La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha presentado propuestas para modificar la nueva ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente en Defensa del Cliente Financiero para proteger de manera “más eficaz” a las personas mayores.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha presentado propuestas para modificar la nueva ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente en Defensa del Cliente Financiero para proteger de manera “más eficaz” a las personas mayores.
A través de un documento con propuestas plantea mejoras en determinados aspectos de la norma dirigidas a garantizar la inclusión financiera de las personas mayores y con discapacidad, mediante la concreción de medidas esenciales en las que ha de materializarse el principio de prestación personalizada. Igualmente, se plantean mejoras dirigidas a velar por el principio de proporcionalidad y equilibrio entre clientes y entidades financieras.
Para la PMP, “es necesario poner a disposición de las personas consumidoras vulnerables medios de apoyo y asistencia individualizada para el acceso efectivo a la información vinculada a sus finanzas personales, con especial consideración a la edad o la discapacidad como elementos de riesgo de exclusión financiera”.
Finanzas para personas mayores
En opinión de la PMP, es “fundamental” el compromiso de la sociedad para mejorar las capacidades digitales de las personas mayores, que debe discurrir en paralelo a una mejora de las plataformas de acceso a servicios financieros para que sean sencillas y accesibles, tanto para mayores como para personas mayores con discapacidad.
“Cabe destacar que actualmente hay 4,5 millones de personas mayores con más de 75 años que tienen dificultades para acceder a las competencias digitales, por lo que, para la PMP, debe haber un periodo de transición importante para que estas personas no se queden fuera del sistema financiero”, destacan en un comunicado.
La PMP, contra la exclusión financiera de las personas mayores
La Plataforma de Mayores y Pensionistas ha hecho suya la batalla de los mayores para lograr un trato justo por parte de las entidades financieras, y lleva más de un año promoviendo cambios estructurales que permitan a las personas mayores acceder en condiciones adaptadas a sus posibilidades y capacidades a unos servicios que, en muchos casos, ya son totalmente digitales, y que precisamente por ello dejan fuera a este colectivo.
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