En este sentido hemos enviado cartas al Ministro de Derechos Sociales, a la Directora del IMSERSO, a la presidenta del INE y a los Consejeros/as de todas las CC.AA. preguntando:
- Qué medidas se han adoptado con cada uno de los 1.060 centros residenciales que, estando obligados a aportar los datos solicitados para este Censo, no lo han hecho.
- Qué medidas se piensa adoptar en el futuro para que TODOS los centros residenciales aporten los datos que se les solicite para la elaboración del Censo, o para sancionar a quienes no lo hagan.
- Si se plantea utilizar como referencia para el Censo de Centros Residenciales en los próximos años utilizar la base de centros de la Comunidades Autónomas, a fin de asegurar la fiabilidad de la misma y evitar el bochorno de que más de uno de cada 6 centros no existan como tales, tal y como ha ocurrido en el Censo presentado este mismo año.
Así, el pasado mes de abril, aunque con dos años de retraso, se presentaron, por fin, los resultados del primer CENSO DE CENTROS RESIDENCIALES EN ESPAÑA, promovido por el IMSERSO, en el marco del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales expresamos entonces nuestra perplejidad, cuando el propio Censo reconocía que de la base inicial (8.114 centros) se habían eliminado el 15,8% (1.283), más de uno de cada 6 centros, siendo que todos los centros residenciales de personas mayores o de personas con discapacidad han de estar autorizados para poder funcionar e inscritos en el correspondiente registro de la Comunidad Autónoma.
Nuestra perplejidad aumentó cuando, de los 6.831 centros resultantes, 1.060, el 15,5% de los mismos, simplemente no aportan ninguna información, algo inaudito ya que, según establece el Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2021 del Plan Estadístico Nacional, en el que se contempla el Censo de Centros Residenciales en España, amparándose en la Ley 12/1090, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, establece en su artículo 4º la obligatoriedad de cumplimentación, diciendo literalmente que “los datos para la elaboración de todas las estadísticas incluidas en el Programa anual 2021 se exigirán con carácter obligatorio”.
La consecuencia es que, a pesar de las expectativas generas con ese Censo, seguimos sin datos fiables sobre cuantas RESIDENCIAS PARA MAYORES O PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD HAY EN ESPAÑA, ni cuantas plazas hay en total, y si son o no suficientes para cubrir la necesidad de plazas residenciales.
Esperemos que el IMSERSO no vuelva a tropezar en la misma piedra, porque nos preocupa que el anuncio del nuevo Censo parece indicar que el resultado será, otra vez, un mero estudio incompleto. Algo inadmisible en el marco del Plan Estadístico Nacional, y en unos servicios que actualmente reciben más de 400.000 personas en España, y que dan empleo a más de 200.000 trabajadores/as.
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