El Ministerio de Derechos Sociales ha convocado un Consejo Territorial extraordinario para informar a las Comunidades Autónomas sobre el nuevo decreto ley que establece prestaciones para personas con ELA. Este decreto, que entra en vigor hoy, incluye el Grado III Plus de dependencia extrema, destinado a pacientes con ELA y otras enfermedades neurológicas que requieren cuidados complejos. Las CCAA deben adaptar sus sistemas para ofrecer una prestación de hasta 9.868 euros al mes, con un aporte fijo del Gobierno de 4.930 euros. Además, se destinarán 500 millones de euros al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para garantizar estas nuevas ayudas.

La Comunidad de Madrid ha aumentado a 407,8 millones de euros el presupuesto para prestaciones de dependencia en 2026, con el objetivo de atender a más de 93.000 personas. Este incremento garantiza el pago de ayudas ya concedidas y responde a la nueva demanda de Programas Individuales de Atención (PIAS). Las ayudas se dividen en tres modalidades: cuidados en el entorno familiar, prestación vinculada al servicio y asistencia personal. Además, se prevé un nuevo decreto regional que agilizará el acceso a estas prestaciones y mejorará las ayudas económicas. Actualmente, cerca de 210.000 ciudadanos se benefician del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Madrid.

La Comunidad de Madrid ha comenzado la tramitación de un nuevo decreto de dependencia que incluye más de 30 medidas para mejorar el acceso a las prestaciones del sistema. Este decreto busca reducir los trámites, personalizar la atención y aumentar las ayudas económicas, además de ofrecer apoyo a los cuidadores familiares. Se priorizarán casos urgentes y se reducirán plazos de revisión. También se desarrollará un catálogo de prestaciones domiciliarias y se incrementarán las cuantías para facilitar el acceso a servicios elegidos por los beneficiarios. Actualmente, 203.981 personas reciben asistencia en la región, con un crecimiento significativo en el número de beneficiarios en los últimos años.

emeis ha inaugurado en Vitoria-Gasteiz su nueva residencia Bouco Vitoria Zabalgana, un centro con 134 plazas autorizadas —122 en habitaciones individuales— que refuerza la oferta de cuidados de larga duración en Euskadi. Con esta apertura, la compañía suma su segundo centro en el País Vasco, junto a Bouco Bilbao Zabalbide, y alcanza los 60 centros de mayores en España.

Los conflictos en residencias de personas mayores existen, aunque muchas veces no llegan a judicializarse. Precisamente por eso, la nueva guía impulsada por la Fundación Fernando Pombo y la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid propone aplicar los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como vía estructurada para abordar discrepancias antes de que se conviertan en crisis. Con la Ley Orgánica 1/2025 como telón de fondo, el documento aterriza qué mecanismos usar, en qué casos, y cómo implementarlos en el día a día del sector residencial.

CEOMA y UNESPA han firmado un protocolo de colaboración para promover la formación y atención de las personas mayores en España. Este acuerdo busca sensibilizar sobre buenas prácticas en la atención a la población sénior y ofrecer educación en áreas como salud, seguridad, prevención de riesgos, digitalización y productos financieros. Ambas organizaciones se comprometen a identificar las necesidades de este colectivo y a implementar acciones formativas que mejoren su calidad de vida. La presidenta de UNESPA destaca la importancia de conocer las necesidades de los mayores para desarrollar soluciones efectivas que contribuyan a su bienestar.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destaca la importancia de cuidar a las personas que desean trabajar más allá de la edad legal de jubilación. En el marco del ‘V Mapa de Talento Sénior’ presentado por Fundación MAPFRE, se evidencia un crecimiento significativo del talento sénior en el mercado laboral español. La tasa de actividad de mayores de 55 años ha alcanzado un 52,45%, con un aumento notable en el número de trabajadores séniores activos. A pesar del incremento en el empleo, también se observa un aumento en el desempleo dentro este grupo. Las empresas muestran una apertura creciente hacia la contratación de profesionales mayores, destacando la necesidad de políticas públicas que fomenten su integración y aprovechen su experiencia para enfrentar los retos demográficos y económicos.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha exigido a los poderes públicos garantizar la igualdad y no discriminación hacia las personas mayores, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Su presidente, José Luis Fernández Santillana, destaca la necesidad de una mayor inversión pública para asegurar derechos fundamentales y combatir el edadismo. CEOMA reclama el derecho a cuidados de calidad, atención sanitaria equitativa, vivienda adecuada y participación social activa para los mayores. Además, aboga por proteger el poder adquisitivo de las pensiones ante la inflación. La organización también propone que España lidere la promoción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/ceoma-exige-a-los-poderes-publicos-que-se-garantice-la-igualdad-y-la-no-discriminacion-a-las-personas-mayores/.

El trigésimo aniversario del Pacto de Toledo ha motivado un análisis exhaustivo elaborado por Octavio Granado para el Instituto Santalucía. El informe revisa la evolución del sistema público de pensiones, identifica aciertos y errores en su aplicación y alerta sobre los retos demográficos, financieros y laborales que condicionarán la sostenibilidad futura del modelo español de protección social.

La Comunidad de Madrid ha alcanzado una inversión récord de 130,6 millones de euros para la atención a personas en situación de dependencia. Esta cifra incluye una ampliación de 8 millones de euros en el convenio con el Ayuntamiento de Madrid, lo que representa un incremento del 23% respecto al año anterior. Los fondos se destinarán principalmente al Servicio de Ayuda a Domicilio, beneficiando a más de 25.000 usuarios con 350.000 horas adicionales de apoyo. Además, se financiará la teleasistencia para más de 45.000 personas y la atención en centros de día y residencias municipales. Este esfuerzo conjunto entre administraciones busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos dependientes en la capital.

El informe alerta de una fuerte caída en el número de beneficiarios, recortes presupuestarios en numerosas comunidades autónomas y un aumento de la desigualdad territorial. Los hallazgos apuntan a un debilitamiento de esta red de seguridad esencial para prevenir la pobreza severa.

El último informe del Observatorio para la Dependencia, con datos oficiales actualizados a 30 de septiembre de 2025, muestra un deterioro preocupante del sistema. La lista de espera asciende a 284.020 personas, con un incremento acumulado en el año y con tiempos medios de resolución que superan de forma clara los plazos legales. El documento también recoge miles de fallecimientos sin recibir prestación, evidenciando que la dependencia sigue siendo uno de los grandes retos sociales del país.

CEOMA ha solicitado más profesionales dedicados al cuidado de personas mayores y un mayor reconocimiento social y económico para estos trabajadores. Sabina Camacho, ex presidenta de la entidad, destacó los avances de la nueva Ley de Dependencia, aunque advirtió sobre su insuficiente financiación. En el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, Camacho subrayó la importancia de valorar el esfuerzo físico y emocional que implica esta labor. Además, se mencionó la necesidad de formación continua para cuidadores y un apoyo adecuado a las familias que asumen este rol. José Luís Fernández Santillana, actual presidente de CEOMA, también enfatizó la relevancia de ofrecer capacitación específica para mejorar la calidad del cuidado.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado un pacto de Estado en materia de dependencia para establecer un nuevo modelo público de cuidados que garantice igualdad y sostenibilidad. En el contexto del Día Internacional de los Cuidados, la PMP destaca la importancia de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), que busca mejorar la atención integral y las condiciones laborales de los cuidadores. La organización enfatiza que invertir en dependencia es una oportunidad para crear empleo digno y promover una sociedad más justa. Además, aboga por una mayor corresponsabilidad en los cuidados entre el Estado, empresas y familias.

El informe del Observatorio para la Dependencia revela un alarmante aumento en la lista de espera, que ha crecido en 13.695 personas hasta alcanzar un total de 284.020 a finales de septiembre de 2025. Durante este año, 25.060 personas han fallecido mientras esperaban atención, lo que equivale a 93 muertes diarias. El tiempo medio de espera se ha incrementado a 349 días, superando los 334 días registrados al inicio del año. Este informe destaca la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de la Administración para atender a las personas en situación de dependencia y critica la falta de transparencia en los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales.

El artículo "La imaginaria generosidad de las pensiones no tiene la culpa", escrito por el economista Antonio González, refuta la idea de que las pensiones públicas en España son excesivamente generosas. A través de un análisis encargado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas, se argumenta que el aumento en la Tasa de Reemplazo se debe a factores estadísticos y a la caída de ingresos en ciertos grupos etarios, más que a una mejora real en las pensiones.

La Encuesta FUNCAS 2025 sobre Pensiones y Educación Financiera pone números a una intuición extendida: confiamos en el sistema público, pero no entendemos bien cómo funciona. El dato central es claro: solo uno de cada ocho adultos identifica correctamente de dónde salen los ingresos del sistema y sitúa con acierto la pensión media.

La Comunidad de Madrid ha comenzado la tramitación de la Ley de Calidad y Libre Elección de los Servicios Sociales, con el objetivo de modernizar la atención a los ciudadanos. Esta ley permitirá a los usuarios elegir entre diferentes servicios y entidades, promoviendo la colaboración público-privada. Además, se creará la Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales para supervisar y evaluar la calidad en la atención, garantizando una gestión más eficiente e independiente. La norma busca mejorar las prestaciones del sistema público y facilitar el acceso a servicios adaptados a las necesidades de cada persona.

La Generalitat de Cataluña ha nombrado a Pedro M. Cano Desandes como primer director general de Personas Mayores dentro del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión. El paso consolida una estructura específica para las políticas de envejecimiento y cuidados de larga duración, con un perfil profesional de origen sanitario y experiencia directiva en innovación y atención integrada.

A partir del 1 de enero de 2026, la base reguladora de la pensión de jubilación en España podrá calcularse mediante dos métodos: el vigente que suma los últimos 25 años cotizados o una nueva fórmula que amplía progresivamente el periodo de cómputo hasta 29 años y descarta los dos peores años. Este sistema dual, aprobado por el Real Decreto‑ley 2/2023, busca equidad, sostenibilidad y suficiencia, beneficiando especialmente a quienes tuvieron carreras irregulares.

La Junta de Andalucía ha destinado 1,8 millones de euros a la construcción de una nueva residencia para mayores en San Roque, Cádiz. Esta inversión proviene de los Fondos Europeos Next Generation y busca implementar un modelo de atención centrado en la persona. La consejera Loles López destacó la importancia de transformar las residencias en espacios que se sientan como hogar para los mayores. Además, se anunció la creación de 6,885 nuevas plazas en centros residenciales y de día para atender el creciente número de personas mayores en situación de dependencia en la comunidad. Para más información, visita el enlace.

La Comunidad de Madrid ha lanzado un nuevo Plan de Envejecimiento Activo que incluye más de 100 medidas y un presupuesto anual de 400 millones de euros. Presentado por la consejera Ana Dávila, el plan busca promover un envejecimiento saludable y activo para los mayores de 60 años, destacando la creación del Carnet Senior, que se conectará a una plataforma digital. Este carnet facilitará el acceso a servicios y recursos, así como la implementación de iniciativas sociales y comerciales dirigidas a este grupo etario. Además, se ampliarán cursos y talleres sobre diversos temas relevantes para los mayores y se establecerán programas de voluntariado intergeneracional.

El IMSERSO inicia una nueva temporada de turismo para pensionistas con rentas bajas, ofreciendo más de 7.400 plazas a solo 50 euros. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a viajes para quienes reciben prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas. A partir del 6 y 8 de octubre, los pensionistas podrán reservar sus viajes para la temporada 2025-2026, que incluye la posibilidad de viajar con mascotas. Este programa no solo promueve un envejecimiento activo y la socialización entre mayores, sino que también contribuye al empleo y a la economía turística del país.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, ha destacado la reciente entrada en vigor de una Orden que establece la tramitación preferente del reconocimiento de la dependencia para grupos vulnerables. Durante su visita al centro residencial para mayores Bouco en Aljaraque, López subrayó que esta medida beneficiará a menores de 14 años, personas mayores de 90 y aquellos con enfermedades graves como ELA.

El análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre los presupuestos para 2025 alerta de que la inversión prevista en políticas sociales está lejos de responder a las necesidades reales de la población. Pese a un ligero incremento, las partidas destinadas a dependencia, inclusión y servicios sociales continúan siendo insuficientes para garantizar derechos universales.

El Informe 2025 sobre los Servicios Sociales en España, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes, ofrece una visión crítica de la situación actual del sector. El documento subraya que, pese a algunos avances, persisten graves déficits de financiación, desigualdad territorial y precariedad en la atención de proximidad.

El Pensiómetro del Instituto Santalucía correspondiente al segundo trimestre de 2025 ofrece una radiografía precisa de la situación actual del sistema público de pensiones en España. El informe confirma una tendencia al alza en el gasto y una presión creciente derivada del envejecimiento poblacional, la baja natalidad y las jubilaciones masivas de la generación del baby boom.

El XXXII Congreso Anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (AEDYGSS) ha reunido a expertos de toda España para analizar los retos del sistema de servicios sociales. La cita se centró en la necesidad de un cambio estructural que garantice derechos, equidad y sostenibilidad, con la mirada puesta en la atención a las personas más vulnerables.

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un hito histórico al atender a más de 200.000 personas en su sistema público de dependencia, con un total de 200.236 beneficiarios, lo que representa un aumento de 29.154 en los últimos dos años. Este crecimiento se traduce en aproximadamente 1.100 nuevos beneficiarios mensuales. La región ofrece 280.509 recursos, incluyendo ayudas económicas y asistencia en domicilio, y ha mejorado la cobertura del servicio de teleasistencia avanzada. Además, se han superado las 65.000 plazas de atención especializada, consolidando a Madrid como líder en prestaciones económicas y servicios para la promoción de la autonomía personal. Para más información, visita el enlace.

Esta medida busca reforzar la seguridad jurídica, garantizar la equidad y evitar arbitrariedades en la participación económica de las personas usuarias.

El Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) ha gestionado más de 3 millones de llamadas en el primer semestre de 2025, con un promedio diario de 17.000. Este servicio, que apoya a 273.935 personas, ha sido fundamental para combatir la soledad y el aislamiento social, con más de 1,2 millones de llamadas realizadas por usuarios a través de dispositivos de teleasistencia. Además, se han implementado innovaciones tecnológicas como un software integral y sensores en domicilios para mejorar la atención personalizada. Desde su creación en 2002, el SAT ha atendido más de 103 millones de llamadas. Para más información, visita la página web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

La Fundación IDIS ha presentado el primer Observatorio de Salud Bucodental en España, un informe que ofrece una visión integral sobre la situación de la salud oral en nuestro país. El estudio pone de manifiesto la escasa cobertura pública, las desigualdades socioeconómicas en el acceso a tratamientos, y la necesidad urgente de integrar la salud bucodental en las estrategias de salud general.

El Real Decreto 615/2007 creó un régimen especial en la Seguridad Social para personas que cuidan a familiares dependientes en el hogar. Este sistema permite a los cuidadores no profesionales cotizar con bases reducidas y acceder a prestaciones por jubilación, incapacidad o asistencia sanitaria, garantizando su protección social mientras atienden a un ser querido.

Andalucía destina el doble de fondos que el Gobierno de España para financiar la dependencia en 2025, invirtiendo 1.587 millones de euros frente a los 743 millones del gobierno central. Esto representa el 68,09% del sistema de dependencia en la comunidad, con un total de financiación que asciende a 2.331 millones. La inversión por persona atendida es de 7.696,35 euros, superando la media nacional y reflejando un incremento del 29,56% desde 2018. Andalucía cuenta con cifras récord de beneficiarios y prestaciones, destacándose como el mayor sistema de dependencia en España. Desde 2019, la Junta ha invertido 8.742 millones, mientras que el Gobierno español solo ha aportado 3.705 millones, generando una deuda de 5.037 millones con Andalucía por no cumplir su obligación de financiamiento.

AESTE ha expresado su preocupación por el riesgo de desprofesionalización de los cuidados en la reciente reforma de la Ley de Dependencia, aprobada el 15 de julio. Aunque reconoce avances como el reconocimiento de servicios sociales como esenciales y la inclusión de nuevos derechos, advierte sobre la falta de claridad en la implementación y financiamiento. La asociación destaca que una mayor dependencia de cuidados no profesionales podría agravar desigualdades de género, ya que más del 80% de los permisos por cuidado recaen en mujeres. AESTE insiste en la necesidad de asegurar una atención profesionalizada y sostenible para garantizar la calidad en los servicios a personas en situación de dependencia.

La Comunidad de Madrid ha comenzado a enviar SMS a los solicitantes del reconocimiento de la situación de dependencia para informarles sobre el estado de sus expedientes. Esta iniciativa busca agilizar el proceso de valoración y resolución de prestaciones, como el Programa Individual de Atención (PIA). La consejera Ana Dávila destacó que los mensajes, enviados desde el remitente C.MADRID DEPENDENCIA, notificarán sobre la necesidad de documentación adicional y otros aspectos relevantes del expediente. Aunque se enviarán cartas oficiales con detalles, los SMS permitirán a los beneficiarios preparar la documentación necesaria con antelación. Para más información, pueden contactar al Servicio 012 Dependencia.

Loles López, consejera de Inclusión Social en Andalucía, critica el trato del presidente Pedro Sánchez hacia los dependientes andaluces, exigiendo una financiación equitativa similar a la que recibe el País Vasco. Durante una comisión, López instó al PSOE andaluz a priorizar los intereses de Andalucía y destacó las mejoras en el sistema de dependencia impulsadas por el Gobierno andaluz, que ha superado las 450.000 prestaciones. Además, señaló que la Junta destina el doble a dependencia en comparación con el Gobierno central, reclamando justicia financiera para los dependientes andaluces.

Un estudio conjunto del CSIC y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología examina el perfil, la carga y las necesidades de los cuidadores familiares de personas mayores dependientes. Los resultados ponen de manifiesto la alta dedicación de estos profesionales no remunerados y reclaman mejoras en formación, servicios de relevo y apoyo emocional.