El acuerdo bilateral entre el Gobierno central y el País Vasco para otorgar el 50% de financiación al sistema de dependencia en esa comunidad ha encendido todas las alarmas en el sector residencial. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) denuncia que esta medida rompe el principio de igualdad territorial, vulnera la Ley 39/2006 y pone en riesgo la viabilidad económica de miles de centros en el resto del país, que continúan prestando servicios infrafinanciados y sin cobertura suficiente del coste real.