El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Imserso, transferirá 783,1 millones de euros a las comunidades autónomas para cofinanciar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 2025. Estos fondos permitirán mejorar la cobertura de servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencias, en un contexto de creciente demanda asistencial.

SoledadES ha presentado un decálogo para que las administraciones públicas de España prevengan la soledad no deseada, un problema que afecta al 20% de la población y genera un coste anual de 14.000 millones de euros. La guía propone políticas transversales y preventivas, destacando la importancia de abordar el aislamiento involuntario desde diversas perspectivas. Durante el evento en Madrid, se discutieron buenas prácticas y se enfatizó la necesidad de colaboración entre entidades locales y sociales. Este esfuerzo busca mitigar el impacto social del aislamiento, especialmente entre jóvenes y personas mayores.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado la creación del Centro Estatal de Innovación Social para la atención a la dependencia y el envejecimiento. Esta nueva entidad pública se propone como motor de formación profesional, investigación aplicada y colaboración intersectorial para transformar el modelo de cuidados en España.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha dado un paso decisivo para modernizar y fortalecer su sistema de protección social. Mediante la aprobación de un nuevo decreto, se reconfigura la estructura del Departament de Drets Socials i Inclusió, con el objetivo de crear un engranaje administrativo más ágil, proactivo y alineado con las complejas necesidades del siglo XXI.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto al de Sanidad, ha anunciado la elaboración de un Real Decreto para mejorar la calidad nutricional de los menús en hospitales y residencias. La normativa busca asegurar una alimentación saludable, justa y sostenible para pacientes y personas mayores, siguiendo el modelo ya aprobado en comedores escolares.

La lista de espera del Sistema de Dependencia en España ha disminuido un 9,4%, lo que equivale a 18.832 personas menos desde marzo de 2024, alcanzando un total de 182.532 en espera. A pesar de este descenso, las solicitudes han aumentado un 5,4%, sumando 2.195.095 en total. Actualmente, 1.533.173 personas reciben prestaciones, lo que representa un incremento del 7,6% respecto al año anterior. El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado el "Panel del SAAD", una herramienta para analizar la evolución del sistema y mejorar la atención a las personas dependientes. La mayoría de los solicitantes son mujeres mayores de 80 años. Aunque se han logrado avances significativos, el tiempo medio de resolución sigue siendo un desafío, con una media actual de 338 días frente a los 457 días en diciembre de 2020.

En un contexto de transformación demográfica, Martínez Bravo reafirma el compromiso por abordar "el reto del envejecimiento" desde el rigor y con servicios públicos de excelencia, impulsando un modelo socio sanitario moderno y sostenible.

El Fondo de Impacto Social (FIS) ha alcanzado el 20% de su dotación, equivalente a casi 80 millones de euros, tras la aprobación de seis operaciones por parte del Comité Interministerial Técnico de Inversiones. Este fondo, gestionado por COFIDES y vinculado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca generar un impacto social y medioambiental positivo en España mientras asegura un retorno económico. Con una dotación total de 400 millones de euros, el FIS es parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del país. Para más información, visita el enlace.

El Gobierno anuncia la creación de una comisión de refuerzo de la dependencia, enmarcada en la Agenda 2030, para impulsar mejoras estructurales en el sistema sociosanitario y garantizar derechos fundamentales a las personas en situación de dependencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizar más derechos y ampliar el catálogo de servicios. Se suprimirá el régimen de incompatibilidades en prestaciones de dependencia y se eliminará el plazo suspensivo para las ayudas económicas. Además, se reconocerán nuevos derechos como la teleasistencia universal y la accesibilidad. La ley también abordará la situación de las personas cuidadoras no profesionales y prohibirá la discriminación en seguros por discapacidad. Con este cambio normativo, el Gobierno pretende asegurar una atención integral y promover la autonomía personal.