierten de que su éxito dependerá de que la financiación llegue realmente a los servicios y a los profesionales.

La Comunidad de Madrid ha incorporado 19.611 nuevos usuarios a su servicio de teleasistencia avanzada con inteligencia predictiva, destinado a personas en situación de dependencia, mayores o con discapacidad. Este servicio, operativo al 100% desde su lanzamiento en 2024, cuenta con 400.000 dispositivos inteligentes que permiten un seguimiento personalizado y la detección temprana de problemas. Con una inversión reciente de 36,7 millones de euros, se implementarán planes individuales de intervención y se reforzará la formación del personal. Actualmente, el sistema asiste a más de 222.000 personas en la región, marcando un récord histórico en atención a la dependencia.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de Valencia ha implementado un nuevo mecanismo normativo para agilizar la cobertura de puestos de atención directa en centros del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. Este procedimiento permitirá utilizar excepcionalmente los listados de demandantes de empleo inscritos en Labora cuando no se logre cubrir las plazas mediante las bolsas de sustitución existentes. La medida busca asegurar la continuidad del servicio ante situaciones como vacaciones o incapacidad temporal del personal. La selección se realizará según el orden de antigüedad y se garantizará la transparencia del proceso mediante informes periódicos a la comisión de seguimiento.

Más de 30.000 personas mayores han obtenido la Tarjeta Andalucía Junta 65 (TAJ65) en el primer semestre de 2026, alcanzando un total de 1.134.268 titulares. Esta tarjeta gratuita, gestionada por la Consejería de Servicios Sociales, ofrece acceso a prestaciones, descuentos en productos y actividades culturales. Los solicitantes deben ser mayores de 65 años y residir en Andalucía. Existen dos modalidades según los ingresos: Oro y Verde. La solicitud se puede realizar fácilmente en línea o de manera presencial. La TAJ65 proporciona bonificaciones en transporte público, descuentos en servicios de salud y bienestar, así como ventajas en comercios y actividades recreativas. Para más información, se puede consultar la guía disponible en la web oficial.

El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado un convenio con la Universitat de València para desarrollar un protocolo de prevención del suicidio en residencias y centros de día para personas mayores. Este acuerdo busca establecer un marco colaborativo que permita crear procedimientos basados en evidencia científica, adaptados a las necesidades de los centros asistenciales. La iniciativa es crucial, dado que la conducta suicida en mayores es compleja y requiere detección temprana e intervención adecuada. El grupo de investigación BestAGING de la UV se encargará de implementar el convenio sin generar costos adicionales para la Generalitat.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha reforzado la inspección y el control de calidad de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Se han contratado servicios para apoyar las labores inspectoras en centros y supervisar la calidad de la ayuda a domicilio, teleasistencia y promoción de la autonomía personal. Estas medidas buscan garantizar que los servicios respondan adecuadamente a las necesidades de las personas en situación de dependencia, asegurando estándares de calidad uniformes en todo el territorio canario. La inversión incluye más de 144.000 euros para un servicio de inspección y casi 300.000 euros para supervisión de calidad, con el objetivo de consolidar un sistema más eficiente y transparente.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha calificado de extraordinaria la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia. Tras veinte años de reivindicaciones, el Observatorio Estatal celebra que el Estado sitúe a las personas en situación de dependencia y discapacidad como prioridad institucional. La norma refuerza los derechos, simplifica procedimientos y aporta financiación a un sistema que atañe a dos millones de personas.

Las comunidades autónomas han incrementado un 18,5% su inversión en políticas sociales en los últimos cinco años, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El gasto conjunto en sanidad, educación y servicios sociales ha pasado de 137.182 millones de euros en 2020 a 162.582 millones en 2025. Sin embargo, el resto de políticas autonómicas ha crecido un 67%, casi cuatro veces más deprisa, lo que revela que los presupuestos regionales son cada vez menos sociales.

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo real decreto que regula el reconocimiento de entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboran con la Administración General del Estado. Esta norma busca fomentar una acción pública más inclusiva y cercana, estableciendo requisitos para el reconocimiento de estas entidades y ofreciendo beneficios como la simplificación en la solicitud de subvenciones. Además, crea un marco para coordinar la participación de estas organizaciones en situaciones de emergencia, mejorando así la capacidad de respuesta ante crisis sociales. La entrada en vigor del decreto está prevista para el 2 de enero, permitiendo a las entidades interesadas presentar sus solicitudes a través del Ministerio de Derechos Sociales.

La Generalitat Valenciana ha aprobado el Plan Estratégico de Supervisión del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales para el periodo 2026-2029. Este plan tiene como objetivo mejorar la calidad, coordinación y cohesión de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana. Se concibe como un instrumento clave para diagnosticar y proponer mejoras en los programas y centros del sistema. La iniciativa responde a desafíos estructurales como la rotación de profesionales y las desigualdades territoriales, y busca garantizar un acceso equitativo a los servicios. El plan se articula en dos líneas estratégicas: supervisión funcional y optimización de la función supervisora, con un enfoque en la mejora continua y la colaboración interadministrativa. Para más información, visita el enlace oficial.

La Junta de Andalucía ha destinado 46,6 millones de euros a la financiación de servicios sociales comunitarios en entidades locales. Esta inversión, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, busca fortalecer la red de servicios sociales que atiende a más de un millón de personas y garantizar la continuidad del personal encargado de estos servicios. Además, se contempla un refuerzo específico para los equipos de atención a la infancia y la familia, promoviendo la prevención y detección de violencia hacia menores. Con esta medida, se reafirma el compromiso del gobierno andaluz con la inclusión social y el apoyo a los colectivos más vulnerables.

El Servicio de Ayuda a Domicilio en Almansa ha logrado reducir a cero su lista de espera, un hito histórico destacado por el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos. Este avance es resultado de un Plan Concertado ambicioso con una inversión superior a un millón de euros, que ha mejorado la gestión del servicio. Actualmente, el programa atiende a 5.850 beneficiarios en toda la provincia y se prevé que las 238 personas en espera se integren pronto al servicio. La colaboración entre administraciones ha sido clave para este éxito, resaltando la importancia de la atención a personas mayores y dependientes.

Canarias ha liderado el avance del sistema de dependencia, logrando un incremento del 22% en el número de beneficiarios y reduciendo la lista de espera en un 20,7%. Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, estas mejoras se deben a las medidas implementadas por la Consejería de Bienestar Social. A pesar de que los tiempos de espera siguen siendo superiores a la media estatal, se ha observado una disminución significativa en los plazos de tramitación y en los fallecimientos de personas en lista de espera. El Gobierno canario continúa trabajando para transformar el sistema y garantizar atención efectiva a quienes más lo necesitan.