ASCAD, la Associació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència, aspira a convertirse en Colegio Profesional para poder reforzar la protección y defensa de los directores de estos centros, que durante la pandemia se han sentido especialmente vulnerables. Las peculiaridades de este puesto, unido a la desidia de las Administraciones, lo están dificultando.
¿Qué es ASCAD?
Es una asociación profesional de personas, no de entidades, al amparo de la Ley de Colegios Profesionales de Cataluña. Somos directores gerentes de centros de atención a la dependencia. Unas 250 personas inscritas con la aspiración de poder constituir, algún día, un colegio profesional de directores de centros de atención a la dependencia, porque creemos que es absolutamente imprescindible. Que no exista es una auténtica torpeza social y política que no deberíamos consentir ni un segundo más.
¿ASCAD solo aglutina a directores? ¿No hay más perfiles directivos?
Tenemos algunos perfiles más de gerencia, pero siempre a título personal y nunca de empresa. Nuestros estatutos se rigen por esa Ley de Colegios.
¿De qué forma está reglado ser director de un centro residencial para mayores? ¿Hay que tener alguna titulación o habilitación específica para serlo?
La normativa actual exige una titulación de grado universitario en el ámbito de la salud o de las ciencias sociales, preferentemente, y, además, como requisito deseable hay una especialización en el ámbito de la atención al mundo residencial, máster en gerontología, etc.
¿Esta disparidad de titulaciones puede contribuir, como barrera, a que no exista ese colegio profesional?
Es lo que argumenta la Administración catalana, por ejemplo: que cada uno de los perfiles ya tiene su colegio, por lo que no se puede hacer uno de diferentes titulaciones.
Pero esta misma Administración ya pensó que sí era necesario y, amparándose en que hace falta una formación específica, hacía falta una vinculación dada la complejidad del sistema, pero no vía colegio profesional, sino como asociación profesional, por ser menos estricta en cuanto a titulación.
Nosotros entendemos que, ya que existen unas funciones propias y otras actividades profesionales anteriores a la Ley que se podían agrupar como colegio profesional, los centros debemos estar bien estructurados, en valor y con una línea de comunicación directa, y no de patronales. Entendemos que, dado que nuestras funciones están delimitadas, aunque no sea por titulación, podríamos habilitarnos como colegio profesional.
Los Colegios son competencia autonómica, por lo que, en caso de que se llegase a crear en Cataluña, quizás en otras Comunidades no existiría. ¿Desde ASCAD también trabajan para que este hipotético colegio llegue a otras regiones?
Entendemos que los colegios deberían hacerse en todas las Comunidades. De hecho, quiero hacer un llamamiento a que, si en cualquier Comunidad tienen capacidad de desbloquear esta situación, que lo activen, porque estamos seguros de que en cuanto una o dos Comunidades que desbloqueen ese tema, será de extensión al resto. Si se pueden hacer dos colegios, se habilitaría la creación de un Consejo General, por lo que aquellas Comunidades sin colegio podrían establecer estatutariamente que hasta que se constituyan, la gente se podría inscribir a ese Consejo.
¿Cuándo nació ASCAD?
Hará 10 años. Somos una asociación altruista, no tenemos cuota, sino donativos o pagos de nuestros bolsillos. Aún no estamos en una fase en la que tengamos una organización más estable, sede o personal administrativo, lo hacemos todo nosotros.
¿Cómo se puede asociar un profesional y qué le aportaría?
Nosotros creemos que el Colegio daría una estructura más sólida con la que podríamos dar más cosas a los asociados. Nosotros estamos al revés: aportamos trabajo para que la asociación crezca. Una fase de generosidad para aportar trabajo, estudios o dictámenes. Indirectamente repercute en todos, pero no ofrecemos seguros o cobertura jurídica porque no tenemos ese nivel de organización. Por eso creemos que es injusto y casi inconstitucional que no tengamos unos servicios y que la gente se tenga que estar buscando la vida a pesar de las circunstancias que hemos vivido. Es una indefensión impropia de un Estado de Derecho.