La CEOE acaba de publicar un informe en el que valora el actual estado de la Ley de Dependencia en España, y donde aprovecha para reclamar mayor protagonismo de las empresas del sector residencial y sociosanitario a la hora de prestar los servicios que contiene la normativa.
En primer lugar, reclama que se concierte un mayor número de plazas con centros privados. También propone un nuevo marco de financiación que adapte “a coste real” las subvenciones que reciben los centros. Para ello, apuesta por un sistema de acreditación que evalúe y puntúe a los centros residenciales en función de parámetros como la cualificación del personal o la calidad que ofrezcan a los usuarios.
Este sistema iría de la mano de la prestación vinculada al servicio, una ayuda económica que recibe el beneficiario para que pueda contratar los servicios con el centro de su elección. Desde la Asociación de Empresas para la Dependencia (AESTE) creen que si las residencias para mayores tienen que competir por atraer usuarios, prestarán servicios de mayor calidad.
En su informe, la CEOE aboga por la profesionalización de los servicios de atención a dependientes, con una clara apuesta por la Atención Centrada en la Persona (ACP). En este sentido, considera que los cuidados por parte de familiares deben restringirse a situaciones excepcionales. También propone apostar con mayor decisión por el fomento de la autonomía personal en la medida de lo posible.
Además, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) propone crear una historia clínica única para cada persona que englobe su información sanitaria y de servicios sociales, con el objetivo de mejorar la capacidad de las empresas e instituciones a la hora de prestar servicios adaptados a las necesidades de cada persona.
Asimismo, la CEOE apuesta por la colaboración público-privada a la hora de cumplir la Ley de Dependencia. En su informe destaca aspectos económicos, organizacionales, laborales, de especialización e I+D como beneficiarios de esta colaboración entre la Administración y el sector privado.
Propone, además, aplicar un IVA del 4 % a los distintos gestores de centros residenciales, frente al 21 % que soportan en la actualidad los centros privados, el 4 % de los centros públicos y el 0 % de las instituciones sin ánimo de lucro. Según datos de AESTE, en España hay 5.375 residencias, con un total de 366.000 plazas; de ellas, 267.000 son de gestión privada y 99.000 públicas.
En su informe, la CEOE destaca que la población mayor de 65 años en España en 2016 era de 8,8 millones de personas, el 18,5 % de la población. En 2021 serán 9,7 millones (19,7 % de la población), y en 2026 se rozarán los 11 millones (21,6 % del total). En paralelo también crecerá el número de mayores de 80 años, desde el 6 % de 2016 hasta el 12,7 % de 2026 (con 6,4 millones de personas para entonces).
Asimismo, el número de personas dependientes en España crecerá, aunque de forma más moderada. En 2015 había alrededor de 400.000 personas esperando a ser reconocidas como dependientes, y por tanto sin recibir su prestación. El número ha bajado ligeramente durante los últimos años, pero todavía hay casi un 25 % de la población total de dependientes sin recibir las cantidades a las que tienen derecho por ley.