La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) reclama un pacto de Estado para aplicar de forma efectiva la reforma de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia, con coordinación entre administraciones, recursos suficientes y equidad territorial. En junio de 2026, 142.887 personas seguían esperando una prestación, con un tiempo medio de tramitación de 314 días.
Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado un pacto de Estado para aplicar efectivamente la reforma de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia (LAPAD). La entidad pide que los derechos reconocidos se traduzcan en mejoras reales para las personas mayores y con discapacidad.
La PMP considera que la reforma supone un avance hacia un modelo de cuidados más personalizado, flexible y orientado a la autonomía. Sin embargo, advierte de que su alcance dependerá de su desarrollo y aplicación, y de la capacidad de las administraciones para garantizar en todo el territorio los servicios, profesionales y apoyos necesarios.
La Plataforma valora que la ley establezca que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una de sus reivindicaciones históricas. Para dar estabilidad al sistema, también considera fundamental avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7 % del PIB.
La PMP señala que España ha avanzado: en junio de 2026, más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva del SAAD y la lista de espera se había reducido un 21 % en un año. Aun así, 142.887 personas seguían esperando y el tiempo medio de tramitación era de 314 días. Además, el Índice DEC (Derechos, Economía y Cobertura) indica que el 42 % de la población vive en territorios con servicios sociales débiles o irrelevantes.
Ante estos datos, la Plataforma reclama garantizar la equidad territorial y la igualdad de acceso a servicios y prestaciones, de modo que el lugar de residencia no determine las posibilidades de recibir los cuidados y apoyos necesarios. Para ello, pide coordinación efectiva entre las administraciones, criterios comunes que aseguren niveles adecuados de protección y recursos suficientes para atender las necesidades de cada territorio.
La PMP plantea avanzar hacia un sistema que permita a las personas vivir y envejecer donde decidan, con el mayor control posible sobre su vida, sus relaciones, sus rutinas y su proyecto vital. Considera que necesitar cuidados o apoyos no debe suponer perder capacidad de elección y defiende un modelo centrado en la persona, que respete su dignidad, sus derechos, su voluntad y sus preferencias, y ofrezca alternativas reales para permanecer en el hogar y la comunidad cuando esa sea su decisión.
Pilar Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cuidados de la PMP y de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, ha señalado la importancia de contar con una red de servicios amplia, coordinada y flexible, capaz de ofrecer a cada persona una atención adecuada a sus preferencias y circunstancias.
Rodríguez aboga por reforzar los recursos domiciliarios y de proximidad, sin sustituir la atención residencial, que, según la PMP, debe avanzar hacia un modelo más personalizado, hogareño y conectado con la comunidad.
Aunque el empleo en cuidados ha crecido, se estima que España necesitará 260.000 profesionales más de aquí a 2030 para responder a la demanda. Rodríguez ha defendido ampliar los servicios, reducir la burocracia y facilitar que quienes necesitan apoyos accedan a ellos en un plazo razonable. Según la EPA, el empleo en cuidados aumentó un 8,9 % entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, al pasar de 386.900 a 421.200 puestos. La PMP considera que sigue siendo necesario incorporar profesionales para garantizar una cobertura suficiente.
La Plataforma también reclama plantillas suficientes, formación adecuada, estabilidad y condiciones laborales dignas. Rodríguez ha recordado que la calidad de la atención depende en gran medida de las condiciones laborales de quienes la prestan. En su opinión, mejorar el sistema exige actuar sobre la disponibilidad y capacitación de los profesionales y sus condiciones de trabajo, además de avanzar en igualdad y corresponsabilidad en un sector altamente feminizado.
La PMP considera que la transformación del sistema debe reconocer y apoyar a quienes cuidan, tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Rodríguez ha advertido de que la responsabilidad de los cuidados no debe seguir recayendo en las familias ni mayoritariamente sobre las mujeres, y ha reclamado recursos efectivos para evitar que cuidar implique renunciar a la salud, el empleo o la vida personal.
La Plataforma propone reforzar el apoyo a las familias cuidadoras mediante formación, asesoramiento y recursos de respiro, y repartir la responsabilidad de los cuidados entre los recursos públicos y privados, la comunidad y las familias.
Con la entrada en vigor de la reforma se abre una fase decisiva, según la PMP: convertir los cambios normativos en mejoras concretas. La entidad valora especialmente el refuerzo de la teleasistencia, la asistencia personal y otros servicios de apoyo, así como una mayor flexibilidad para adaptar los cuidados a las necesidades y preferencias de cada persona.
Rodríguez ha indicado que estos cambios pueden facilitar el acceso a apoyos y cuidados pertinentes y continuados, y simplificar algunos trámites. La Plataforma reclama a las comunidades autónomas diligencia y recursos suficientes para hacer efectivos esos avances.
Para comprobar su aplicación, la PMP considera necesario fijar objetivos concretos, indicadores públicos y mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación. Propone tomar como referencias la evolución de las listas de espera, la cobertura, la disponibilidad de profesionales y la calidad de los apoyos, y verificar si la financiación adicional genera mejoras concretas en la atención.
Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, ha sostenido que la aplicación efectiva de la reforma depende de un pacto estatal sobre gobernanza y coordinación interadministrativa que permita simplificar y agilizar los procesos. Según ha añadido, así podrá medirse su alcance en la vida cotidiana y comprobarse si las personas reciben los apoyos a tiempo, cuentan con profesionales suficientes y pueden decidir cómo y dónde vivir y envejecer, sin que la dependencia suponga renunciar a la autonomía, la dignidad o la participación social.
| Indicador | Cifra | Contexto |
|---|---|---|
| Financiación del SAAD a cargo de la Administración General del Estado | 50 % | La ley establece esta obligación, según la noticia. |
| Inversión que reclama la PMP para el sistema | 1,7 % del PIB | La Plataforma la señala como necesaria para dar estabilidad al sistema. |
| Personas que recibían una prestación efectiva del SAAD | Más de 1,7 millones | Dato de junio de 2026. |
| Reducción de la lista de espera | 21 % | En un año, según la noticia. |
| Personas que seguían esperando | 142.887 | Dato referido a junio de 2026. |
| Tiempo medio de tramitación | 314 días | Dato referido a junio de 2026. |
| Población en territorios con servicios sociales débiles o irrelevantes | 42 % | Según el Índice DEC. |
| Profesionales adicionales que necesitaría España | 260.000 | De aquí a 2030, según la estimación citada. |
| Empleo en cuidados | +8,9 % | Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025; pasó de 386.900 a 421.200 puestos, según la EPA. |
La PMP reclama un pacto de Estado para coordinar a las administraciones y hacer efectiva la reforma de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia.
La ley establece la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del sistema. La PMP también considera fundamental avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7 % del PIB.
Según la noticia, 142.887 personas seguían esperando, con un tiempo medio de tramitación de 314 días. En ese mismo mes, más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva.
Se estima que España necesitará 260.000 profesionales más de aquí a 2030.