Ayuda a dependientes puede tardar más de 400 días en llegar a quienes lo necesitan, según ha denunciado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales tras recabar datos del Imserso correspondientes a los seis primeros meses de 2019.
Así, la media en España para acceder a ayudas a la dependencia asciende a 426 días, alrededor de 14 meses. Y ni siquiera es la peor cifra, ya que en cuatro comunidades autónomas se llegan a alcanzar los 18 meses de espera: un año y medio.
Según la normativa vigente, el plazo máximo para resolver un expediente para otorgar ayudas a la dependencia es de 6 meses, 180 días. Solo lo cumplen Ceuta (70 días), País Vasco (137 días), Navarra (155 días), Melilla (170 días) y Castilla y León (191 días). Por el contrario, hay cuatro comunidades autónomas que superan la media de 425 días: Cataluña (576 días), Andalucía (621 días), Extremadura (675 días) y Canarias (785 días).
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cree que entre las razones para estos retrasos se encuentran “los sucesivos recortes en la financiación de la Ley [de Dependencia]” y “el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes Administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios”.
Respecto a este último punto, la Asociación explica que algunas Comunidades realizan un doble procedimiento encadenado: uno para evaluar el grado de dependencia de la persona y otro para resolver sobre la prestación a la que tiene derecho. En muchas ocasiones, el retraso que existe entre la primera evaluación y la segunda lleva a que algunos beneficiarios hayan visto alterada su propia situación, obligando a una nueva evaluación sobre el grado de dependencia para poder adaptar la prestación a la nueva situación, en un proceso que puede repetirse en bucle en el mejor de los casos, ya que se producen 85 fallecimientos diarios de personas que no han podido ver reconocidos sus derechos a tiempo. Suponen unas 31.000 personas al año en esta situación, ya que el 54 % de los solicitantes de estas ayudas a la dependencia superan los 80 años de edad.
Esta situación mantiene a más de 423.000 personas a la espera de alguna de las evaluaciones necesarias para poder acceder a ayudas a la dependencia. Una cifra que se ha incrementado en 2019 y que lideran Andalucía (123.000 personas esperando) y Cataluña (103.000 personas a la espera).
Quienes sí han podido ver reconocidos sus derechos contenidos en la Ley de Dependencia tampoco tienen una situación mucho mejor a pesar de recibir la prestación. Y es que el importe medio de las ayudas a la dependencia es de 247 euros mensuales. Desglosado, supone una ayuda de 140 euros mensuales para dependientes de Grado I, 245 euros mensuales para los de Grado II y 340 euros mensuales para los de Grado III.
Asimismo, las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEVs) para acceder a algún servicio, como las residencias de mayores, tienen un importe medio de 550 euros mensuales, muy por debajo del coste de una plaza residencial en España. Una plaza en un centro privado ronda los 1.900 euros al mes de media, según Cronoshare.
Por otra parte, la ayuda a domicilio implica en España desde las 17 horas de servicio al mes para dependientes de Grado I, hasta las 35 horas mensuales para los de Grado II o las 54 horas mensuales para los de Grado III.
Hechos y cifras que llevan a la Asociación a “afirmar que la atención a la dependencia derivada de la Ley 39/2006 puede constituir actualmente un cierto apoyo para muchos casos, pero casi nunca una auténtica solución o una mejora para la vida de la gente”. Por lo que propone “paquetes de atención mucho más flexibles, ágiles, adaptables a las necesidades reales de las personas y compatibles entre sí”.
Las prestaciones por dependencia se incrementaron más de un 11 % en abril, de manera que más de 1,3 millones de personas en España ya son beneficiarias de una prestación.
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