AESTE ha expresado su preocupación por el riesgo de desprofesionalización de los cuidados en la reciente reforma de la Ley de Dependencia, aprobada el 15 de julio. Aunque reconoce avances como el reconocimiento de servicios sociales como esenciales y la inclusión de nuevos derechos, advierte sobre la falta de claridad en la implementación y financiamiento. La asociación destaca que una mayor dependencia de cuidados no profesionales podría agravar desigualdades de género, ya que más del 80% de los permisos por cuidado recaen en mujeres. AESTE insiste en la necesidad de asegurar una atención profesionalizada y sostenible para garantizar la calidad en los servicios a personas en situación de dependencia.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha expresado su preocupación por el riesgo de desprofesionalización en los cuidados, a raíz de la reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en el Consejo de Ministros, el pasado 15 de julio. Aunque AESTE reconoce que la adaptación de la actual Ley de Dependencia es necesaria y que el nuevo texto introduce derechos y servicios innovadores, también advierte sobre la viabilidad y financiación de estos servicios.
AESTE destaca varios aspectos positivos del anteproyecto, como el reconocimiento de los servicios sociales como esenciales y la consideración de la teleasistencia como un derecho subjetivo para personas en situación de dependencia. Además, se incluyen nuevos servicios que promueven la autonomía personal, así como un impulso hacia la investigación e innovación social.
No obstante, AESTE ha manifestado su inquietud por la falta de claridad en cuanto a la implementación del nuevo marco normativo, especialmente respecto a servicios clave como la asistencia personal y los cuidados en viviendas. La asociación señala que “el texto puede generar expectativas entre los ciudadanos que luego las Comunidades Autónomas no podrán satisfacer a corto o medio plazo; es fundamental recordar que estamos hablando del reconocimiento de derechos”. Para garantizar una correcta puesta en marcha, es esencial que las autonomías estén preparadas para asumir estos nuevos servicios con calidad e intensidad adecuadas.
Por otro lado, AESTE ha planteado dudas sobre algunas nuevas prestaciones. La apertura a nuevas vías de atención podría llevar a una desprofesionalización en los cuidados y acentuar las desigualdades de género. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más del 80% de los permisos por cuidado son solicitados por mujeres. Por lo tanto, una norma que fomente los cuidados no profesionales podría agravar desigualdades ya existentes.
AESTE también ha lamentado que el proceso legislativo no haya incluido un espacio real para el diálogo sectorial. Afirman que “a pesar de haber cumplido con los trámites formales, ha faltado una búsqueda efectiva de consenso con todos los actores involucrados”. Es imperativo establecer un diálogo que garantice tanto la sostenibilidad como una cobertura adecuada para todas las personas en situación de dependencia.
Después de casi dos décadas desde la aprobación inicial de la Ley 39/2006, era urgente una actualización que respondiera a los nuevos desafíos sociales y demográficos. Avances como la promoción de la autonomía personal son valorados positivamente por AESTE; sin embargo, enfatizan que este enfoque debe asegurar una cobertura suficiente basada en cuidados profesionales y con la intensidad necesaria.
El desarrollo efectivo de esta ley debe realizarse con responsabilidad y compromiso hacia un sistema sostenible que permita consolidar servicios adecuados frente a los retos actuales y futuros.
AESTE advierte del riesgo de desprofesionalización de los cuidados debido a la falta de concreción sobre la puesta en marcha de la norma y algunos servicios, como la asistencia personal y los servicios de cuidados en viviendas. Temen que las distintas comunidades autónomas no puedan responder a las expectativas generadas por el nuevo marco legal.
AESTE resalta el reconocimiento de los servicios sociales como esenciales, la consideración de la teleasistencia como un derecho subjetivo, la inclusión de nuevos servicios para la autonomía personal y el impulso a la investigación e innovación social.
AESTE señala que una norma que promueva cuidados no profesionales podría agravar desigualdades estructurales, ya que más del 80% de los permisos y excedencias por cuidado son solicitados por mujeres. Esto podría llevar a una mayor carga sobre ellas sin garantizar atención especializada para personas mayores dependientes.
AESTE sugiere que debe haber un diálogo real con todos los actores del sistema para garantizar sostenibilidad y cobertura efectiva. Además, enfatizan que se necesita asegurar una cobertura suficiente basada en cuidados profesionales de calidad.