El III Congreso Internacional 'Derecho, Derechos y Personas Mayores', organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y HelpAge International España, se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre. Este evento multidisciplinar analizó el derecho a la vivienda en la vejez, abordando temas como accesibilidad, modelos residenciales innovadores y políticas públicas inclusivas. Con más del 20% de la población española mayor de 65 años, se destacó la necesidad urgente de adaptar las políticas habitacionales para garantizar una vivienda digna y accesible. Expertos enfatizaron la importancia de un enfoque interseccional que considere género, discapacidad y ruralidad para combatir la exclusión social. E
El III Congreso Internacional ‘Derecho, Derechos y Personas Mayores’ se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Este evento multidisciplinar reunió a expertos destacados para analizar el crucial tema del derecho a la vivienda de las personas mayores, un desafío social y jurídico que cobra cada vez más relevancia.
Organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDHUV), HelpAge International España y el Grupo de Investigación Derecho, Derechos y Personas Mayores, el congreso contó con el patrocinio de la Editorial Tirant lo Blanch. Durante las jornadas se desarrollaron mesas temáticas que abordaron aspectos como la accesibilidad, modelos residenciales innovadores como el cohousing, hipoteca inversa y cesión de uso, así como la protección jurídica y políticas públicas inclusivas.
Según los datos presentados por los expertos durante el congreso, más del 20% de la población en España es mayor, cifra que podría aumentar hasta un 30% en los próximos años. Este envejecimiento acelerado plantea desafíos significativos para adaptar las políticas habitacionales, garantizando así la dignidad y autonomía de este sector en constante crecimiento. Las problemáticas varían entre áreas urbanas y rurales, pero ambas comparten la necesidad urgente de asegurar una vivienda adecuada, accesible y segura.
En su intervención inaugural, José Javier López Macarro, director de la Red Europea para la Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN-ES), subrayó que el derecho a la vivienda “no solo implica acceso físico, sino también permanencia segura, autónoma y confortable durante las etapas finales de vida”. Además, enfatizó que este derecho debe ser considerado desde una perspectiva integral que contemple factores como género, discapacidad, ruralidad y migración.
La catedrática María Dolores Mas Badía destacó durante su intervención las nuevas formas residenciales que están surgiendo, tales como el cohousing o la hipoteca inversa. Afirmó que “estos modelos pueden fomentar tanto la autonomía económica como social”, aunque advirtió sobre la necesidad de una regulación clara para prevenir abusos o riesgos asociados.
Por otro lado, Chantal Moll de Alba, profesora de Derecho Civil, hizo hincapié en cómo las barreras arquitectónicas y sociales limitan gravemente la autonomía de las personas mayores. Propuso adoptar un diseño universal como norma para facilitar un envejecimiento digno en el hogar.
Cristina Rodríguez-Porrero, presidenta de la Comisión de Longevidad Empoderada y Colaborativa de la PMP, compartió una visión ética sobre el derecho a una vivienda adecuada. Resaltó que este derecho humano esencial debe garantizar condiciones seguras para envejecer dignamente en casa. También abordó cómo las mujeres mayores enfrentan un riesgo elevado debido a brechas salariales históricas y trayectorias laborales fragmentadas.
Además, Rodríguez-Porrero mencionó que la despoblación rural genera dificultades para mantener servicios sociales básicos, lo cual agrava problemas como la soledad no deseada entre los ancianos. En este contexto interseccional es fundamental atender las vulnerabilidades específicas relacionadas con género y discapacidad.
El economista Juan Ángel Lafuente enfatizó en su intervención sobre los retos demográficos actuales. Destacó que “para 2040 más del 30% de nuestra población será mayor”, lo que hace urgente adaptar las políticas habitacionales para asegurar bienestar y autonomía. La discusión también abordó cómo debería considerarse la vivienda como un recurso económico clave dentro del marco de políticas públicas sostenibles.
A medida que se exploraron diferentes enfoques sobre hipotecas inversas y cesiones de uso, se destacó también la necesidad imperiosa de ajustes fiscales que faciliten el acceso a viviendas adecuadas para personas mayores.
El congreso sirvió como plataforma para intercambiar experiencias internacionales destacadas. Se promovieron diálogos entre académicos, administraciones públicas y entidades privadas sobre políticas integrales implementadas en Europa y América Latina. Estas iniciativas buscan armonizar normas jurídicas con políticas sociales efectivas frente al envejecimiento poblacional desde una perspectiva centrada en los derechos humanos.
El evento concluyó afirmando que garantizar un derecho a una vivienda digna es un imperativo social ineludible. Se presentaron varias propuestas concretas:
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20% | Población mayor actual en España |
| 30% | Población mayor esperada en el futuro |
| 2040 | Año en que se proyecta que más del 30% de la población será mayor |
Es un evento que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, donde se abordó el derecho a la vivienda de las personas mayores, reuniendo a expertos en la materia.
Se discutieron temas como accesibilidad, modelos residenciales innovadores (cohousing, hipoteca inversa), protección jurídica y políticas públicas inclusivas para garantizar una vivienda adecuada para las personas mayores.
El derecho a la vivienda es fundamental para asegurar la dignidad y autonomía de las personas mayores, especialmente dado el creciente porcentaje de población mayor en España.
Se propuso eliminar barreras arquitectónicas y sociales, incorporar un enfoque interseccional en políticas públicas, regular modelos residenciales innovadores y desarrollar políticas sostenibles que integren vivienda y servicios sociales.
Se destacó que más del 20% de la población en España es mayor y se espera que esta cifra alcance el 30%, lo que plantea desafíos significativos para las políticas habitacionales.