El Gobierno de España ha aprobado un nuevo real decreto que regula el reconocimiento de entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboran con la Administración General del Estado. Esta norma busca fomentar una acción pública más inclusiva y cercana, estableciendo requisitos para el reconocimiento de estas entidades y ofreciendo beneficios como la simplificación en la solicitud de subvenciones. Además, crea un marco para coordinar la participación de estas organizaciones en situaciones de emergencia, mejorando así la capacidad de respuesta ante crisis sociales. La entrada en vigor del decreto está prevista para el 2 de enero, permitiendo a las entidades interesadas presentar sus solicitudes a través del Ministerio de Derechos Sociales.
El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar una nueva norma que regulará el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboran con la Administración General del Estado. Esta medida busca fomentar una acción pública más cercana, inclusiva y colaborativa.
La normativa establece requisitos específicos para que estas entidades puedan obtener su reconocimiento, además de ofrecer beneficios que simplifican su relación con las administraciones públicas. De esta manera, se responde a una demanda histórica del Tercer Sector.
Asimismo, la nueva regulación crea un marco estable que permitirá coordinar la participación de las entidades en situaciones de emergencia. Esto reforzará la capacidad de respuesta de las administraciones y aprovechará la experiencia del Tercer Sector para atender rápidamente a las personas afectadas.
El Real Decreto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se enmarca dentro de los mandatos establecidos por la ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social. Esta legislación responde a una de las principales demandas del sector durante la última década.
Entre los requisitos estipulados para acceder a este reconocimiento se encuentran: desarrollar actividades de interés general, tener una antigüedad mínima de cinco años y no retribuir a los miembros de los órganos de representación con fondos públicos. Además, es necesario contar con una estructura adecuada y haber obtenido un certificado que avale un sistema de evaluación de calidad.
La norma también establece la creación de una Comisión de Evaluación compuesta por representantes de diez ministerios. Este órgano será responsable de valorar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. La presidencia estará a cargo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Las entidades que logren este reconocimiento podrán acceder a diversas medidas destinadas a fortalecer su sostenibilidad y mejorar su relación con la Administración General del Estado. Estas incluyen la simplificación documental en los procesos para solicitar subvenciones y ayudas públicas, así como la posibilidad de firmar convenios específicos.
Además, contarán con un distintivo oficial que acreditará su condición como entidad colaboradora. La norma proporciona seguridad jurídica y promueve un modelo más participativo en la gobernanza social, reconociendo el valor estratégico que tiene la sociedad civil en colaboración con las instituciones públicas.
El Real Decreto también implementa un sistema riguroso de supervisión y control bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Las entidades reconocidas deberán presentar anualmente un informe sobre sus actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control. Se contempla igualmente un procedimiento para revocar el reconocimiento en caso de incumplimientos o irregularidades detectadas.
Otro aspecto destacado es cómo se regulará la participación activa de estas entidades ante situaciones excepcionales que generen necesidades sociales urgentes, como emergencias climáticas o sanitarias. En tales casos, su intervención se llevará a cabo mediante planes aprobados por la Comisión de Evaluación, mejorando así la coordinación con la Administración General del Estado.
La entrada en vigor del Real Decreto está programada para el 2 de enero. A partir de esa fecha, las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes a través del sitio web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 5 | Años de antigüedad mínima para el reconocimiento de entidad colaboradora. |
| 10 | Número de ministerios en la Comisión de Evaluación. |
| 2 de enero | Fecha de entrada en vigor del real decreto. |
| 13 de julio de 2026 | Fecha del Consejo de Ministros que aprobó la norma. |
El Consejo de Ministros ha aprobado una norma para regular el reconocimiento de entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboren con la Administración General del Estado, con el objetivo de impulsar una acción pública más cercana, inclusiva y colaborativa.
Los requisitos incluyen desarrollar actividades de interés general, tener una antigüedad mínima de cinco años, no retribuir a los miembros de los órganos de representación con cargo a fondos públicos, disponer de estructura y medios suficientes, y haber obtenido un certificado de evaluación de calidad.
Las entidades que obtengan este reconocimiento podrán beneficiarse de medidas como la simplificación documental en solicitudes de subvenciones, la posibilidad de suscribir convenios específicos y el uso de un distintivo oficial que acreditará su condición de entidad colaboradora.
Las entidades deberán presentar anualmente una memoria de actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control. También se contempla un procedimiento para revocar el reconocimiento en caso de incumplimientos o irregularidades.
La entrada en vigor del real decreto está prevista para el 2 de enero. A partir de esa fecha, las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes a través del Ministerio correspondiente.