A partir del 1 de enero de 2025, entrará en vigor la nueva "cotización adicional de solidaridad" que regula el artículo 19 bis de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Esta medida, que tendrá una aplicación progresiva hasta 2045, mediante el incremento gradual del tipo de cotización, afectará a los empleados con salarios más altos y a sus empresas, ya que se aplicará cuando las retribuciones superen la base máxima de cotización establecida anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE).
En este momento, no conocemos la base máxima de cotización aplicable en 2025. La vigente durante 2024 ha sido de 4.720,50 €.
La novedad consiste en sujetar el exceso salarial por encima de la indicada base máxima a una cotización extra, en un determinado porcentaje en cada uno de los tres tramos diferenciados (5,5% en el 1er tramo, que grava el 10% de exceso; 6% en el 2º tramo, que grava el exceso entre el 10% y el 50%; y 7% en el 3er tramo, que grava el exceso por encima del 50%), repartiendo este incremento de cotización entre empresa y persona trabajadora en la misma proporción que la distribución del tipo de cotización por contingencias comunes, por tanto, correspondiendo el 83,4% de la nueva cotización a la empresa (que es el porcentaje que representa el 23,6% sobre 28,3%) y el 16,6% a cargo de la persona trabajadora (que es la proporción que corresponde al 4,7% sobre 28,3%). No obstante, en 2025, se empezará con un tipo de cotización del 0,92% en el 1er tramo, del 1% en el 2º tramo y del 1,17% en el 3er tramo.
Imaginemos que la base máxima de cotización en 2025 se incrementase un 3,5% con respecto a la cuota de 2024, es decir, pasase a ser de 4.885,72 € mensuales.
Si la persona trabajadora percibiese todo el año, por ejemplo, un mismo salario bruto mensual de 7.500,00 €, con pagas extras prorrateadas, la cuota de solidaridad final que la empresa debería abonar mensualmente durante 2025 (considerando la base máxima de cotización inventada de 4.885,72 € mensuales), sería de 22,41 € (3,75 del 1er tramo + 12,22 del 2º tramo + 6,44 del 3er tramo); mientras que la aportación mensual de la persona trabajadora se situaría en 4,46 € (0,75 del 1er tramo + 2,43 del 2º tramo +1,28 del 3er tramo). Ello supondría un coste anual adicional para la empresa en 2025, en esta simulación, de 268,90 € por trabajador; y una deducción anual de su salario bruto para el trabajador de 53,52 €.
Con esta nueva regulación, se incrementarán gradualmente las cuotas a la Seguridad Social, de forma que, cuando entren en vigor los tipos de cotización previstos del 5,5%, 6% y 7%, supondrá un notable aumento de costes. En el ejemplo propuesto, con estos porcentajes finales, la cuota de solidaridad mensual de la empresa se elevaría a 134,29 € y la de la persona trabajadora a 26,73 €, lo que implicaría un coste anual adicional por este concepto para la empresa de 1.611,48 € por trabajador; y una detracción del salario bruto del trabajador de 320,76 € anuales.
Sin duda, la medida va a suponer para las empresas un progresivo encarecimiento del talento. Los salarios elevados conllevan un gran esfuerzo para muchas organizaciones, que buscan así atraer y retener a las personas más cualificadas y que mayor valor aportan a la organización.
Especialmente en aquellos sectores y empresas que más apuestan por las personas, muchos de ellos estratégicos para el futuro del país (por ejemplo, las empresas tecnológicas), donde el talento es más caro, es frecuente que gran parte de la plantilla se encuentre con salarios superiores a las bases máximas de cotización. En este escenario, el impacto económico de esta subida de las cotizaciones no se limitaría a unas pocas personas trabajadoras de la organización, en posiciones directivas o de mando, sino que podría alcanzar a un colectivo importante de personas trabajadoras, lo que conllevaría un incremento importante de las cotizaciones sociales con graves repercusiones en el futuro.
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