La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha llevado a cabo una jornada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, donde se abordó la urgencia de aprobar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. Este evento reunió a responsables institucionales, representantes del movimiento asociativo, expertos en el ámbito jurídico y portavoces parlamentarios, centrando su atención en la necesidad de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas.
Durante la apertura del acto, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, subrayó que el proceso hacia la Convención será “complejo” y “largo”, pero instó a todos los actores involucrados a no demorar su aprobación más allá de 2030. Además, advirtió que España no puede permanecer inactiva mientras se negocia este tratado crucial y abogó por el desarrollo interno de una Ley Integral de Derechos para las Personas Mayores.
Compromisos y Avances
La directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril de 2025 la resolución para iniciar la redacción de esta Convención. Destacó que España ha apoyado este proceso desde sus inicios, incluso cuando hubo reticencias en Europa. Sancho enfatizó que la Convención puede ser un “instrumento” para crear una sociedad más igualitaria y justa, garantizando el derecho a envejecer con salud y dignidad.
En su intervención, Nena Georgantzi, directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, contextualizó el proceso como un campo emergente de derechos humanos. Afirmó que el disfrute de derechos disminuye con la edad debido al edadismo, una discriminación socialmente aceptada. Georgantzi destacó que una Convención transforma valores en obligaciones jurídicas y crea herramientas para facilitar la participación y acceso a la justicia.
Papel de la Sociedad Civil
La jornada incluyó mesas redondas donde se discutió el papel crucial de la sociedad civil. El representante de AGE Platform Europe, Ángel Yagüe, vinculó la necesidad de esta Convención a una “transición demográfica sin precedentes” y urgió a combatir el edadismo. La presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, describió la Convención como un cambio paradigmático necesario para abordar las necesidades y derechos de las personas mayores.
Gregorio Saravia, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos, calificó como “urgente” la aprobación del tratado en un momento crítico para los derechos humanos a nivel internacional. También participó Joaquín Pérez Gil-Delgado, quien enfatizó la importancia del empoderamiento social entre las personas mayores para luchar por sus derechos.
Marco Jurídico y Garantías
En otro panel sobre el marco jurídico futuro, María José Segarra, fiscal coordinadora para Personas con Discapacidad y Mayores, indicó que la Convención ofrecería mecanismos necesarios para verificar y evaluar los derechos reconocidos. Por su parte, María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, argumentó que esta Convención sistematizaría derechos y obligaría a medirlos adecuadamente.
Ana María Marcos, catedrática de Filosofía del Derecho, insistió en que reconocer a las personas mayores como sujetos plenos implica abordar su autonomía sin caer en paternalismos. Finalmente, Carlos Ramón Fernández, catedrático de Derecho Internacional Público, señaló que aún no hay un cronograma cerrado para el desarrollo del tratado.
Aval Institucional y Futuro Compromiso
El cierre del evento estuvo marcado por intervenciones diversas desde grupos parlamentarios que manifestaron su apoyo al avance hacia esta futura Convención. Se discutieron aspectos como sostenibilidad financiera e impulso internacional por parte del Grupo Socialista.
Eduardo Ramón Merino de Mena, director de Derechos Humanos del Ministerio Exteriores español, concluyó reafirmando el compromiso continuo del país con los tratados internacionales sobre derechos humanos. A pesar del contexto internacional complejo actual —que incluye falta de financiación en Naciones Unidas— España seguirá trabajando activamente por el desarrollo efectivo de esta Convención.
La jornada organizada por la PMP ha reforzado así el consenso sobre la necesidad urgente de establecer un marco internacional específico que garantice los derechos fundamentales de las personas mayores.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores?
Es un instrumento jurídico que busca garantizar y proteger los derechos de las personas mayores a nivel internacional, promoviendo su dignidad y bienestar.
¿Cuál es el objetivo de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) en relación con esta Convención?
La PMP pide voluntad política para lograr la aprobación de la Convención antes de 2030, instando a todos los actores implicados a trabajar activamente en su desarrollo.
¿Qué papel está desempeñando España en el proceso de redacción de la Convención?
España, a través del IMSERSO, ha apoyado el proceso desde sus inicios y busca ser un líder en el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable.
¿Cuáles son algunos de los desafíos mencionados en la jornada sobre la Convención?
Se mencionaron desafíos como el edadismo, la falta de financiación en Naciones Unidas y reticencias dentro de la Unión Europea que podrían complicar el avance del tratado.
¿Qué importancia tiene la participación de la sociedad civil en este proceso?
La participación de la sociedad civil es crucial para combatir el edadismo y empoderar a las personas mayores, asegurando que sus derechos sean reconocidos y defendidos.
¿Cómo se espera que afecte la Convención a las políticas públicas en España?
Se espera que la Convención permita sistematizar y "blindar" derechos, obligando al Estado a medirlos con datos e indicadores, mejorando así las políticas públicas relacionadas con las personas mayores.
Si (
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