En Cataluña, entre 2013 y 2017 murieron 11.194 personas mientras esperaban a acceder a una residencia financiada por el erario público. Lo que significa que cada día mueren en Cataluña 7 personas esperando un derecho que tienen reconocido en la Ley de Dependencia. Son cifras oficiales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat conocidas a raíz de una pregunta parlamentaria.
De los más de 11.000 fallecidos esperando una plaza, el 75 % de ellos tenían la valoración de dependencia realizada y un PIA (Plan Individual de Actuación) asignado. El PIA determina la prestación que puede recibir cada persona, en función de una serie de parámetros que analizan la situación de cada una de ellas.
Además, en Cataluña hay en estos momentos 18.438 personas en lista de espera para acceder a una residencia de financiación pública, según los mismos datos oficiales aportados por la Generalitat.
A pesar de las cifras negativas tanto de fallecidos esperando una plaza residencial pública en Cataluña como de la elevada lista de espera para acceder, desde 2016 alrededor de 5.000 personas han podido obtener su plaza, reduciéndose como consecuencia la lista de espera. Pero sigue siendo insuficiente, como explica Cinta Pascual, presidenta de ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales).
Entre las razones que enumera destacan “el largo periodo de tiempo que pasa desde una solicitud de valoración por dependencia hasta la obtención de una plaza pública”, que puede llegar a alcanzar “años”, y “el sobre envejecimiento de la población”. Según diversos estudios, en 2051 el 30 % de la población española tendrá más de 65 años, frente al 18 % actual. Asimismo, los mayores de 85 años representarán una población de 550.000 personas, más del doble que en la actualidad.
Para responder con rapidez reto demográfico que deberá afrontar España en los próximos años, desde ACRA apuestan por la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). Se trata de una prestación económica periódica que se reconoce cuando el acceso a un servicio público o concertado recogido en la Ley de Dependencia no es posible. Una especie de pensión que se calcula en función del grado de dependencia de cada persona, así como de su capacidad económica, y que permite que acceda por su cuenta al derecho reconocido.
En la actualidad, el importe de la PEVS de Grado II, correspondiente al de dependencia severa, asciende a 426 euros mensuales, frente a los 715 euros que reciben los grandes dependientes. Es por esto que desde ACRA invitan a la Generalitat a aumentar la financiación para que suban las cuotas y se pueda desbloquear la situación, máxime en un contexto en el que se calcula que existen 5.000 plazas residenciales libres en Cataluña. Según cálculos de esta Asociación, la inversión en 1.000 plazas de PEVS a 715 euros mensuales supondría un coste de 3,5 millones de euros para las arcas autonómicas, un gasto “claramente inferior” al necesario en la actualidad para un millar de plazas residenciales con financiación pública. “El Govern tiene que ser valiente y hacer que este sea el año de la revalorización de las PEVS”, explica Cinta Pascual. “No tiene ningún sentido que haya 5.000 plazas vacías en el sector, que pueden ser ocupadas con personas que dispongan de una PEVS, mientras existe una considerable lista de espera”, añade.