HelpAge International España ha alertado sobre la vulneración del derecho a la vivienda de las personas mayores, destacando el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años en riesgo de desahucio. La organización subraya que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano esencial y critica que los desahucios no se aborden solo como conflictos económicos. Recuerda que la Constitución española y la Ley 15/2022 exigen proteger a las personas mayores de la exclusión residencial. HelpAge también señala las graves consecuencias que la pérdida de vivienda puede tener en la salud y bienestar de los mayores, especialmente en mujeres con pensiones insuficientes. Se recomienda la paralización inmediata del desahucio y garantizar alternativas habitacionales adecuadas.
HelpAge International España ha manifestado su profunda preocupación ante un nuevo intento de desahucio que afecta a Maricarmen, una mujer de 87 años en situación de vulnerabilidad residencial. Este caso se suma a otros similares, como el de Mariano Ordaz, de 67 años. La organización subraya que el acceso y la permanencia en una vivienda digna son derechos humanos fundamentales y esenciales para garantizar una vida segura y autónoma en la vejez.
Desde HelpAge advierten que los desahucios que afectan a personas mayores no deben ser considerados únicamente como conflictos administrativos o económicos. Estos casos implican una posible vulneración de derechos fundamentales, reconocidos tanto por la legislación española como por los estándares internacionales de derechos humanos.
El derecho a disfrutar de una vivienda adecuada está consagrado en la Constitución española, que establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho e impedir la especulación. Además, el artículo 20 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y no discriminación, exige a las administraciones públicas garantizar políticas habitacionales que prevengan cualquier forma de exclusión residencial, prestando especial atención a las necesidades de las personas más vulnerables. Esta ley también impone la obligación de fomentar políticas que aseguren la autonomía y vida independiente de las personas mayores.
El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) destaca las graves consecuencias que puede acarrear la pérdida del hogar en esta etapa vital. Entre ellas se encuentran el deterioro de la salud física y emocional, la ruptura de redes de apoyo, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida del arraigo comunitario. HelpAge considera que esta exclusión residencial implica una vulneración multidimensional de derechos, estrechamente relacionada con situaciones de pobreza y fragilidad social.
La organización también alerta sobre cómo estas situaciones impactan especialmente a las mujeres mayores, muchas de las cuales cuentan con pensiones insuficientes y han enfrentado desigualdades económicas y laborales a lo largo de sus vidas. La vivienda es más que un simple espacio físico; es el lugar donde las personas mayores desarrollan su vida diaria, mantienen vínculos sociales y ejercen su autonomía. Por ello, es fundamental que las políticas públicas se orienten hacia el envejecimiento digno en comunidad.
Ante esta alarmante situación, HelpAge International España recomienda:
Maricarmen, de 87 años, se encuentra en una situación de vulnerabilidad residencial y está enfrentando un posible nuevo intento de desahucio.
Los desahucios no deben ser tratados solo como conflictos administrativos o económicos, ya que implican una posible vulneración de derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico español y los estándares internacionales de derechos humanos.
La Constitución española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho e impedir la especulación.
La pérdida de vivienda puede llevar al deterioro de la salud física y emocional, ruptura de redes de apoyo, aumento de la soledad no deseada y pérdida de arraigo comunitario.
La exclusión residencial afecta especialmente a las mujeres mayores, muchas de las cuales tienen pensiones insuficientes y han vivido desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de su vida.
Las recomendaciones incluyen: paralizar inmediatamente el desahucio, garantizar alternativas habitacionales adecuadas, aplicar un enfoque de derechos humanos en políticas públicas de vivienda, prevenir la exclusión residencial y proteger el derecho de las personas mayores a permanecer en sus entornos comunitarios.