Considera “manifiestamente mejorable” el acceso al sistema y “mejorable” la calidad de los servicios prestados tanto en residencias como en domicilios.
El Ministerio de Derechos sociales ha dado un tirón de orejas al sistema de atención a la dependencia en su conjunto, a pesar de la responsabilidad de las Administraciones centrales, autonómicas y locales en la materia. En un informe, elaborado por expertos y presentado por el propio Ministerio, considera “manifiestamente mejorable” el acceso de los usuarios al sistema y “mejorable” la calidad asistencial prestada tanto en entornos residenciales como en domicilio.
A pesar de estas valoraciones, el informe subraya reivindicaciones que el sector asistencial sostiene desde hace tiempo. Por un lado, considera insuficiente la cartera de servicios que se ofrece en la actualidad a los usuarios, de la que explica que no responde a las necesidades reales de las personas. Además, aboga por “fórmulas más flexibles” para fomentar la prestación de coberturas en el propio entorno del usuario.
Sin embargo, el estudio también considera insuficiente la intensidad del servicio que reciben los usuarios, especialmente cuando se trata de asistencia en domicilio, y lo vincula a las Prestaciones Vinculadas al Servicio, que también considera “insuficientes”. Las empresas del sector de atención a la dependencia llevan años exigiendo a las Administraciones públicas una revisión de los precios y cuantías precisamente porque aseguran que las cantidades actuales no permiten responder a las necesidades reales de las personas.
Hacia modelos ACP y una nueva evaluación de los centros
El estudio también destaca que casi el 70 % de las personas con dependencia son atendidas exclusivamente por familiares, principalmente mujeres. Y reclama que el modelo por antonomasia sea el de Atención Centrada en la Persona (ACP), lo que exigirá -y así lo piden- cambiar la forma de evaluar a los centros: habrá que centrarse menos en criterios técnicos y más en criterios asistenciales. Es otra reivindicación del sector, que no obstante reclama una mejor financiación para poder incrementar las plantillas y ofrecer mejores cuidados.
El informe también critica la disparidad de reglamentaciones -17, una por cada comunidad autónoma por tratarse de una competencia transferida-, y reclama mayor transparencia sobre las cuotas que abonan los usuarios, cuyas horquillas oscilan de manera considerable entre regiones.
El sector de atención a la dependencia en España
Al respecto del tema económico, el estudio subraya la importancia del sector de atención a la dependencia en España, que supone un gasto del 0,82 % del PIB español (10.000 millones de euros en 2021), con más de 452.000 empleos. El estudio alerta de la necesidad de incrementar la cantidad de profesionales dedicados a este sector para cubrir la demanda esperada en 2040: harán falta 648.000 profesionales, un 50 % más que en la actualidad.
Para ello, reclama “mejorar los salarios y reducir las diferencias salariales por género”, especialmente si se tiene en cuenta que el salario medio fue de 17.407 euros brutos al año en el periodo 2009-2020, lo que equivale a poco más de 1.200 euros netos al mes en 12 pagas o apenas 1.000 euros al mes en 14 pagas, lo que hace poco atractivo fomentar que más jóvenes quieran dedicarse a este sector.
>> El informe completo está disponible en este enlace.
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