Los responsables del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social (Tesorería General, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y Gerencia de Informática), el Banco de España y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han firmado un acuerdo por el que permitirán el acceso combinado e integrado a registros y bases de datos que gestionan, a investigadores que realicen trabajos científicos en bien del interés público.
El acceso a los datos se realizará mediante procedimientos que permitan asegurar en todo momento la confidencialidad de la información, la protección de los datos personales, el respeto de la legislación vigente y el secreto estadístico, garantizando la imposibilidad de identificar directamente a ninguno de los sujetos o unidades cuya información esté contenida en las bases de datos.
De esta manera, la administración española da un salto cualitativo significativo y se sitúa a la altura de los países más avanzados en lo que se refiere a la gestión de los datos públicos, al poner a disposición de los investigadores uno de sus principales activos, los datos, con el fin de que estos se utilicen en proyectos analíticos que puedan informar el proceso de toma de decisiones, así como el diseño e implementación de las políticas públicas.
La reutilización de los datos proporcionados por los ciudadanos, empresas y entidades a las instituciones públicas mediante la realización de trabajos con fines de investigación científica refuerza su valor añadido, contribuyendo significativamente al progreso económico y social de los países. El acceso a información cruzada procedente de bases de datos de distintas instituciones permite, además, maximizar el valor que esa información puede reportar a la investigación.
Asimismo, esta actuación está en línea con el objetivo de la recientemente aprobada Ley europea de gobernanza de datos, pilar clave de la estrategia europea para los datos, que busca aumentar la confianza en el intercambio de estos, fortalecer los mecanismos para aumentar su disponibilidad y superar los obstáculos técnicos a su reutilización para fines que persigan el beneficio de los ciudadanos, como es el caso de la investigación para el interés público.
Operativa de acceso
La operativa del sistema se determinará por una comisión de seguimiento, compuesta por representantes de las instituciones firmantes, que decidirá sobre la viabilidad de las solicitudes de acceso presentadas, así como sobre los procedimientos más eficientes para gestionarlas, teniendo siempre en cuenta que las instituciones involucradas en cada solicitud deberán acordar la cesión de sus datos.
La valoración de cada solicitud analizará aspectos como el interés social de los resultados que se pretenden obtener en la investigación, el perfil, trayectoria y publicaciones científicas del investigador principal y los asociados o el historial de proyectos de investigación de la entidad que avala el proyecto. Dependiendo del régimen de confidencialidad y del marco legal aplicable en cada caso, podría ser necesaria la gestión de la solicitud de acceso a los datos combinados de las distintas instituciones utilizando un centro seguro en alguna de las instituciones firmantes.
La comisión de seguimiento, cuya secretaría corresponde al INE, comenzará sus trabajos de forma inmediata, por lo que el sistema estará plenamente operativo antes de que acabe el primer trimestre de 2024. La publicidad sobre la operativa del sistema de acceso se realizará de la forma más extensiva posible por todas las instituciones firmantes.
Ampliación del acuerdo a otras instituciones
El acuerdo queda abierto para que otras instituciones de la Administración puedan adherirse en el futuro. Esto permitiría incorporar nuevas bases de datos e incrementar el número y tipo de trabajos de investigación que puedan aprovecharse de este sistema en aras del interés público.
Fuente: NdP Ministerio Trabajo y Economía Social 12/02/2024
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