En España ya hay más de 1,3 millones de personas que reciben una prestación por dependencia, según datos del Imserso. Solo en abril la cifra creció un 11,2 % respecto a los datos de 2018, lo que demuestra que en España continúa creciendo la dependencia.
El reparto de los nuevos dependientes varía según la comunidad autónoma de que se trate. Así, Aragón es la que ha experimentado un mayor incremento en abril: hasta un 21,3 % respecto al año anterior. Valencia y Madrid se sitúan tras Aragón, con alzas del 18,4 y del 16,9 %, respectivamente, en la cifra de nuevas coberturas en prestaciones por dependencia.
A pesar de que estas Comunidades han experimentado mayores incrementos en la cifra de personas que ya cuentan con cobertura, Castilla y León, País Vasco y Castilla-La Mancha continúan siendo las regiones españolas con mayor número de personas en situación de dependencia, con cifras que oscilan entre el 2,9 % de la población de Euskadi y Castilla-La Mancha, y el 4,1 % de Castilla y León. La media de España es del 2,2 % de la población en situación de dependencia.
Los datos del Imserso muestran también cuál es el tipo de ayuda que con mayor frecuencia reciben estos ciudadanos, y es la que se destina a cuidadores no profesionales (generalmente familiares y mujeres). Suponen 3 de cada 10 ayudas, frente al 18 % que ostentan tanto la teleasistencia como los servicios de ayuda a domicilio, respectivamente.
España es uno de los pocos países que cuentan con una legislación específica para proteger y dotar de ayudas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares. Sin embargo, el estallido de la crisis económica poco después de su aprobación en el Parlamento provocó una ralentización y merma de la concesión de las ayudas previstas, en parte porque la Ley nacía sin un presupuesto concreto asignado.
Debido a ello, muchos expertos critican aún hoy en día que la gestión de la dependencia en España no se está desarrollando como debería, hasta el punto de que un reciente informe de CEAPs calificaba de “caos” la atención a la dependencia en el país y sugería una serie de reformas necesarias para atender con la debida calidad a este grupo de personas que aglutina a las más de 330.000 que, según datos del propio Sistema de Atención a la Dependencia, todavía no recibían una prestación en 2018, a pesar de reunir las condiciones y requisitos para ello.