María José Segarra, Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, ha compartido su perspectiva sobre los desafíos y avances en la defensa de los derechos de las personas mayores en España. En una reciente entrevista, abordó temas cruciales como la prevención del abuso, la negligencia, la importancia de la autonomía personal, el impacto de la brecha digital y la necesidad de colaboración institucional.
Segarra enfatiza que uno de los principales retos actuales es el respeto a la dignidad de las personas mayores y la defensa de su autonomía. Según ella, el cambio legislativo introducido en el Código Civil en 2021 ha permitido un avance significativo al reconocer que todos tienen capacidad jurídica, aunque algunos requieran asistencia. Este enfoque busca evitar procedimientos judiciales innecesarios para ayudar a gestionar intereses económicos.
Desafíos en la protección jurídica
La fiscal destacó que desde su implementación, se ha observado una disminución del 4% anual en los procedimientos judiciales relacionados con medidas de apoyo a la capacidad jurídica. Esto refleja una tendencia hacia un modelo más inclusivo donde familiares o amigos pueden ofrecer ayuda sin intervención judicial. Sin embargo, también subrayó que es fundamental diseñar apoyos que respeten la voluntad del individuo y prevenir abusos o conflictos de intereses.
En este contexto, Segarra propuso que las decisiones futuras sobre cómo se gestionan las necesidades de las personas mayores deben incluir mecanismos preventivos como poderes preventivos y autotutelas. Estos instrumentos permitirían a las personas establecer sus deseos antes de perder su capacidad para decidir.
Prevención del maltrato
La Fiscalía también juega un papel clave en la prevención y atención a situaciones de maltrato físico y psicológico. Segarra explicó que existen protocolos establecidos para colaborar con agentes sociales y ONG, lo cual facilita el reporte de posibles abusos. Además, se están implementando medidas para abordar situaciones donde las personas mayores requieren apoyo debido a deterioro cognitivo.
A pesar del aumento en las denuncias durante los últimos años, todavía persiste un alto nivel de infradenuncias entre este grupo poblacional. La fiscal insistió en que es esencial mejorar los circuitos de detección y denuncia para garantizar una respuesta adecuada ante estas vulneraciones.
Propuestas para una Ley Integral
Segarra aboga por una futura Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que reconozca sus necesidades diversas y promueva su autonomía y dignidad. Con un envejecimiento demográfico creciente en España, se estima que cerca del 5% de los mayores requiere asistencia para actividades diarias. Por ello, es crucial crear recursos adaptados a sus realidades cambiantes.
Además, destacó que es necesario aumentar el componente sanitario en residencias y vincular mejor estos recursos con la atención primaria. La brecha digital también fue mencionada como un factor crítico que limita el acceso a servicios esenciales para las personas mayores.
Mecanismos accesibles para denunciar abusos
La Fiscalía ofrece diversos canales accesibles para que las personas mayores puedan denunciar abusos o vulneraciones. Además de acudir físicamente a sus sedes, cuentan con un portal web donde se proporciona información clara sobre sus derechos y cómo actuar si son víctimas de delitos. Este esfuerzo busca facilitar el acceso al sistema judicial para aquellos con discapacidades sensoriales o intelectuales.
Pese a los retos existentes, Segarra reafirma su compromiso por trabajar junto a plataformas dedicadas a la defensa de los derechos de los mayores, destacando la importancia del análisis conjunto sobre problemáticas detectadas por diversas fiscalías.
Preguntas sobre la noticia
¿Cuáles son los principales retos actuales para la protección jurídica de las personas mayores en España, especialmente frente al abuso y la negligencia?
El respeto a la dignidad de las personas mayores, la tutela de sus derechos y, sobre todo, la defensa de su autonomía bajo el prisma de la desjudicialización de la vida, que son objetivos necesarios de toda sociedad avanzada.
¿Cómo actúa la Fiscalía para prevenir y atender situaciones de maltrato, tanto físico como psicológico, en residencias y en el ámbito familiar?
La Fiscalía desarrolla funciones tradicionalmente en el ámbito penal, persiguiendo los delitos de maltrato que se cometan en cualquier ámbito familiar o residencial. Conscientes de que hay un importante nivel de infradenuncias por parte de las personas mayores, dependientes de sus cuidadores o que viven solas, disponemos de protocolos de intervención con los agentes sociales.
¿Qué relevancia puede tener una futura Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores y cómo podría contribuir a mejorar la autonomía y dignidad de este colectivo?
Es una realidad constatada el envejecimiento demográfico de nuestro país. Cualquier reflexión de futuro ha de partir de una mayor concienciación social sobre la importancia del colectivo de mayores, sus necesidades, derechos y preferencias.
¿Qué mecanismos y canales ofrece la Fiscalía para que una persona mayor pueda denunciar abusos o vulneraciones de manera accesible y segura?
La Fiscalía tiene presencia territorial en toda España. Cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal una situación de abuso o vulnerabilidad o un delito. Además, disponemos de un apartado web en la página de la Fiscalía General del Estado que se dirige a todas las personas que no conocen bien el sistema judicial.
¿Hay ya propuestas de fórmulas de colaboración para trabajar conjuntamente con la Plataforma de Mayores y Pensionistas en la defensa y promoción de derechos?
La Plataforma y la Fiscalía son aliados en la defensa de los derechos de las personas mayores. Nos hemos comprometido a desarrollar un apartado específico en nuestra memoria de actuaciones para visibilizar las vulneraciones detectadas.
Si (
No(