En 2021, alrededor de 45.000 personas han fallecido en la lista de espera de la dependencia, según datos extrapolados a partir de información de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según la patronal, el tiempo de espera medio es de 430 días, lo que provoca que fallezcan alrededor de 130 personas al día, una cada 11 minutos, sin percibir la prestación a la que tienen derecho o incluso a la espera de ser valorados.
En concreto, 26.000 personas fallecieron esperando a cobrar la prestación, mientras que 17.000 murieron sin siquiera haber sido valorados.
Esta situación es lo que se conoce como ‘limbo de la dependencia’, un laberinto causado por cuestiones burocráticas y de organización que ninguna Administración ha logrado atajar, y que condena a las personas a esperar más de un año para ser valorados o, en el caso de haber tenido ‘suerte’ y contar con la valoración, a esperar para empezar a cobrar sus ayudas.
El Gobierno prometió reducir en 60.000 personas la lista de espera de la dependencia, si bien, en 2021, tan solo lo ha hecho en poco más de 26.000 personas. No obstante, han aumentado las personas beneficiarias en 87.701 personas, un 7,2 % más que en 2020. Una buena noticia que no logra eclipsar del todo la necesidad de atajar la lista de espera.
De hecho, si se mira por Comunidades Autónomas, Cataluña, La Rioja y Canarias lideran esta triste lista de personas en lista de espera. En el extremo contrario están Navarra, Ceuta y Castilla y León. Y no todo es cuestión presupuestaria, porque Canarias, Murcia, La Rioja o Cataluña han aumentado sus listas de espera a pesar de haber recibido más fondos para la dependencia.
Las listas de espera no logran bajar lo necesario a pesar de que algunas Comunidades han conseguido incrementar la base de personas que cobran ayudas o han sido valoradas. Es el caso de Comunidad Valenciana, que ha incrementado en un 14,38 % en 2021 el número de personas que cobran prestación. También han crecido Asturias (+14,24 %) y Madrid (+13,59 %), según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
“Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”, destacan en un comunicado. “El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia”, exigen.
¿Será 2022 el año de la justicia para las personas con dependencia?