Arrancamos una serie de artículos para desgranar el Informe 2018 del Imserso sobre ‘Las personas mayores en España’, recientemente publicado. Y lo hacemos analizando cuánto gasta España en protección a las personas mayores.
La protección social a las personas mayores es un tema de creciente importancia en sociedades envejecidas como las europeas. Y, en España, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el país está llamado a ser el líder global en longevidad. Una condición, o trofeo -ganado a base de buena calidad de vida granjeada durante décadas-, que existe asimismo responsabilidad y un sistema de protección social robusto.
Según el ‘Informe 2018. Las personas mayores en España. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas’, del Imserso (2021), desvela el porcentaje de gasto sobre el PIB que destina cada país europeo a estos fines. En España, en 2016, supuso el 9,7 %, una cifra que permaneció inalterada en 2015 y que retrocedió una décima respecto al año anterior.
La tendencia ha sido positiva desde 1990, cuando se destinó el 7,4 %. Pero es apenas un punto más alta que en 1995 (8,3 %) o 2011 (8,8 %). Esto evidencia, por un lado, un crecimiento demasiado irregular, con frecuentes subidas y bajadas entre años; pero, por otro lado, se observa claramente una tendencia alcista en el periodo analizado, del que se adjunta gráfico.
Financiación de España en protección social a las personas mayores
Sin embargo, estas cifras están por debajo de lo destinado a protección social de los mayores en países de nuestro entorno. Nuestros vecinos inmediatos, Francia y Portugal, destinaron en 2016 un 12,9 y 12 %, respectivamente. El país galo es segundo en una clasificación que lidera Finlandia, con 13,8 % en 2016, mientras que Portugal se mantiene entre el grupo de países que superan la media de la Unión Europea, situada en 10,9 puntos. Esto lleva a evidenciar que España se mantiene por debajo de la media, junto a países como Croacia, Bulgaria, Estonia o Irlanda, pero también, curiosamente, Alemania, situada incluso por debajo de España.
El hecho de que en la Unión Europea no existan criterios únicos a la hora de destinar fondos a la protección de la tercera edad puede explicar estas cifras. El problema de fondo, sin embargo, es que ni siquiera dentro de los propios países existen criterios unívocos, dado que esta materia suele estar delegada en Autoridades locales o regionales, como es el caso de España, sin ir más lejos.
>> Durante los próximos días seguiremos analizando este Informe del Imserso para trazar una imagen certera del sector de la tercera edad y la atención a la dependencia en España.