El Gobierno destinará 730 millones de euros procedentes de fondos europeos para reformar el sistema de atención a la dependencia, en un plan que se llevará a cabo a través de las Comunidades Autónomas.
Así lo afirmó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde también desveló los planes del Gobierno de reducir en 60.000 personas las listas de espera de dependencia.
El Gobierno repartirá 730,8 millones de euros entre las comunidades autónomas para que pongan en marcha programas orientados a tres objetivos: cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad universal. Para ello, se firmará un convenio con las Comunidades y se creará un mecanismo de coordinación para garantizar la consecución de los objetivos.
Además, se firmarán convenios bilaterales para recoger proyectos concretos que asumirán las Comunidades Autónomas, con evaluación semestral de su consecución. Será tras la firma de estos convenios cuando las Comunidades reciban los fondos, que en total superarán los 3.000 millones de euros hasta 2023.
La distribución no será idéntica entre regiones. Así, Andalucía será la que mayor financiación obtenga, superando en poco el 17 % del total (casi 125 millones de euros). Le siguen Cataluña (15 % y 110 millones) y Madrid (12,8 % y 94 millones de euros). En el extremo contrario Navarra, Cantabria o La Rioja, con alrededor del 1,5 % cada región y cerca de 11 millones de euros, y Ceuta y Melilla, que recibirán algo más de 3,6 millones de euros cada una. La distribución completa está publicada en la web del Imserso.
Con estos fondos, el Gobierno busca desbloquear el sector de atención a la dependencia, impulsarlo cuando más falta hace un sistema fuerte y modernizarlo de cara a las necesidades de un futuro donde España será líder mundial en longevidad. Algo que las Comunidades Autónomas también están impulsando desde sus competencias, con inyecciones de capital y nuevos planes para reformar lo que el sector asistencial lleva años reclamando.