AESTE, ASADE, CEAPS y la FED han pedido soluciones “viables y sostenibles” ante las dudas que genera en el sector de atención a la dependencia el nuevo modelo de acreditación de centros propuesto por el Gobierno. Así lo han expresado durante su participación en la jornada ‘Los cuidados de calidad para las personas mayores’, organizada por la CEOE en Madrid.
Estas cuatro organizaciones no se cierran a implementar mejoras en la calidad de los centros, pero piden definir objetivos de calidad que tengan en cuenta más factores que el espacio y la cantidad de personal de las instalaciones. Consideran que el sistema planteado encierra dudas y podría agravar problemas como el coste de las plazas, ya que “el cambio de modelo conllevará un aumento del coste de la plaza que muchos [usuarios] no podrán asumir”, explican en un comunicado.
El sistema de acreditación planteado por el Gobierno baraja reducir la cantidad de plazas en residencias de mayores y aumentar la ratio de personal. Pero el sector alerta de la actual carencia de plazas, sobre todo subvencionadas, lo que podría agravarse con centros más pequeños, creando un cuello de botella que expulsaría a muchos usuarios del sistema.
En este sentido, las patronales han pedido que se garantice la libertad de elección por parte del usuario, y han calificado de “discriminatorio” el modelo sugerido por el Gobierno, ya que “beneficia a las personas mayores que viven en las ciudades, en detrimento del medio rural, al limitarse en mayor medida las plazas en los pueblos”.
Asimismo, han pedido mejorar la financiación, en paralelo a cualquier cambio planteado, para contribuir a dignificar la profesión de cuidador, para lo que se necesita “un presupuesto asumible”. Y han pedido simplificar y agilizar los procedimientos burocráticos para acceder a estos servicios, ya que crean un colapso en el sistema y sitúan en más de 438 días de media los que tienen que pasar hasta poder comenzar a utilizarlos, frente a los 180 días que marca la Ley de Dependencia. Una tardanza que no se debe al sector, sino a las administraciones.
Las patronales, eso sí, han pedido seguir defendiendo la colaboración público-privada como palanca “fundamental para alcanzar los objetivos que plantea el Decreto de Acreditación”. “El SAAD no sería sostenible sin esa colaboración”, explican, mientras recalcan que las plazas concertadas o las prestaciones económicas vinculadas al servicio “son parte de la red pública del SAAD y, como tal, son financiadas por las administraciones”.
Por otro lado, demandan que pueda adaptarse el tamaño de las unidades de convivencia a cada espacio residencial y piden que las comunidades autónomas tengan derecho a decidir. Y exigen no convertir las residencias en “hospitales pequeños”, ya que, explican, son “hogares grandes”, pero también reclaman que este posicionamiento no implique dejar sin acceso a la asistencia sanitaria a las personas mayores institucionalizadas, como ha sucedido durante algunos momentos de la pandemia.