La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, en vigor desde 2006, fija que la financiación del sistema debe realizarse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, ese reparto nunca se ha cumplido. La aportación estatal apenas alcanza el 27% en la mayoría de comunidades, lo que genera una brecha que penaliza a los centros residenciales y de día fuera del País Vasco.
El acuerdo con el País Vasco —que sí recibirá la financiación completa del 50%— ha sido considerado por la FED como un acto de “trato de favor” que consagra una política de privilegios territoriales. La desigualdad financiera conlleva diferencias en los servicios ofrecidos, los sueldos del personal y la calidad de la atención a los mayores, generando una “España a distintas velocidades” en materia de cuidados.
La vigencia de la Ley de Desindexación impide que los precios concertados puedan adaptarse al incremento real de los costes, como el alza del IPC, los salarios o la energía. Esta normativa, criticada por todo el sector, ha congelado los ingresos de los centros, mientras que los costes se han disparado. La situación es insostenible para miles de servicios, que operan con márgenes negativos y sin recursos para invertir en mejora de instalaciones o contrataciones.
La FED denuncia que, mientras se mantiene la ley que bloquea la actualización de tarifas, el mismo Gobierno firma un acuerdo que rompe ese techo financiero con una sola comunidad. “Una incoherencia política que castiga a quienes cumplen las reglas del sistema”, señala su presidente, Ignacio Fernández-Cid.
| Comunidad Autónoma | Financiación estatal aproximada | Ajuste de precios concertados |
|---|---|---|
| País Vasco | 50% | Permitido |
| Resto de comunidades (media) | 27% | No permitido (Ley Desindexación) |
| Aportación legal según Ley 39/2006 | 50% | Debería estar garantizada |
Desde la FED se reclaman cuatro medidas inmediatas:
Claridad sobre el acuerdo con el País Vasco.
Aplicación del 50% de financiación al conjunto del país.
Refuerzo del nivel mínimo de protección estatal.
Apertura de un diálogo estructural para abordar los retos de sostenibilidad.
La falta de equidad, el bloqueo normativo y la presión económica están provocando un deterioro estructural del sistema. Las entidades advierten de cierres, despidos y pérdida de calidad si no se revierte la actual política de “cuidados low cost”. La urgencia de una financiación justa, transparente y estable es ahora más crítica que nunca.