La eficiencia en las transferencias de pacientes bariatrizados y con movilidad reducida es un factor determinante para la salud laboral en las residencias actuales. La grúa LUNA X5 destaca por su versatilidad técnica, permitiendo elevaciones de hasta 275 kg mediante un sistema de rieles de techo que libera el área de trabajo. Este dispositivo permite adaptar el entorno a perfiles de usuario muy diversos, mejorando la ergonomía del cuidador y la seguridad del residente.

La Global Alliance for the Rights of Older People (GAROP) convoca una Manifestación Mundial por los Derechos de las Personas Mayores del 1 al 7 de febrero de 2026. Activistas y defensores se unirán para exigir a los gobiernos la creación de un tratado internacional que garantice la participación plena de las personas mayores en la sociedad. Durante esta semana, se busca fortalecer los derechos de este grupo vulnerable y asegurar que sus experiencias sean consideradas en el nuevo proceso legislativo. La primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental se llevará a cabo en Ginebra del 18 al 20 de febrero de 2026. .

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la financiación de 35 proyectos innovadores con un presupuesto de 56 millones de euros, destinados a transformar el modelo de cuidados en la comunidad. Esta inversión, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, reafirma al Ministerio como líder en innovación social en España. Los proyectos buscan mejorar la calidad de vida y garantizar derechos fundamentales para las personas, promoviendo la autonomía y el bienestar. Además, se ha presentado la 'Cartera de innovaciones', que recoge aprendizajes de iniciativas anteriores y busca maximizar su impacto. La Plataforma Vidas facilitará la colaboración entre entidades para abordar los retos del cuidado desde una perspectiva innovadora.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado un convenio marco que prioriza los derechos y el bienestar de las personas mayores en las políticas locales. Este acuerdo busca fortalecer la calidad de vida de este colectivo a través de iniciativas en áreas clave como el envejecimiento activo, la soledad no deseada y la accesibilidad. Ambas entidades se comprometen a colaborar en la difusión de buenas prácticas, formación para empleados municipales y establecer un vínculo directo con asociaciones de mayores. Este convenio representa un avance significativo hacia la protección social y dignidad de las personas mayores en España.

El Teléfono Contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores de CONFEMAC ha alcanzado un hito significativo al atender 653 casos en 2025, superando los 3.700 desde su inicio. Este aumento refleja una mayor sensibilización social y la disposición de las comunidades para reportar situaciones de abuso. Andalucía sigue siendo la región con más casos, mientras que Madrid ha visto un notable incremento. El servicio se mantiene activo gracias al compromiso altruista de CONFEMAC, incluso sin financiación específica. Se destaca la importancia de la detección temprana y la necesidad de recursos especializados para abordar el maltrato hacia personas mayores, especialmente en casos de deterioro cognitivo. Con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales para 2026, se espera avanzar en la lucha contra estas vulneraciones de derechos.

La noticia "Espacios y Servicios Amigables con las Personas Mayores" destaca la importancia de crear entornos que mejoren la calidad de vida de los mayores, promoviendo su autonomía y bienestar. Dirigida por expertos en el área, se enfatiza la necesidad de políticas inclusivas que aborden aspectos como vivienda, transporte adaptado y acceso a la cultura. Se presenta un decálogo que incluye estrategias para integrar a las personas mayores en sus comunidades y garantizar su participación activa. Además, se menciona el impacto de la tecnología, como la Inteligencia Artificial, en el bienestar social. La noticia resalta la urgencia de transformar las ciudades para ser más amigables con este colectivo, asegurando que sus derechos sean respetados y promovidos.

María José Segarra, Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, destaca la necesidad de una ley integral que mejore la protección de las personas mayores en España. En una reciente entrevista, aborda los desafíos actuales en la defensa de sus derechos, como el abuso y la negligencia, y la importancia de la autonomía personal. Segarra subraya que la reforma del Código Civil ha permitido un avance significativo al facilitar apoyos sin necesidad de intervención judicial. Además, enfatiza el impacto negativo de la brecha digital en este colectivo y propone políticas públicas que incluyan atención integrada y recursos diversificados. La Fiscalía también juega un papel crucial en prevenir abusos y garantizar que las personas mayores conozcan sus derechos.

El Ministerio de Derechos Sociales ha convocado un Consejo Territorial extraordinario para informar a las Comunidades Autónomas sobre el nuevo decreto ley que establece prestaciones para personas con ELA. Este decreto, que entra en vigor hoy, incluye el Grado III Plus de dependencia extrema, destinado a pacientes con ELA y otras enfermedades neurológicas que requieren cuidados complejos. Las CCAA deben adaptar sus sistemas para ofrecer una prestación de hasta 9.868 euros al mes, con un aporte fijo del Gobierno de 4.930 euros. Además, se destinarán 500 millones de euros al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para garantizar estas nuevas ayudas.

Lares celebrará su XVIII Convención Estatal del 22 al 24 de octubre en el Fórum Evolución de Burgos, bajo el lema “Cuidando con corazón, planificando con visión”. Este evento reunirá a profesionales y entidades para dialogar sobre la sostenibilidad y ética en los cuidados. El programa incluye mesas redondas sobre identidad y sostenibilidad, talleres prácticos y una conferencia inaugural por José Manuel Fresno García. La convención también servirá como un espacio de convivencia y comunidad, reafirmando el compromiso de Lares con los derechos de las personas mayores y la igualdad en el acceso a cuidados.

El Ministerio de Derechos Sociales, ha aprobado la concesión de ayudas directas por un total de 50 millones de euros para fortalecer a entidades del Tercer Sector en España. Estas subvenciones están destinadas a organizaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social, así como a federaciones municipales y comunidades autónomas, incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla. Las ayudas buscan asegurar la financiación necesaria para que estas entidades puedan atender sus necesidades específicas y apoyar su estructura organizativa. Entre los beneficiarios se encuentran Cruz Roja Española, Cáritas y Acción contra el Hambre.

El congreso "Tecnología y personas mayores: el reto de la brecha digital", organizado por Fundación Telefónica y CEOMA, se llevó a cabo en Madrid coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Mayores. Este evento abordó cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de los seniors en entornos tanto rurales como urbanos.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha hecho un llamado en el Día Internacional de las Personas Mayores para implementar políticas públicas y privadas que promuevan la inclusión y combatan el edadismo. Su presidente, José Luis Fernández Santillana, destacó la importancia de reconocer a las personas mayores como una parte activa de la sociedad, abogando por un envejecimiento activo y saludable. CEOMA enfatiza que envejecer con dignidad es un derecho fundamental y que es crucial construir entornos accesibles para todos. La organización busca defender los derechos y la calidad de vida del colectivo mayor, enfrentando desafíos como la soledad no deseada y la falta de recursos.

En España, más de 600.000 personas, principalmente mujeres, trabajan en el sector de los cuidados dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Es urgente mejorar sus condiciones laborales para garantizar un sistema sostenible ante el envejecimiento poblacional. Para más información, visita el enlace completo.

Esta situación mantiene en suspenso la plena aplicación de una norma clave para garantizar la estabilidad, financiación y reconocimiento de las entidades sociales que atienden a millones de personas en situación de vulnerabilidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de más de 375 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar programas de interés social. Esta asignación, que asciende a 375.746.226,25 euros, proviene del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades y representa un aumento de más de 40 millones respecto al año anterior. La distribución se basará en criterios como la población dependiente y el riesgo de pobreza. Las entidades del Tercer Sector podrán beneficiarse de estas subvenciones. Para más detalles, visita el enlace.