La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha reforzado la inspección y el control de calidad de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Se han contratado servicios para apoyar las labores inspectoras en centros y supervisar la calidad de la ayuda a domicilio, teleasistencia y promoción de la autonomía personal. Estas medidas buscan garantizar que los servicios respondan adecuadamente a las necesidades de las personas en situación de dependencia, asegurando estándares de calidad uniformes en todo el territorio canario. La inversión incluye más de 144.000 euros para un servicio de inspección y casi 300.000 euros para supervisión de calidad, con el objetivo de consolidar un sistema más eficiente y transparente.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha tomado medidas significativas para fortalecer el sistema de inspección y control de calidad de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este refuerzo se materializa a través de la adjudicación de un servicio de apoyo destinado a las labores inspectoras en los centros y otro enfocado en supervisar la calidad de las prestaciones dirigidas a personas en situación de dependencia.
El objetivo principal es garantizar que los servicios ofrecidos no solo cumplan con los requisitos administrativos, sino que también respondan efectivamente a las necesidades reales de las familias. El Gobierno busca asegurar que la calidad sea uniforme en todo el territorio canario, sin que el lugar de residencia influya en el acceso a servicios adecuados.
Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social, subrayó que este contrato permitirá reforzar las actuaciones inspectoras sobre los centros del sistema de dependencia. Esto facilitará comprobar el cumplimiento normativo y los estándares de calidad exigidos en la prestación de servicios.
Concepción Ramírez, directora general de Dependencia, añadió que se busca establecer un sistema continuo de seguimiento para evaluar la calidad de los servicios financiados por la Comunidad Autónoma. “Es fundamental verificar que las prestaciones se ajusten a lo requerido y satisfagan las necesidades de los usuarios”, afirmó Ramírez.
La implementación de estos contratos tiene como finalidad incrementar la calidad del servicio público ofrecido por el Gobierno canario. Se espera que estas medidas permitan aumentar la capacidad técnica para realizar inspecciones y evaluar el funcionamiento adecuado de los recursos disponibles.
Los contratos han sido adjudicados a dos empresas: Creatividad y Tecnología, S.A., encargada del apoyo a las tareas accesorias por un monto superior a 144.000 euros, y ACCINT, responsable del contrato relacionado con la supervisión por casi 300.000 euros. Ambas compañías lograron obtener la mejor puntuación durante el proceso licitatorio gracias a sus ofertas competitivas.
Estas acciones son parte del compromiso continuo del Gobierno canario por mejorar el sistema público de dependencia. Se incorporan herramientas que optimizan la supervisión y evaluación de los recursos financiados por la Administración.
Además, este refuerzo en la inspección se suma a otras iniciativas implementadas durante esta legislatura para agilizar la gestión relacionada con la dependencia, mejorar los tiempos de tramitación y asegurar una atención cada vez más eficaz para las personas dependientes y sus familias.
La Consejería ha reforzado el sistema de inspección y control de calidad de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) mediante la contratación de un servicio de apoyo a las labores inspectoras y otro para supervisar la calidad de las prestaciones.
El objetivo es asegurar que los servicios respondan a las necesidades de las familias y que la calidad sea uniforme en todo el territorio, sin importar el municipio donde residan las personas en situación de dependencia.
El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, han explicado que estas acciones buscan evaluar continuamente la calidad de los servicios y proteger los derechos de las personas usuarias.
El contrato para el apoyo a la inspección tiene un valor de más de 144.000 euros, mientras que el contrato para supervisar la calidad asciende a casi 300.000 euros.
Se espera incrementar la calidad de los servicios ofrecidos por el Gobierno de Canarias, mejorar la capacidad técnica para realizar inspecciones y asegurar que se mantengan los niveles exigidos por la normativa.